Por: Ricardo Pascoe Pierce.
El interés por controlar y dirigir el ojo público resulta altamente sospechoso.
Los diputados constituyentes de 1917 decidieron que el régimen político en México habría de ser federalista. Los centralistas defendieron su posición y perdieron la votación. Esa decisión, a pesar de ser la más importante tomada en el Congreso Constituyente, no resultó ser la más conocida.
Se conocen más las conquistas sociales de la Revolución: la separación Estado-Iglesia, el reparto agrario, la educación universal pública y laica, el derecho a la sindicalización y a la huelga, a la salud y la vivienda, el trabajo bien remunerado y el salario mínimo. Esas conquistas sociales nos permiten afirmar que la Constitución del 17 fue el resultado de la primera revolución social del siglo XX en el mundo. La segunda revolución del siglo XX engendró la Constitución de la URSS.
Pero la decisión sobre el carácter del régimen político resultó ser, a la larga, la que más influyó en el futuro de la vida de la nación. Definió quiénes, cómo y cuándo se tomarían las decisiones cotidianas y de largo plazo que afectarían el curso de la historia nacional. Las conquistas sociales sirvieron como atenuante a posibles futuros conflictos sociales y políticos, y obligaron a las autoridades a calcular sus repercusiones a la hora de la toma de decisiones. Pero la decisión central estribaba en quiénes ejercían, en última instancia, el poder de la toma de decisiones.
La similitud de esta historia con lo que sucede en la Ciudad de México, en relación a la Constitución que habrá de aprobarse próximamente, es notable. Por un lado, se promueve una intensa discusión sobre los derechos ciudadanos (educación, aborto y derechos reproductivos, matrimonios diversos, prestaciones sociales en toda la gama, derechos de género, entre otros) y, más recientemente, el derecho al voto desde los 16 años. Las expresiones emanadas del oficialismo delatan mucho interés por orientar el ojo público al asunto de los derechos ciudadanos. Ni siquiera se habla de derechos y obligaciones ciudadanas. El interés por controlar y dirigir el ojo público resulta altamente sospechoso. ¿Qué es lo que se quiere ocultar?
Se quiere ocultar lo que los constituyentes del 17 sabían que era su primera responsabilidad: definir el régimen político. ¿Regirá la Ciudad de México un sistema centralista o federalista? Cada sistema tiene implicaciones profundas sobre el futuro de la ciudad. Pongo un ejemplo. Mucho se habla del papel de los ciudadanos en la toma de decisiones. Bajo un esquema centralista, como el que actualmente rige en la ciudad, ese papel no podrá tener mayor alcance, pues las decisiones se tomarán concentrando los presupuestos, la información, el diseño de políticas y las decisiones en un puñado de gobernantes. Los Comités Ciudadanos actuales son un subproducto lógico del centralismo que no promueve la participación. En cambio, en un esquema federalista, que implicaría restarle poder al gobierno central con la entrega de facultades importantes a instancias locales, como las alcaldías y sus Consejos, abriría la posibilidad de que las decisiones se den incorporando mecanismos institucionales de participación ciudadana, incluyendo la obligatoria consulta vinculante en casos de impacto urbano sustancial. Este es un ejemplo, entre muchos, donde se ve que mantener el actual régimen político centralista en la ciudad o entregar decisiones al trinomio alcaldía-consejo-ciudadanía en un esquema político federalista, cambiaría radicalmente el futuro de la ciudad. La definición final deberá ser congruente con la Constitución de 1917.
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Fuente: Excélior.
















