Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
El artículo 26 de la Constitución establece que el “Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social,
así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones”.
¿Por qué el Estado debe tener un órgano que mida la pobreza?
Uno de los males más generalizados de México es el pésimo diseño institucional, un parche legislativo que se ha venido conformado por la ocurrencia de tecnócratas y acuerdos de políticos que desconocen la forma en que se organiza constitucionalmente la República. En aras de controlarse los unos a los otros (políticos, partidos y gobiernos) han hecho de nuestra Constitución un mazacote de instituciones sin sentido o un amasijo burocrático a costa del presupuesto que en poco o nada ha contribuido al perfeccionamiento de la República, nombre correcto de eso que tan pomposamente se llama en Estado Mexicano (leer el artículo 40 constitucional).
En eso que tan ampulosamente llaman, los buenos economistas del régimen, el combate a la pobreza, durante 42 años el gobierno federal ha destinado más de 2.3 billones de pesos en programas asistenciales, 36 millones de pesos por cada persona pobre beneficiada durante ese período, de los cuales el 62% se lo come la burocracia y no los pobres, a los que las señoriales instituciones (INEGI y CONEVAL) califican si son más o menos pobres, para ajustar la realidad a la estadística como buenos magos de la numerología oficial que no son capaces, con toda su autonomía constitucional, de ponerse de acuerdo.
En términos duros, durante dos décadas, 1990 a 2016, el presupuesto reservado al asistencialismo medible para combatir a la pobreza ha servido para nada, los pobres se mantienen en el mismo promedio, entendiendo por pobres los que CONEVAL e INEGI entienden por pobres, porque pobres-pobres hay mucho más si comparamos el nivel de vida de México con sus socios de la OCDE.
Solo un ejemplo, para que los burócratas del CONEVAL e INEGI sigan en el pleito, el gasto en programas asistenciales ha crecido 7.3 % cada año en términos reales, de 87 mil 488 millones de pesos actuales en 1994 a 310 mil 302 millones de pesos en el 2012, el 0.85 % en 1994 a 1.92 por ciento en 2012, no obstante el porcentaje de pobres respecto al total de la población se ha mantenido en 53 % en los últimos 20 años, 14.3 millones más de mexicanos en condiciones de pobreza que los que había hace veinte años.
No se entiende que el reto es la redistribución de la riqueza y no el combate la pobreza.
¿Qué distribución y cuánto requerimos crecer para tener un País con real justicia social?
Desde un punto de vista optimista, con un crecimiento económico de 4.3% anual entre 2016 y el año 2022, y un aumento real (anual) de los salarios de 3%, la pobreza sólo se reduciría en 10 puntos porcentuales. Abatir la pobreza, implica tiempos que se tienen y a los que nada aporta el clientelismo asistencialista. La magnitud y complejidad del fenómeno de la pobreza implica abordarlo como un asunto histórico central, que trascienda los intereses inmediatos y coyunturales de partidos, burócratas y candidatos. Asumir, como sociedad, sacrificios y hacer compromisos explícitos, es la única vía posible para superar ideas burdas que ven en la pobreza un mal necesario.
La lucha por la redistribución de la riqueza requiere un despliegue de conocimientos y políticas realistas, que deje de lado voluntarismos y discursos: poner en el centro de la agenda nacional a la equidad social. Es vital plantear el tema de lo que la República debe hacer y en dónde debe intervenir: la definición y redefinición de lo público y lo privado. La capacidad para encontrar y fincar institucionalmente, nuevas formas de interlocución, organización y representación entre el mercado, la República y los actores sociales.
Sin soslayar el carácter conjunto de la nueva cohesión social-nacional, ni las dimensiones demográficas, étnicas y de género que tienen la desigualdad y la pobreza, parece claro que en las actuales condiciones del País, toda estrategia para una real equidad social debe tener tres puntos de apoyo: salud, educación y trabajo bien remunerado. Lograr que los tres surjan combinadamente, es lo que quienes toman decisiones políticas deberían hacer y no discutir quien tiene la piedra filosofal de las estadísticas.
Fuente: Sdpnoticias.com
















