Por: Guillermo Fárber.
Última voluntad del condenado a muerte por fusilamiento: “¡Que dispare Messi!”.
PROGRAMAS AMBIENTALES
Tras hacer papilla las (nulas) pertinencia científica y efectividad técnica de los programas de verificación vehicular, el doctor José Luis Camba ahora los despedaza jurídicamente.
LOS “PROGRAMAS AMBIENTALES” son ilegales. Los ciudadanos estamos vinculados a la ley de forma negativa. Es decir, que podemos hacer todo lo que no esté prohibido (lo que implica que hasta que se prohíba, lo podemos seguir haciendo). Los gobiernos (utilizo este término coloquial para referirme a las administraciones públicas, el Poder Legislativo y el Judicial, tal como suele entenderlo el ciudadano) están vinculados a la ley de forma positiva. Es decir, que pueden hacer solamente aquello que les está expresamente permitido (lo que implica que hasta que se les permita, no pueden hacerlo). Esto se conoce como principio de legalidad y su mayor o menor cumplimiento es lo que define su cercanía o lejanía respectiva al estado de derecho (la sujeción del Estado al principio de legalidad es lo que distingue a los estados de derecho de los regímenes dictatoriales –como el de Venezuela–). En ambos casos, y precisamente por la forma opuesta en que están vinculados los unos y los otros, la existencia previa de una ley para regular sus comportamientos respectivos es condición indispensable. Esto se conoce como principio de irretroactividad y existe para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder.
Para que ambos principios puedan garantizarse, tenemos la División de Poderes (lamento tener que explicar esto, pero muchos funcionarios públicos no entienden la diferencia; para ellos es que lo hago), donde el Legislativo emite las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial dirime las diferencias. Ahora bien, las leyes tienen un carácter general y, para los detalles, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir reglamentos más específicos (siempre que el reglamento no vaya más allá de la ley que “regula” –es conocida la tendencia de los poderes ejecutivos a ir más allá de las leyes y restringir derechos o imponer obligaciones que no se encuentran previstas en ellas–). Esto se conoce como principio de jerarquía legal y está ahí, también, para evitar el abuso de poder.
Gracias a todo esto, los ciudadanos conocemos nuestros derechos y las obligaciones de todos (de gobernados y gobernantes –equivocadamente, en Latinoamérica suele ejercerse el poder como un derecho, cuando no lo es–) y para que no haya duda, en el ejercicio de nuestros derechos debemos apegarnos a la Constitución (los tratados internacionales son materia constitucional), a las leyes y a los reglamentos de estas; así, en ese orden. O sea que si un reglamento va más allá de la ley o esta no se apega a la Constitución, pues acudimos a los tribunales para que eso deje de ocurrir.
Del mismo modo, los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones dentro de un marco jurídico. Por supuesto que derivadas, primero de las leyes y luego de los reglamentos y, en teoría, hasta ahí.
Ahora bien, hace años, en México (y en muchos otros países) los políticos se han inventado una especie de catálogo legal que incluye figuras destinadas a evitar el proceso legislativo y reglamentario (“acuerdos”, “circulares”, “órdenes”, “programas”, executive orders en EU, etc., originalmente por carecer de un estado de derecho; después, porque tenerlo pesa en el ejercicio del poder). Todo ello para saltarse los principios legales y hacer lo que se les pegue en gana, hasta que un ciudadano o dos los lleven a juicio. Mientras esto no ocurre, los funcionarios siguen aplicando sus propias normas (en vez de que lo haga la ley, ellos mismos se autorizan su forma de actuar). En un principio, estas figuras se aplicaban sólo para informar o requerir a funcionarios dentro de cada administración pública; digamos, de jefe a subordinado. Hoy se les utiliza como si los ciudadanos fuéramos subordinados y los funcionarios nuestros jefes.
Esto es precisamente lo que se hizo tanto con la “verificación vehicular” como con la “contingencia ambiental”. En ambos casos, debieron emitir leyes y posteriormente reglamentos para vincular a los ciudadanos a cumplirlos como obligación. En cambio, publicaron sendos “programas” carentes de fundamento legal. De este modo, ellos se lo guisan y también se lo comen y se escabullen de los principios legales. Esto es así, puesto que entre más alta es la jerarquía de la norma, más vigilancia se requiere para emitirla. Si la norma no es tal (como en estos dos casos), carece de formas de ser vigilada (en estas situaciones, no existe otro vigilante que el ciudadano al que se la aplican ilegalmente y, por ende, sólo la posibilidad de protegerse a través de un juicio).
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















