Por: Wendy Garrido Granada.
En un acto regresivo, en contra del derecho a elegir, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, promulgó la reforma antiaborto en el estado. Acompañado y cobijado por la Iglesia y la Asociación Estatal de Padres de Familia, ignoró el “artículo primero de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México”, como destacaron las agencias de derechos humanos de Naciones Unidas del país.
“Proteger el derecho a la vida desde la concepción”, fue el slogan del gobernador de Veracruz. El mismo que han utilizado todos los conservadores para negar el derecho que tiene toda mujer sobre su cuerpo y reproducción sexual. Las leyes antiaborto amenazan la salud e integridad física y psicológica de las mujeres. Las discriminan. Las violentan. Fomentan la mortalidad materna, los abortos clandestinos, el embarazo adolescente.
Según una nota publicada en el portal periodístico Animal Político, Duarte comparó la interrupción del embarazo con la pena de muerte y utilizó —a su manera— el argumento de la Suprema Corte: “nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia”.
¿El Estado y la visión de unos cuantos deben privar la libertad de las mujeres a decidir? No. Por qué suponer que otros sabrían más sobre las razones para ser o no madre que la propia mujer. Cuando “la maternidad es una experiencia fuertemente imbricada con la subjetividad, en la que el deseo femenino es sustancial”, como argumenta la antropóloga y experta en el tema, Marta Lamas. Aparte, en México no se garantiza una adecuada educación sexual —laica, realista y sin tapujos moralinos—. Es un país con escasas oportunidades y trabajos dignos para madres. Incluso, la mortalidad materna sigue siendo un problema de salud, que aunque se ha reducido, sigue sin cumplir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, según la jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), Norma Velázquez Ramírez. ¿Por qué un Estado que no cumple con sus obligaciones más elementales tiene que coartar y limitar los derechos de las mujeres?
El Estado debe garantizar el aborto legal y seguro como parte “esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres”, como refiere el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Porque al final las más perjudicadas serán aquellas que no puedan pagar un aborto fuera de su localidad. O sea, las más pobres.
La nueva Cristiada. Probablemente Duarte recurrió a la Iglesia en un momento en que está siendo acusado y acosado por sus adversarios políticos. Ya no tiene el respaldo del PRI. Se encuentra rezando y esperando que la Iglesia, en su etapa de activismo político, lo proteja de su destino.
La jerarquía católica se encuentra en esta nueva guerra cristera. El enemigo a vencer son todos los que no crean o compartan su visión. Quiere imponer por la fuerza sus creencias morales. Pretende reducir el Estado laico a su mínima expresión. Ya sepultó —ojalá pueda resucitar— la iniciativa sobre los matrimonios igualitarios. Ahora busca que los Congresos locales reformen y atenten contra la salud de las mujeres.
Hoy más que nunca toca a los ciudadanos defender esas libertades y derechos conseguidos. La Iglesia busca desaparecerlos. Quiere latiguear —nuevamente— a los ciudadanos. Ya comenzó a prender hogueras. Que el fuego no intimide a nadie. Entre todos se apaga más rápido.
@wendygarridog
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Fuente: Crónica.
















