Por: Vicente Bello.
El jueves 30 de junio de 2016, el conflicto magisterial crecía. En Nuevo León y Coahuila, el magisterio comenzaba a movilizarse con una vertiginosidad que había sido impensable para el Gobierno mexicano. No sólo eran los maestros del sur del país quienes se habían soliviantado ante una reforma educativa –aprobada en dos tiempos: La constitucional en diciembre de 2012 y la del nivel de leyes secundarias en agosto de 2013-.
Ahora también se expresaban con rigor contra el gobierno de Enrique Peña Nieto en el norte del país.
Ese jueves, en los territorios del Congreso de la Unión hubo voces que decían que toda esa semana el gobierno estuvo virtualmente jugando el dedo en la boca al magisterio, representado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
A raíz de los sucesos infaustos de Nochixtlán, del día 19 de ese mes, en que murieron cuando menos ocho lugareños y fueron heridos más de 120 a balazos, que dispararon comprobadamente policías federales o elementos castrenses de la Gendarmería, el gobierno a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió una representación del magisterio insurrecto, después de que no los había recibido nunca, en esos tres años y medio de confrontación.
Coincidían esos días de supuesto diálogo con una visita de Estado que el presidente Enrique Peña Nieto hizo a Canadá, adonde se reunió con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
¿Se trataba, solamente, de taparle el ojo al macho, un engaño, la simulación de que en México se dialoga, para quitar presión a la Presidencia de la República en eso que dieron en llamar Cumbre de Líderes de América del Norte?
Pues esto era precisamente lo que se susurraba, se conjeturaba, se suponía en los territorios del Poder Legislativo, el jueves 30 de junio de aquel año.
Resulta que en todos los encuentros que los maestros sostuvieron con el secretario de Gobernación, nada acordaron en torno del motivo central del conflicto: La anulación o abrogación de las leyes que dieron en llamar la reforma educativa.
Abrogar una ley no parece ser un asunto sencillo. Pero tampoco es imposible en México. Precisamente por esos días en que maestros y Gobernación se encontraban en Bucareli, el presidente Enrique Peña Nieto echó para atrás otra ley que el Congreso acababa por esos días –en un periodo extraordinario de sesiones, de mediados de junio- de aprobar.
En los hechos, en la práctica, ese veto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue una suerte de anulación.
Cuando en dicho artículo el Congreso –más bien, la mayoría legislativa conformada por el PRI, PVEM, Panal y PES- mandató que personas físicas y morales tenían que presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, cada que tuvieran una relación económica con alguno de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal o municipal), decir que el empresariado se irritó, es poco. Se súper enojó.
Y así esa plana mayor conformada por miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se lo hizo saber al mismo Enrique Peña Nieto, que cuando los recibió en Los Pinos, algo sucedió que casi de inmediato presentó el veto mentado.
No pasaron ni tres días después de aquella reunión entre Presidente y empresarios cuando la Presidencia de la República regresó la ley que 11 días antes habían aprobado diputados y senadores, con observaciones exclusivamente hechas al artículo 32.
Y no pasó mucho tiempo para que el Congreso reaccionara, como si fuese una oficina de Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, y convocó a las dos cámaras para celebrar otro periodo extraordinario de sesiones, el martes 5 de julio venidero, teniendo como única materia prima la anulación de un artículo que tanto a la Iniciativa Privada.
En contrapartida, al Magisterio no le ha ido nada parecido.
Si el gobierno no estuviera haciéndole al tiololo con los maestros, y verdaderamente quisiera solucionar el conflicto corrigiendo la retorcida y tramposa reforma constitucional que prohijó en diciembre de 2012 para acabar con el único gremio en México que todavía se caracteriza por su alto grado de independencia, el del magisterio representado por la CNTE, tendría cuando menos una vía para hacerlo.
Verbigracia: podría el presidente Enrique Peña enviar una iniciativa de reforma constitucional, mediante la cual planteara una reforma educativa auténtica, en la que se recogiera la mala leche inyectada en la ley actual contra los maestros; que no fuese punitiva contra los derechos laborales, y que ahora sí se distinga por revisar y proponer cambios legislativos hacia el nuevo diseño de un modelo educativo mexicano, en cuya construcción participasen gobierno, padres de familia y maestros. Pero verdaderamente y no sólo en el discurso, para engañar a la gente.
Claro, esto parecería un sueño guajiro de los maestros. Pero así, prácticamente, lo habían hecho los empresarios una semana atrás.
Por los diputados y senadores del PRI y PVEM nadie tenía entonces de qué preocuparse, en el hipotético caso de que así sucediera, porque habían demostrado todos esos años ser unos abyectos terribles para la República, que vivían transfigurados en unos ujieres del Presidente y de sus dirigentes, y de los múltiples poderes fácticos que azolaban al país en aquella época aciaga de principios del siglo 21; unos criados, unos levantadedos, que bailaban al son que les tocaba el Presidente de la República, y que distaban mucho, muchísimo, de ser los representantes de la nación que la Constitución en su artículo 52 los consideraba.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















