Por: Vicente Bello.
En curso hacia la medianoche, aquella asamblea de la Cámara de Diputados dominada por el PRI y Pvem sostenían a las 21:40 horas lo que los senadores habían aprobado la noche anterior, cuando en la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas estipularon que los empresarios –y aun sus trabajadores- deban entregar declaraciones patrimoniales,
fiscales y de intereses cada que una empresa vaya a tener alguna relación con los recursos públicos en cualesquiera de los tres niveles: El federal, estatal y el municipal.
Todo el jueves 16 de junio, en los territorios de la Cámara de Diputados, los opositores al PRI y al Pvem conjeturaban que este “descontón” de los senadores a los empresarios había sido por venganza del partido en el poder por la pérdida electoral que tuvo el 5 de junio reciente, luego de que empresarios en distintas partes del país trabajaron para que los candidatos del PRI y el Verde perdieran.
A las 9:25 de la noche, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, en nombre del PAN, decía en la tribuna cuando reservaba el artículo 32 de la ley de marras, para una votación en lo particular: “¿Cuál es el objeto de la Ley 3de3? Mejorar los instrumentos de medición de rendición de cuentas para combatir la corrupción e impunidad”.
Una corrupción, insistía la panista, “que es tan grave en México que 630 mil personas presentaron una iniciativa (la 3de3)”.
Murguía criticó entonces el cambio súbito que sembraron la noche anterior en la ley los senadores del PRI y Pvem. Es inadmisible, absurdo, decía la diputada panista, que obliguen a particulares a presentar declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses como si fueran funcionarios públicos.
Y advertía la legisladora que así como quedó redactado el artículo 32, por parte del PRI y Pvem, “la redacción ha quedado deficiente, ambigua, porque quedarían obligados a presentar esas declaraciones cualquier trabajador sin distinción de su nivel jerárquico en la empresa (relacionada con recursos públicos); también los directivos, el personal de limpieza, los subcontratistas, incluso los becarios, los adultos mayores, los prestadores de servicios sociales, los beneficiarios de programas sociales”.
Tanta sevicia, tanta mala leche, vio la diputada panista en la reforma que hizo el PRI y Pvem, que en el artículo 33, decía la legisladora, “obligan a particulares que deben presentar las tres declaraciones al inicio y al final de la relación (económica) con cualesquiera de niveles de gobierno”.
En torno del 32 hubo otras reservas. Como la que presentó Rosario Buendía, diputada de Morena, quien daba un pescozón al PAN, así: “Para que haya un corrupto, se necesita un gran corruptor”. Y se fue sobre los empresarios, a quienes tildó de hipócritas muchos de ellos, porque la promueven. Y la promueven incluso apoyando a candidatos corruptos.
“Muchos de estos corruptos están sentados aquí, y recibieron recursos a cambio de que les permitieran posteriormente hacer jugosos negocios”, dijo a un priísmo y panismo silenciado.
Y les volvía a restregar: “Los empresarios, que ahora se quejan, callaron ante actos de corrupción en las elecciones, como aquel ‘haiga sido como haiga sido”… Y esto se los decía a quienes apoyaron a Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN a la Presidencia en 2006.
Y remachaba la de Morena: “Invito a los empresarios a que presenten su 3de3, a que paguen sus impuestos correspondientes, y sin que pidan devoluciones indebidas y que no paguen ya moches (a políticos corruptos), y se comprometan también a conservar el medio ambiente a través de sus empresas”.
Muchas, muchísimas cosas se dijeron todo el día, a propósito de la corrupción, el tema de una reforma que comenzó desde diciembre de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional pretendidamente combatidora de la corrupción.
En mayo de 2015, las dos Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la reforma constitucional aquella, en la que ordenaron la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual habría que sustentarlo con una buena tanda de leyes secundarias.
Tan luego la reforma constitucional fue avalada por los congresos estatales y promulgada por el Ejecutivo federal, las cámaras se abrieron en espera de las propuestas de iniciativas de leyes secundarias del Ejecutivo federal.
El Senado recibió la mayoría: Un manojo de 10 reformas conocidas como la Miscelánea Penal, y otra media docena de iniciativas que servirán de esqueleto para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción.
En tanto, la Cámara de Diputados sería cámara de origen de dos iniciativas cuando menos, relacionadas con el tema de los ingresos y los egresos.
Precisamente este lunes, martes y miércoles, el Senado aprobó la Miscelánea Penal y estas que anoche, la Cámara de Diputados refrendó:
La estructura jurídica del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción será sostenida por las siguientes siete leyes.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas (la 3de3, que el Senado dejó en “dos que tres”, ironizaban opositores), Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Reformas al Código Penal Federal, y Ley de Fiscalía General de la República, con fines de creación de la Fiscalía Anticorrupción.
En todas, absolutamente, la oposición al PRI y al Pvem aseguraron que la manera de combatir la corrupción era una burla, una simulación. Pero donde más los priístas y pvemistas abusaron, fue en esta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se incluyeron las propuestas que 634 mil ciudadanos presentaron bajo la figura de Iniciativa Ciudadana.
Misma en la que plantearon que los servidores públicos debían presentar tres declaraciones: Patrimonial, fiscal y de intereses.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















