Por: Dunia Ludlow Deloya.
En la Ciudad de México existe un alto nivel de conflicto por la propiedad y usufructo de miles de inmuebles. Las autoridades del gobierno capitalino estiman que cada año ocurren 2 mil desalojos de vivienda. Esta situación afecta, principalmente, a los sectores más desprotegidos y vulnerables, entre ellos a las personas de la tercera edad.
Las y los capitalinos están conscientes, en alguna medida,
de que somos una sociedad que margina y discrimina a los adultos mayores. En esta urbe según la Encuesta Nacional sobre Discriminación— una cuarta parte de la población considera que no se respetan los derechos de la niñez y de los jóvenes. En cambio, 43% considera que no se respetan los derechos de los adultos mayores.
De acuerdo con este mismo estudio, la mayoría de las y los adultos mayores considera que no están suficientemente protegidos contra el abuso de autoridad; percibe ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades; le es difícild conseguir trabajo; y les resulta muy difícilm conseguir apoyos del gobierno.
Hoy en día no sabemos hasta qué punto el nivel de conflicto urbano está afectando a este sector de la población; sólo tenemos información aislada. Los diarios capitalinos han documentado casos de desalojos, en las cuales los afectados son personas de la tercera edad. A la Comisión de Vivienda de la ALDF, que me honro en presidir, han llegado denuncias ciudadanas, en las cuales nos informan del despojo padecido por adultos mayores.
No debemos permitirlo más. Para ofrecer soluciones integrales y viables, debemos contar con información certera y precisa que nos permita adecuar las leyes y las instituciones correspondientes. Por ello, ayer presenté y la permanente de la Asamblea Legislativa aprobó una propuesta para solicitar al Procurador General de Justicia de la Ciudad, Rodolfo Ríos Garza, que elabore un informe pormenorizado sobre las personas de la tercera edad que han sido víctimas de despojo de sus viviendas; y segundo, que de cuenta a esta Asamblea del número de carpetas de investigación abiertas por éste delito y las acciones que se han llevado a cabo para darles respuesta.
Este ilícito deja en la total indefensión a una sector de por sí muy dañado y vulnerable. Hace evidente la incapacidad de las instituciones para frenar el crecimiento de una injusticia, que además vulnera la solidaridad y la cohesión social.
Con esta petición queremos hacer conciencia sobre un problema que afecta de manera silenciosa a toda la sociedad. Queremos ofrecer soluciones legislativas diferentes, viables y cercanas a la gente. Para hacerlo bien, necesitamos un diagnóstico oficial y preciso sobre los graves problemas que en materia de vivienda afectan a este sector de la población.
* Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF
@DuniaLudlow
Facebook/Dunia Ludlow D
Fuente: Crónica.
















