Por: Vicente Bello.
El Cuarto Informe presidencial se colocó a tiro de piedra y una fila de asuntos candentes viene marchando tras de sí: Nochixtlán, Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato… En esa misma hilera viene formada la economía, que no para de crujir desde julio, cuando ocurrió el primer incremento en el precio de las gasolinas, el diesel y las tarifas de la luz eléctrica. Volvieron a subir en agosto y sucederá otra vez mañana,
jueves 1 de septiembre, cuando los precios del combustible y de la luz sean movidos al alza.
De todos estos asuntos la oposición en el Congreso está esperando que el Presidente de la República rinda explicaciones. ¿Lo hará? No al menos en los términos de claridad que la oposición quisiera.
Ayer, martes 30, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto movió una pieza por adelantado del ajedrez que tendrá que jugar con la oposición, a raíz del cuarto informe presidencial.
Destituyó a Enrique Galindo Ceballos como comisionado de la Policía Federal y, en su lugar, colocó a Manelich Castilla Craviotto, un subordinado de Galindo.
Con esta jugada, de quitar un alfil sustituyéndolo con un peón, en los territorios del Congreso ayer los opositores advertían que Peña Nieto solo pretende abrir un portillo para escapar de la crítica dentro y fuera del país por los sucesos infaustos de Nochixtlán -y que se magnificará a partir del informe presidencial-, en los que policías federales y elementos de la gendarmería dispararon a mansalva hacia la multitud, matando a ocho personas.
La suerte de Galindo estaba echada desde hace 20 días, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe sobre los hechos que acaecieron el domingo 19 de junio en el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca.
Una suerte que se puso más negra todavía hace semana y media. La misma CNDH emitió ahora un informe sobre los hechos que sucedieron en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015.
Veintidós personas, supuestamente miembros del grupo delincuencial Jalisco Nueva Generación, fueron hechas prisioneras y pasadas por las armas sin mayor trámite que la ejecución en caliente y sin evidente juicio de por medio.
Estas ejecuciones extrajudiciales son vistas en el Congreso como un común denominador de otros hechos que el presidente Enrique Peña Nieto tampoco ha querido aclarar; como aquellos que acaecieron el 29 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, adonde soldados del Ejército mexicano mataron a 21 personas, que después fueron presentadas como miembros de un grupo delincuencial dedicado al secuestro y el narcotráfico.
Ayotzinapa sigue como un fuego que no se apaga, a pesar de que el Ejecutivo federal ha insistido en que este asunto ya se resolvió, con la afirmación de que los 43 estudiantes normalistas sustraídos por policías municipales de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 están muertos todos.
En los cuatro casos -que en realidad serían cinco con lo que sucedió en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, con sus 17 muertos a manos de policías federales por la vía de la ejecución extrajudicial- el Congreso mexicano esperaría que el presidente de la República se posicionara al respecto.
Un pronunciamiento cuando en los cinco casos el Estado mexicano está señalado como el asesino. Un criminal que se ceba sobre la gente y lo mismo actúa como tal contra grupos del crimen organizado que contra grupos que se inconforman política y socialmente contra el gobierno.
Una de las preguntas que la oposición esperaría que Peña Nieto respondiera es por qué insiste tanto en criminalizar la inconformidad social, al extremo de disparar contra la población inerme, como disparó en Ayotzinapa y en Nochixtlán; primero contra estudiantes normalistas y segundo contra profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, constituidos en este momento de la historia nacional como el único grupo social enfrentado contra un gobierno señalado por la oposición como un gobierno terriblemente traidor a los intereses del pueblo de México.
Otra de las preguntas que la oposición esperaría que Peña Nieto respondiese este jueves 1 de septiembre es sobre los motivos para incrementar el precio de las gasolinas, el diesel y la luz.
El Ejecutivo tejía desde ayer una telaraña a través de la cual pretendería justificar el paso terriblemente nocivo de la economía para la gente de a pie y aun para muchas empresas. Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, salió a decir que “a pesar de un escenario externo muy complejo (le siguen echando la culpa al exterior), la economía mexicana se mantiene estable y creciendo”.
Y juraba Videgaray que el gobierno ha apostado “por la prudencia financiera y por la estabilidad por el buen manejo de las finanzas públicas”.
El gobierno, evidentemente, ha pretendido adelantarse a las preguntas para que la Glosa (análisis) del informe presidencial no los golpee frontalmente. Pero, al menos en el Congreso, la última palabra la dirán los legisladores.
ESTRIBO
Policías federales, soldados del Estado Mayor Presidencial y policías de la ciudad de México comenzaron a fijar posiciones en rededor, dentro y fuera del palacio legislativo de San Lázaro.
Colocarán vallas de 2 metros con 50 ante el aviso de que profesores de la CNTE sitiarán la Cámara de Diputados el jueves 1 de septiembre, con el propósito de evitar que sesionen los 500 diputados federales y 128 senadores en asamblea de Congreso General, por la tarde, para la recepción del informe presidencial escrito, que entregará el secretario de Gobernación. Y para los posicionamientos de los grupos
parlamentarios. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















