Por: Aurelio Ramos Méndez.
¿Qué intereses sirven el senador Jorge Luis Preciado y el PAN con la delirante propuesta de reformas a la Constitución, tendientes a permitir que una persona pueda portar un arma de fuego en su automóvil, o tenerla ya no sólo en su casa sino también en su negocio, dizque para su legítima defensa?
Cobra sentido tal pregunta no sólo ante la coyuntura electoral de Estados Unidos,
en la que el trastornado Donald Trump gana votos como rabioso defensor del armamentismo civil, sino también frente al valor del potencial mercado mexicano de armas legales.
Y adquiere alcance, asimismo, ante la incapacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales de cumplir su obligación primera de garantizar la seguridad pública y proteger la integridad física, familiar y patrimonial de los ciudadanos.
Se antoja la irracional idea de que la gente se arme una manera de transferirles a los ciudadanos la responsabilidad de su seguridad, una abdicación de las funciones del Estado. Algo así como concretar la desazonante situación en que un jefe policiaco, al despedirse de uno, usase la socorrida expresión: “¡Cuídate!”.
Se da por descontado, dada la importancia del tema, que la iniciativa del colimense tiene el aval del blanquiazul, por más que pueda aducirse con razón y hasta con encomio que los legisladores son autónomos y su compromiso esencial está con sus electores no con sus partidos.
Es imposible creer que Preciado presentó su proyecto sin el consentimiento de Ricardo Anaya y Fernando Herrera. Se trata de un asunto de gran calado, no de autorizar el uso del Senado como salón de fiestas para cantar con mariachi El Rey de Chocolate.
Es patente la afinidad ideológica y conocida la cercanía institucional del PAN con el Partido Republicano, vía organizaciones civiles y fundaciones binacionales –de las que algo sabe, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota–, por más que por ahora el blanquiazul presenta la misma división del partido de Trump entre ultras, duros y moderados.
Si bien el magnate del peluquín propulsó su candidatura a punta de críticas a nuestro país y los trabajadores indocumentados, México pinta poco en el debate electoral estadunidense. Así y todo, por insignificante y tangencial que parezca, la propuesta del panismo vía Preciado apuntala los despropósitos de aquel deschavetado y puede reportarle uno que otro voto.
No sorprende el bifrontismo del marrullero PAN, con Margarita Zavala en la cohorte de Hillary y Preciado y otros senadores como calanchines de Trump. Escandaliza el uso electorero de un tema altamente sensible para un país desangrado por la guerra en que lo hundió el panista Felipe Calderón y de la cual ha sido incapaz de rescatarlo Enrique Peña Nieto.
Sin armas en los automóviles o negocios de los mexicanos de bien la guerra contra el narco ha causado, de manera directa o indirecta, 150 mil muertos en una década. ¿Se imagina alguien lo que sucedería, de recibir luz verde la idea de un senador que formalmente no representa siquiera a los habitantes de su estado, tal como lo prueba su derrota en la elección de gobernador en junio de 2015?
Con el cuento chino de la legítima defensa la iniciativa blanquiazul busca fomentar la cultura de las armas, mediante la reforma del artículo 10 de la Carta Magna, para sintonizarlo con la segunda enmienda de la constitución gringa. La modificación, sin embargo, mantendría la prohibición de uso de pertrechos reservados para las fuerzas armadas.
En un escenario donde bandas conformadas por decenas de delincuentes provistos con cuernos de chivo y equipos de alto poder suelen emboscar militares y derribar con lanzacohetes aeronaves del Ejército, ¿cree de verdad Preciado que un ciudadano podrá defenderse bizarramente con una pistola calibre 22?
Tiene tanto de ancho como de fondo la propuesta del panista colimense. Va contravía de la tradición pacifista de los mexicanos, en cuyo horizonte histórico el escalofriante saldo de la la guerra contra el narco es una triste disrupción. Contraviene incluso la lenta tendencia contra el armamentismo doméstico en Estados Unidos, donde se calcula un total de 280 millones de armas en manos de civiles.
Se inscribe el proyecto de Preciado en las corrientes más cavernícolas, financiadas desde luego por la industria bélica, los fabricantes y traficantes de armas, sus legisladores, cabilderos y brazos políticos, y la inefable Asociación Nacional del Rifle, quienes de seguro ven en México un apetitoso mercado.
En momentos en que el gobierno federal y algunas administraciones locales desarrollan programas de desarme y canje de pistolas y municiones, mientras Miguel Mancera propugna la tipificación como delito grave de la portación de armas sin permiso, y cuando es más necesario el reclamo de que el vecino del norte combata el tráfico de fusiles, pistolas, metralletas, misiles y granadas, y clausure las armerías instaladas a lo largo de la línea divisoria con México, Preciado salta a la escena blandiendo la segunda enmienda.
Parece no quitarle el sueño al panista la incalculable cantidad de artefactos de muerte que ya existen en nuestro país vía el contrabando, ni la conflagración que los mismos han causado. Apareció con la actitud de quien busca apagar un incendio con una cubeta de gasolina entre las manos.
Da la impresión de que atiende menos su condición de legislador que la de gestor de fabricantes de armas convencionales. O, de pleno, de empresario involucrado en el negocio de estos, sabedor de que los mexicanos aún estaremos largo rato hundidos en el hoyo negro de la inseguridad y la violencia.
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Fuente: Crónica.
















