Por: Irma Sánchez.
Los diputados locales protagonizaron la noticia bomba del fin de semana: una multa por 19 mil 976 millones de pesos para quien fuera el secretario de Salud en la parte final del gobierno de Mario Marín Torres.
¿Qué?
¡Qué, qué!
¿19 mil 976 millones de pesos?
Pues, ¿qué se comió?
Además, una inhabilitación por 12 años para no participar en la administración pública es lo de menos, si al auditar un solo año le aplican esta multa, imagínese usted.
¿Tiene usted querido lector imaginación de lo que se tranzó este señor?
Los mismos diputados puntualizan que “la sanción corresponde sólo a las cuentas del ejercicio fiscal del 2010”.
Pues así es como queda inscrito el nombre del hijo de Tehuacán José Alfredo Arango García, como la personificación de la vergüenza y la deshonra, sólo equiparable a la de personajes como el gobernador del vecino estado de Veracruz Javier Duarte, del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira y hasta los hermanos Salinas de Gortari.
La sanción al señor Arango resulta mínima si tomamos en cuenta las repercusiones y hasta el atentado que cometió a la salud de miles y hasta millones de poblanos que se resignaron a su mala suerte y se sentaron a esperar la muerte, en un país en donde está asegurado sólo en el papel “el derecho a la salud” y en el terreno de los hechos se carece de espacio en los hospitales para atender a los enfermos y mucho menos se dispone de medicamentos para enfrentar sus dolencias y complicaciones.
En Puebla, en el año del 2010, mientras se le negaba la atención médica y hospitalaria a unos que hasta perdieron la vida; este señor desde la Secretaría de Salud del Estado se llenaba los bolsillos y vivía como un marajá y con un harem con mujeres que con orgullo presentaba en las revistas de sociales.
Al conocer la noticia de la escandalosa sanción muchos han aplaudido, sobre todo aquellos que fueron testigos y víctimas mudos de sus abusos y fraudes cometidos al estado y a quien lo empleó.
Todos gritan ‘¡ya basta!’ y piden que se vigile con lupa los movimientos y el trabajo de funcionarios federales, estatales y municipales que cuando suelen recibir un cargo inmediatamente se transforman en buitres robándose el presente y el futuro de muchas personas e instituciones por los que “todos pagamos”.
Con casos como el de Arango, hay grupos que exigen que en nuestra Constitución Política se establezcan las llamadas “penas sociales” como existen y funcionan en Estados Unidos, en donde el delincuente es enviado a barrer calles, atender a inválidos y centros para la tercera edad, en un acto de humildad y en busca del perdón de la sociedad a la que le fallaron.
Fuente: Diario Cambio.
















