Por: Raúl contreras Bustamante.
Al definir ese rasgo se trató de asegurar que las políticas públicas de nuestro federalismo no fuesen motivo de injerencia de lo religioso.
Cuando se agregó a uno de los textos más bellos e importantes de nuestra Constitución la decisión de que somos una República representativa, democrática, “laica” y federal, compuesta por estados libres y soberanos, me pareció que era innecesario.
El artículo 40 había permanecido inalterado desde su aprobación por el Constituyente de 1917, y mediante una enmienda —en el año 2012— se incorporó la palabra “laica” a dicho precepto.
Ya el artículo 3º de la Carta Magna establecía que la educación que imparta el Estado debe ser laica, y el artículo 130 ordenaba la separación entre el Estado y las iglesias. Entonces creía que estaba claro y garantizado el proyecto de pensamiento antidogmático, que instituía un trato igualitario, al no favorecer —ni tampoco promover— opción ideológica alguna.
Hoy, estoy cierto que la incorporación para establecer la laicidad no fue para nada ociosa. Al definir en nuestra ley fundamental ese rasgo esencial de nuestro Estado, se trató de asegurar que las políticas públicas de nuestro federalismo no fuesen motivo de injerencia de lo religioso.
De esta manera, la laicidad irradia e impacta al resto del orden jurídico mexicano. El conocimiento científico y la laicidad son dos pilares de nuestro proyecto de nación.
La importancia de refrendar y defender la laicidad reside en la necesidad de garantizar un vasto espacio de libertades para todas las personas. Esto debe ser así, porque la realidad nacional existente, impone una innegable pluralidad de convicciones y creencias respetables que deben —y necesitan— coexistir entre ellas.
El dogmatismo, el fanatismo y la intransigencia son los conceptos opuestos a la laicidad. Ésta se caracteriza por el reconocimiento de la diversidad, de las diferencias, y otorga especial valor al diálogo y a la deliberación, como bases de la convivencia pacífica y la construcción de sociedades democráticas.
Para reforzar estas ideas, el 19 de julio de 2013 se publicó otra reforma; esta vez, al artículo 24 constitucional, para reemplazar la palabra “hombre” por “persona”, y sustituir el concepto de “libertad de creencia religiosa” por el texto actual que dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado…”.
Todo ello viene a cuento, porque, mientras la agenda nacional analiza la conveniencia de modificar a nivel federal una institución civil, como es el matrimonio, para que puedan acceder a ella personas del mismo sexo, han surgido toda una serie de reacciones y manifestaciones religiosas y morales, que se apartan de la obligación constitucional de observar y respetar el principio de la laicidad.
Por todo lo anterior, es digno de celebrarse el reciente pronunciamiento de los rectores de cuatro muy importantes universidades públicas: la UNAM, la de Guadalajara, la Autónoma Metropolitana y la de Nuevo León, que refrenda el compromiso de dichas instituciones de educación superior con el fortalecimiento del Estado laico y el aseguramiento de los derechos de todas las personas.
Como Corolario, la luminosa frase de Norberto Bobbio: “He aprendido a respetar las ideas de los otros, a detenerme frente al secreto de cada conciencia, a entender antes de discutir y a discutir antes de condenar”.
Fuente: Excélsior.
















