Por: Mario Luis Fuentes.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) dio a conocer el pasado 15 de julio los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH). La relevancia de este instrumento se encuentra en que desde el año 2008 ha sido la base para la medición multidimensional de la pobreza. De manera sorpresiva,
el anuncio de los datos se dio acompañado de una nota del Inegi en la cual sostiene que se trata de una “edición mejorada” de la información. El comunicado es parco y dice a la letra: “… como parte de un proceso de mejora continua, durante el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, el Inegi aplicó el año pasado criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor”.
18 de Julio de 2016
Como resultado de esos nuevos “criterios de captación y verificación”, los ingresos en los hogares más pobres presentan un diferencial de 33% respecto de lo que se midió en el año 2014.
La cuestión es mayor, porque el Segundo efecto de esos nuevos “criterios mejorados” es que los datos que hoy tenemos no son comparables en el tiempo. Es decir, el Inegi decidió, por cuenta propia, que debemos hacer un “borrón y cuenta nueva” en la medición de los ingresos de los hogares.
Es cierto que el Instituto es un órgano constitucional autónomo; y es cierto que tiene la potestad de decidir cómo llevar a cabo la medición de los temas en los que tiene facultad y responsabilidad, pero también es cierto que su información tiene usuarios, y en este caso, uno de ellos es nada menos que otro órgano constitucional autónomo, al que ni siquiera se le avisó que se llevaría a cabo tal modificación.
El asunto es de la mayor relevancia para el país, porque como consecuencia de la decisión del Inegi, la medición de la pobreza que presentará el Coneval, a más tardar la próxima semana, no será comparable con la de los años previos, y tampoco serán comparables los niveles de carencia social, y tampoco serán comparables los niveles de desigualdad.
A nuestro país le tomó décadas de discusión, debate y lucha de numerosos actores, construir instancias como el Inegi, y más reciente como el Coneval, a través de las cuales se había garantizado niveles importantes de real autonomía técnica, y credibilidad en la información que generan. Tan es así, que desde, al menos, hace 15 años habíamos comenzado a transitar, del “método de estimación” y veracidad de la información, hacia cómo mejorar las políticas públicas para resolver los problemas que esa información nos indica.
De manera preocupante, la decisión del Inegi respecto de la ENIGH nos transporta a tres décadas en el pasado, y nos ubica en una discusión que parecía estar zanjada: ¿son creíbles los datos que nos dan las instituciones públicas? Y más aún ¿podemos confiar que los órganos autónomos actúan, verdaderamente, como tales?
Hoy el Inegi tiene la obligación de informar en qué consisten las “mejoras de captación y verificación”, y, urgentemente, dar a conocer el informe del mentado “operativo de campo”, para explicar por qué, sin llamar a un debate de alto nivel, decidió modificar el método de captación —a sabiendas que la consecuencia sería la no comparabilidad de los resultados— de una información de altísima sensibilidad política y social, como lo es la medición de la pobreza.
El Coneval ha fijado posición y con ello se abre un capítulo inédito en la historia institucional reciente de nuestro país: dos organismos autónomos fijan posiciones diametralmente opuestas respecto de información clave para el desarrollo nacional.
En un contexto de erosión de la credibilidad y confianza en las instituciones, poco abonan estas “decisiones técnicas” a consolidar un régimen democrático en el que se aspira que la fortaleza institucional le garantice a la ciudadanía imparcialidad y objetividad; pero sobre todo, compromiso y responsabilidad ética.
Fuente: Excélsior.
















