Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
En México tanto el manejo los recursos públicos como el de su aplicación, son monopolio del Gobierno Federal. En esencia, el actual régimen de participaciones federales tiene el propósito de legitimar ese estado de cosas, más que buscar el bienestar de los habitantes de los estados y municipios.
Hasta 1982 la Presidencia de la República logró ejercer un efectivo control de las entidades federativas y los municipios, por medio de dos mecanismos fundamentales: el poder presidencial para decidir quiénes serían los candidatos priistas a gobernadores, senadores y diputados federales y los brazos operadores del Presidente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Gobernación (SG). Hoy la historia se repite.
La SHCP mediante el esquema de participantes federales asegura la docilidad política de los gobernadores estatales de todos los partidos; una política pública que ha recibido por la retórica federal el elegante nombre de “desarrollo regional”. En el otro lado del control están la SG y paradójicamente hoy la Secretaría de Educación para premiar, castigar y reprimir a los actores locales, incluidos los propios gobiernos, que decidan alejarse de las directrices impuestas desde el centro.
Invariablemente, si los recursos federales y la negociación política fallan entra en operación el efectivo aparato represor del Estado, la Secretaría de Gobernación en su área de seguridad pública y la Secretaría de Educación mediante los mecanismos de control laboral magisterial.
A pesar del presidencialismo, o más bien gracias a él, estas tres secretarías de Estado, hoy concentran un enorme poder político. El caso mexicano confirma que quien elabora los diagnósticos y quien materializa las grandes decisiones, puede ejercer más poder que el líder político que las toma. En el marco de una expansión compulsiva e incontrolada del Sector Público Federal, la Presidencia de la República acabó convertida en un rehén de su propia burocracia, SHCP-SG-SEP.
Sin embargo, la Presidencia mantiene control sobre la distribución de los recursos públicos. Aunque ha perdido mucha de su efectividad, al quedar desasociado de otros recursos políticos, ese poder es muy importante. Dada su efectividad, ha sido aplicado en detrimento tanto del gobierno de la Ciudad de México (hay que ver la distribución de asientos en el constituyente de la Ciudad) como de otros gobiernos locales de oposición y no se diga de los Ayuntamientos a los que se les quiere quitar la función de seguridad pública.
Simultáneamente, han sido evidentes los esfuerzos por desacreditar a los oponentes políticos utilizando las facultades formales o escritas de la presidencia derivadas de la ley. La Presidencia de la República ha influido notablemente sobre el destino de los recursos públicos, pero no por ello deberíamos olvidar que el diseño, implantación y evaluación de la política económica del país ha sido y es responsabilidad de la SHCP.
Por ello, frente a la caída electoral del PRI en las pasadas elecciones, la confrontación entre los titulares de estas tres secretarias tendrá consecuencias en un mayor debilitamiento, mayor aún de lo que las encuestas señalan, de Enrique Peña Nieto como cabeza política del sector social y económico que lo apoya y un crecimiento de la figuras de Acción Nacional en el predeterminado sistema bipartidista mexicano que hace muy feliz a los poderes fácticos internos y externos.
¿Y la izquierda? La izquierda bien gracias, no tendrá más que asumir la vieja receta del líder autoritario y carismático, destinado a no ganar por sus propias boberías y cuya popularidad está por encima de las mezquindades tradicionales que se aplacan con cargos públicos.
Fuente: Sdpnoticias.com
















