Por: Vicente Bello.
Cuando comenzó el sexenio, el 1 de diciembre de 2012, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, planteó a la Cámara de Diputados crear un fondo de cuando menos 5 mil millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2013, destinado para que lo repartieran los diputados federales, cada uno discrecionalmente y sin reglas. El fondo creció en 2014 y 2015 hasta los 33 mil millones.
La particularidad consistía en que sería un fondo etiquetado por los diputados federales, como si éstos pertenecieran al Poder Ejecutivo.
El fondo “de los moches” se le conoció. Y provocó tanta irritación social porque alimentaba claramente a la corrupción de los legisladores que los diputados no tuvieron más que aceptar que, para el gasto de 2016, el fondo quedase en ceros. Ahora, sin embargo, diputados que entonces se beneficiaron superlativamente con el fondo de los moches lo quieren resucitar.
Anteayer, el diputado federal del PRI Estefan Chidiac deslizó la declaración tronante: propugnará el grupo parlamentario priísta de la Cámara de Diputados volver a ponerle cifras al Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios, mejor conocido como el fondo de los moches: 10 mil millones de pesos cuando menos, para el ejercicio fiscal 2017.
Si en 2013 cada uno de los 500 diputados etiquetaron al mejor postor unos 15 millones de pesos, ahora, por la cantidad mencionada, estarían repartiendo una cifra semejante. ¿Y cuál es el problema? El problema consiste en que ellos, por su condición de legisladores, están invalidados por la Constitución hacer funciones de Ejecutivo Federal.
Y si se ponen a repartir dinero, etiquetando presumiblemente al mejor postor, es solo para insuflar la corrupción que prima en la clase política mexicana. Los diputados, con un fondo de esas características, entraron de plano en los territorios del chantaje y la componenda.
Si no les daban una comisión *con sus excepciones, por supuesto), no etiquetaban lo correspondiente de esa partida presupuestal. Si negociaban un entre, una comisión, podrían etiquetar para obras o servicios no necesariamente para beneficiar a los electores.
Desde 2013 muchos presidentes municipales se comenzaron a quejar de diputados que pretendían chantajearlos, pidiéndoles dinero a cambio de conseguirles partidas del presupuesto federal. En esto estuvieron de acuerdo los priístas y los panistas por supuesto.
De hecho, cuando se supo de la existencia del fondo promovido por Videgaray, en 2013, las quejas incluían a legisladores de uno y otro partidos. El propósito, se rumoraba en los pasillos de San Lázaro, no era otro que congraciarse el Ejecutivo con los diputados federales de todos los partidos, para ablandarlos porque venían entonces reformas que interesaban sobremanera a la Presidencia de la República que se aprobaran.
¿Y cuáles eran esas legislaciones? Ahora se sabe que la reforma educativa, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, y una centena más que desde entonces han sido aprobadas a contrapelo de los intereses de la mayoría de la población.
Con ese fondo los diputados se dejaron corromper por parte del gobierno. Y Videgaray fue el artífice. 2013 y 2014 quedan inscritos en los anales del país como los dos años de la gran traición del Poder Legislativo mexicano.
Dos años en que diputados y senadores, esencialmente del PRI, PAN, Panal, Pes, Pvem y PRD, construyeron leyes absolutamente contrarias al interés de México.
Es posible que el fondo de los moches quede inscrito como la cuña que el Ejecutivo metió a los legisladores para que éstos navegaran en favor de los vientos que movían también al presidente Enrique Peña Nieto. Entre las decisiones que los diputados y senadores tomaron desfavorablemente para la población, además de aquellas reformas constitucionales, fue la de autorizar sin mayor trámite que el levantamiento del dedo una deuda pública que ahora, en 2017, representará una carga muy desgraciada para la población.
Más de 60 mil millones de pesos se destinarán para el pago de los intereses de una deuda pública que, en lo que va del sexenio, creció de 5.4 billones de pesos a casi 9 billones. Si el fondo de marras aparece en 2017, es muy probable que los diputados –particularmente los del PRI, Pvem, Panal y Pes- terminen en correspondencia con el Ejecutivo Federal aprobando partidas ene l presupuesto que claramente beneficiarán a la élite de la clase política, apoltronada en los puestos más altos de la administración pública federal, en los poderes todos de la Unión y en los poderes autónomos.
Verbigracia: en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2017, presentado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el pasado día 8 en San Lázaro, llamó la atención que los sueldos y salarios de la alta burocracia –incluyendo entre ésta al presidente de la República y al presidente de la Suprema Corta de Justicia de la Nación- no sólo no se movieran a la baja, sino que aumentaran.
En el proyecto de presupuesto tampoco se contempla para 2017 alguna reducción presupuestal para los diputados y senadores. Si diputados como Estefan Chidiac triunfasen con lo que hoy propugnan, entonces cada uno de los 500 diputados federales tendrá oportunidad legal de poder etiquetar 20 millones de pesos.
Ellos decidirían a quién o a qué aplicarlos, y para ello no faltará el que valiéndose de prestanombres para el ejercicio de alguna obra pública terminen aplicándoselos para sí mismos. ¿Cuántos de los 500 diputados federales son dueños de alguna constructora, o son socios?
Es de presumir que no son uno, ni dos, ni tres…
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















