Por: Vicente Bello.
El conflicto entre el gobierno y los maestros no solo continúa, sino que se agudiza. Ayer, en Chilpancingo, los profesores movilizados quemaron parcialmente un edificio principal de la Secretaría de Educación del estado de Guerrero; en tanto, en Chiapas, la confrontación entre profesores y policías federales y estatales ya provocó luchas cuerpo a cuerpo, hay heridos y la sangre ya brotó.
Y en la Ciudad de México, la movilización de mentores de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca no cede.
Ellos, con su movilización histórica, de mucha resistencia, exigen al gobierno de Enrique Peña Nieto que anule la reforma educativa que aprobaron a matacaballo el PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal en diciembre de 2012 y en agosto de 2013, y que acepte el Gobierno un diálogo sobre la reforma educativa que nunca ha tenido con ellos.
Ayer, jueves 9 de junio, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, volvió a responder en el mismo tono tosco a la exigencia magisterial: Que regresen a las aulas y que acepten la reforma educativa; entonces –sentenció el titular de la SEP- el Gobierno aceptará dialogar con los maestros.
Aurelio Nuño dijo: “Se lo digo a la Coordinadora (CNTE): Nosotros estaremos con mucho gusto dispuestos al diálogo y a escuchar sus inquietudes; pero para que eso suceda tienen que cumplir con dos cosas fundamentales: La primera, regresar a las aulas y que 100 por ciento de los niños estén en sus escuelas y no los tengan sin clases, porque eso es absolutamente inadmisible; segundo, tienen que aceptar la existencia de la reforma educativa y cumplir con la Constitución, porque esa es la obligación y el deber que tenemos todos los mexicanos”.
Por enésima ocasión, Nuño Mayer afincaba su posición de sátrapa sobre el argumento de que los profesores movilizados deben cumplir con la Constitución y las leyes educativas, refiriéndose, primero, a la reforma constitucional que aprobaron diputados federales del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y Pvem, aquel 19 de diciembre de 2012, y los senadores de esos mismos cinco partidos políticos, un día después, el 20.
Y, segundo, se refería a las reformas a la Ley General de Educación y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que esos mismos partidos políticos aprobaron el miércoles 21 y 22 de agosto de 2013.
Primero los diputados y luego los senadores, muy apresuradamente y a salto de mata, fuera de sus sedes, luego de que el magisterio movilizado sitió las cámaras de Diputados y de Senadores, obligándolos a sesionar de noche y madrugada en uno de los auditorios del Centro Empresarial Expo Banamex.
Lo que llama la atención ahora es cómo el gobierno de Peña, en voz de Aurelio Nuño, invoca tanto a la Constitución, para que los maestros la acaten, cuando fueron la misma SEP y aquella mayoría legislativa los que pisotearon, violaron, ensuciaron y se carcajearon de todas las leyes y procedimientos legislativos, a la hora de aprobar reformas que ahora sirven de basamento al titular de la SEP para amenazar y reprimir a los maestros.
Un procedimiento legislativo sucio hasta las cachas, donde el PRI hizo gala de una ponzoña cuyo veneno lacera al magisterio tres años y medio después. Esa misma intencionalidad fue practicada por el partido en el gobierno cuando aprobó leyes como la energética.
En paralelo a su posición de marro, Aurelio Nuño Mayer ahora insiste en decir que ya hay casi 5 mil profesores dados de baja, por haber faltado a sus centros laborales más de tres días; condición, regla administrativa, por cierto, impuesta en la reforma de marras, a contrapelo de uno de los derechos sociales que forjó el Constituyente de 1917: El derecho del trabajador a defenderse de las arbitrariedades del patrón, que en este caso particular son más que muchas.
La SEP no solo ha sido arbitraria en este sexenio, con gran sevicia, sino que también ha pretendido a cada instante humillar, patearles la dignidad de seres humanos a los maestros y maestras.
Nuño, desde que llegó a la titularidad de la secretaría, ha hecho gala de tener en sus entrañas mucha mala leche. Mucha ponzoña. Es burlón. Es autoritario. Es un déspota absoluto.
La noche del 21 de agosto de 2013, en el Centro Banamex, desde su impotencia ante la aplanadora legislativa conformada por el PRI, la diputada opositora Aída Fabiola Valencia decía en la improvisada tribuna: “Primero quiero decirles que los profesores no son vándalos. Mi padre y mi hermana son profesores y se desprenden de sus sueldos para pagar los materiales en sus escuelas. No son vándalos cuando vienen a exigir respeto a sus derechos”.
Y restregaba a la vociferante y deshumanizada mayoría: “Por eso les voy a exigir a quienes han llamado vándalos a los profesores que tengan respeto, que no se expresen así, que no sean tan despectivos porque no saben lo que es vivir en una comunidad rural, no han caminado para nada en esas escuelas unitarias, no han caminado donde prevalece el bilingüismo. Qué pena que se piense así de la gente que se expresa diferente o que piensa diferente a ustedes”.
Pero ya estaba decidido todo: Votarían para aprobar unas leyes que ni ellos, los aprobantes (PRI, PAN, Panal, PVEM, y aquí el PRD se desmarcaba para guardar las apariencias), habían siquiera leído, ya no el cuerpo del dictamen, sino la carátula. Y ahora exige este mismo gobierno, el de Peña, que respeten las leyes “que nos
hemos dado”…
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















