Por: Redacción.
Naciones Unidas instó el domingo a México a poner en marcha una institución nacional autónoma de peritos y forenses imparciales que supere las “limitaciones” que tienen en la actualidad estos servicios para documentar la tortura y para salvaguardar los derechos de las víctimas.
En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
instó a que esta nueva institución la conformen peritos “profesionales, independientes e imparciales” con el fin de que puedan garantizar el éxito del nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor este mes así como la investigación “rigurosa” de cualquier acto de tortura.
La ONU aprovechó la celebración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura para reiterar la necesidad de excluir toda prueba obtenida bajo tortura y de sancionar a los responsables de tales prácticas como única vía para llegar a una “justicia verdadera y no simulada”.
En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la ONU-DH en México saludó además “la plena entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal”.
Ello porque su “efectiva implementación supone un gran avance en el respeto a los principios del debido proceso y una oportunidad histórica para erradicar la tortura y proteger los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos”.
La pasada semana México culminó la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entre otros aspectos garantiza la presunción de inocencia y está basado en los juicios orales.
La ONU-DH reconoció “el esfuerzo” institucional e hizo un llamado para lograr “una rápida consolidación y correcta implementación de la reforma al sistema de justicia en todo el país”.
Este “debe conducir a la protección efectiva del derecho a la integridad de todas las personas y al combate decidido de la tortura”, afirmó.
El organismo consideró que un “aspecto central” para la efectividad de la reforma al sistema de justicia penal radica en la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU-DH, nombrado a mediados de junio, señaló que “la exclusión de este tipo de pruebas es un acto de justicia para las víctimas de tortura”.
En este sentido, la ONU-DH enfatizó en la importancia de que la justicia se ajuste en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, y a llevar una rigurosa investigación de los casos de tortura.
Por último, el organismo llamó a la sociedad mexicana “a sensibilizarse ante el sufrimiento humano que implica la tortura y apoyar a quienes trabajan para su eliminación”.
El relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, calificó dicha práctica en México de “generalizada” en marzo de 2015, lo que le valió multitud de críticas por parte de varios miembros del Ejecutivo.
Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) recogidos por Amnistía Internacional en su informe “La epidemia de tortura en México continúa”, la Fiscalía recibió más de 2.400 denuncias por tortura en 2014, duplicando las cifras del 2013 y acumulando 4 mil 055 casos desde 2006.
Naciones Unidas y diversas ONG han denunciado el uso sistemático de la tortura en México, una realidad que incluso el gobierno ha reconocido aunque las autoridades siempre lo han considerado un mal puntual.
El gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido públicamente a erradicar este problema, pero las denuncias de confesiones obtenidas bajo tortura y utilizadas como prueba de cargo han sido una constante en el país incluso en la investigación más importante de los últimos años, la de la desaparición de los 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014.
La CNDH pide al Gobierno atender todas las recomendaciones sobre tortura
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la CNDH consideró que el Estado debe cumplir en su totalidad las recomendaciones hechas por los organismos internacionales, así como las propias realizadas por el sistema de protección de derechos humanos nacional, en torno a la prevención del flagelo de la tortura y la promoción del respeto a la dignidad humana y de la cultura de la legalidad.
Fuente: Por Esto.
















