Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
El Derecho de Petición constituye uno de los elementos vitales del Estado de Derecho moderno, que ubica claramente la relación INDIVIDUO – INSTITUCIÓN PÚBLICA. Bajo tal consideración, es conveniente reforzar que las instituciones de gobierno modernas, en razón de su naturaleza, generan relaciones de poder que la práctica democrática demanda racionalizar,
a fin de dar al individuo mecanismos de igualdad en su relación con estas.
El derecho de petición en nuestro país, se remonta a la Constitución de Apatzingán, en donde se determinaba que “a ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante funcionarios de la autoridad pública”.
En el México independiente, es en 1847 que con las reformas a la Constitución de 1824 que fue establecido de la siguiente forma: “ El derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir en los negocios públicos y pertenecer a la guardia nacional; todo conforme a las leyes”.
El autor de la reforma, Mariano Otero, plasmó su pensamiento al respecto en su famoso voto particular, al concebir al derecho de petición como un derecho ciudadano propio del sistema democrático y representativo. En la Constitución de 1857, el derecho de petición se regulaba conjuntamente con el otro gran invento del Derecho Mexicano, el Juicio de Amparo. El cambio cualitativo que este derecho tuvo en 1857 consistió en que pasó al apartado de derechos del hombre, una garantía individual exigida ante la autoridad.
Esta garantía, tal como aparece en el texto del artículo 8º de la Constitución de 1917, puede ser ejercida por cualquier persona ante toda autoridad (local, municipal o federal), con la excepción de que en materia política solo los ciudadanos de la República lo pueden ejercer.
El derecho de petición consiste en la potestad de dirigirse al gobernante exigiendo algo, y en el deber jurídico de esta de contestar por escrito lo pedido. Esto no quiere decir que el derecho comprenda el acuerdo afirmativo de lo que se solicita, sino que solo se dé respuesta por escrito a lo solicitado.
Así la configuración constitucional de la garantía, desde 1857, es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad, en donde las personas adquieren la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas de cualquier índole, que adopta el carácter de simple petición administrativa, acción, reclamación, queja, denuncia, demanda o recurso.
Esta garantía se hace efectiva con la respuesta de la autoridad en corto tiempo de lo solicitado. Respuesta que puede ser en los sentidos afirmativo o negativo. El derecho del gobernado contenido en el artículo 8° de la Constitución busca que las personas obtengan una respuesta oficial sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido.
Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “Las garantías del artículo 8º constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido”
¿Por qué entonces frente a tantos reclamos y peticiones, el Estado mexicano no asume su responsabilidad simple de responder a los mexicanos sus demandas sociales?
Fuente: Sdpnoticias.com
















