Por: Redacción.
El “general” tuvo un sueño: crear una policía de élite, respetada, y que con sólo mencionar su nombre, los criminales temblaran y huyeran en vilo, y que al verla, el débil se sintiera protegido. Ya va para seis años su proyecto y ese anhelo se ha vuelto una pesadilla.
La Policía veracruzana es hoy en México una de las peores evaluadas.
En el plano internacional, es vista como la aliada de los grandes y pequeños carteles, represora, golpeadora de estudiantes, de ancianos, de periodistas, responsables de desaparecer jóvenes para entregarlos a la delincuencia organizada, tal como pasó en Tierra Blanca, en Papantla, en Orizaba, en Veracruz, y en varios municipios veracruzanos donde los colectivos señalan a elementos oficiales como los responsables de llevarse a sus familiares.
Ése es el legado de Arturo Bermúdez Zurita en la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), al que se suman miles de millones de pesos en deudas a proveedores y contratistas que durante su periodo no fueron liquidadas y ahora pasarán a ser una carga de futuras administraciones por un saldo total de 1 mil 450 millones de pesos, siendo la Policía una de las dependencias más endeudadas en la Entidad después del Sector Salud.
“A nosotros no nos están pagando, nos traen a la carrera, no nos dejan ir a nuestras casas a ver a la familia, nos cancelan los descansos y si salimos, nos mandan a buscar, quieren que cubramos toda la ciudad, que ahorremos gasolina y si no hay, que nosotros le echemos a las patrullas, no es justo porque no nos están pagando lo del convenio, sólo tenemos lo de la Marina”, relata desde el anonimato un elemento de la Policía Naval de Coatzacoalcos, sobre las condiciones bajo las cuales deben laborar sin la compensación prometida por sus altos mandos y por el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa cuando se inició la operación Veracruz Seguro, en cuyo marco se firmó un convenio para la adhesión de la Secretaría de Marina (SEMAR) en el esquema de seguridad estatal para conformar el Mando Único, que estaría en manos de los federales.
Hoy, en Coatzacoalcos, el Mando Unico es rechazado por fuerzas vivas y sectores sociales ante la ineficacia demostrada, lo mismo ocurre en las demás ciudades donde se ha impuesto este esquema policial, que ha traído como resultados el alza en delitos del fuero común y un debilitamiento en la prevención del delito, según lo denunció hace un mes el Senador Fernando Yunes Márquez al dar a conocer las peticiones para el arribo de la Gendarmería Nacional al sur de Veracruz ante el alza de la delincuencia. A su parecer, el Mando Unico debía dar paso a un Mando Mixto, pues la figura creada por la SSP y el Ejecutivo Javier Duarte ya no estaba dando resultados.
Pero los policías de a pie, los que sudan la camisola todo el día, los que sufren por no comer a sus horas ni nutritivamente, los que están horas parados en un retén ejerciendo labores de vigilancia, los que deben sufrir cuando se les descompone la patrulla o cuando no pueden ni patrullar porque no hay para la gasolina, esos que no están en el círculo de seguridad de Arturo Bermúdez Zurita y de los mandos de la SSP; esos gendarmes consideran que el gran problema en la dependencia no son ellos, ni las pruebas de confianza que prácticamente los mandan a reprobar, sino la paga y la falta de recursos.
En 2011, de acuerdo con la Ley de Egresos para el Estado de Veracruz, a la SSP le habían sido asignados 1 mil 450 millones de pesos, recursos que en cinco años incrementaron en 52 por ciento; para el 2016, el mismo documento señala que en ese año se le destinaron 4 mil 212 millones 797 mil 492 pesos para las necesidades de esa dependencia. Esto sin tomar en cuenta las aportaciones de los distintos fondos para Seguridad Pública destinados por la Federación, los cuales desde hace cuatro años están saliendo con múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con todo este “botín de recursos”, la SSP adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones, e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y hasta al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos.
Fuente: Por Esto.
















