Por: Redacción.
Expertos en el sector energético mexicano aseguraron que la Reforma Energética no ha dado los resultados esperados luego de que los riesgos para los nuevos operadores petroleros privados se han reducido en los contratos firmados, mientras que el tratamiento para las empresas del Estado las pone en desventaja frente a la competencia.
Durante la presentación del libro “Reforma energética en México” del investigador mexicano Víctor Rodríguez Padilla, el autor detalló que los contratos de la Ronda Uno permiten el reembolso en costos recuperables de hasta 300% de las inversiones que los contratistas realizan en el periodo exploratorio, con lo cual el gobierno, socio de los contratistas a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sigue asumiendo los riesgos que esperaban trasladar a terceros.
Los contratos de producción compartida de las primeras dos licitaciones establecen una distinción entre costos elegibles –aquellos necesarios para las actividades petroleras conforme lo establecido en el presupuesto aprobado por la CNH— y los costos recuperables —aquellos que, siendo elegibles, serán considerados para el proceso de recuperación de costos conforme a los procedimientos contables y los lineamientos aplicables que son más flexibles en la fase exploratoria del contrato.
Así, ponen un límite de 60% a la recuperación de costos una vez concluido cada ejercicio fiscal en la fase de producción de los contratos otorgados a empresas como ENI, el consorcio entre Sierra Oil and Gas, Talos Energy y Premier Oil; el integrado por la filial de BP, Panamerican Energy con E&P Hidrocarburos, y el conformado por Petrobal y Fiedwood Energy, pero esto aplica únicamente a la fase de desarrollo del campo y producción, mientras que en la fase exploratoria cada año el contratista y el gobierno acordarán las inversiones realizadas por el tercero en el país, mismas que son sujetas a deducciones de este alcance, como aseguró el investigador de la Facultad de Ingeniería.
Por su parte, el asesor de la dirección de PEMEX, Fluvio Ruiz Alarcón, explicó que se mantuvo el “tratamiento esquizofrénico” de la estatal petrolera como un organismo del Estado y una empresa productiva, ya que por un lado el Artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos establece la diversificación de mercados en el cual por decreto se le pueden quitar actividades a Pemex si cuenta con poder sustancial, a la vez que en el Artículo 122 de la misma Ley se le obliga a asumir la provisión de energéticos en las zonas donde no exista inversión privada.
En la presentación, Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que los cambios legales aprobados no tomaron en cuenta los resultados de la consulta pública en la cual se recaudaron millones de firmas, por lo que se interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que está por resolverse.
Fuente: Por Esto.
















