Por: Carlos Matute González.
En mi colaboración del 7 de mayo pasado, di cuenta que el Presidente Enrique Peña Nieto había presentado una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 107 y 123, Apartado A, con el propósito de fortalecer a las instituciones laborales y de seguridad social así como transformando la impartición de justicia en esas materias. El pasado 6 de octubre,
La Crónica de Hoy informó que “con el voto del PRI y el PAN, comisiones de trabajo del Senado aprobaron anoche el dictamen relativo a la reforma sobre justicia laboral”. En contraste, el PRD y la CROC denunciaron que se estaba preparando un albazo legislativo, ya que se limitaba el derecho a huelga, debido a que se propone exigir una mayoría absoluta para declararla existente y jurídicamente válida.
La reforma planteada es consistente con lo que ha sucedido en los últimos años en la materia. Pretende reducir el tiempo en la resolución de los asuntos en conflicto, además de separar el aspecto conciliatorio del litigioso debido a diversos matices que deben hacerse en una relación desigual, como es la que entablan los factores de la producción, en la cual la parte patronal tiene la ventaja que le otorga el capital frente a la situación menos favorable del trabajador, que sólo cuenta con su esfuerzo y conocimientos personales para ofrecer en un mercado saturado.
Los aspectos conciliatorios hacen énfasis en la fuerza real económica y política. En ese sentido, la reforma propone que los primeros aspectos sean gestionados ante instancias administrativas (no tripartitas) y con mecanismos menos formales que permitan la suficiente flexibilidad para garantizar condiciones de igualdad en las negociaciones y atender a las cuestiones relativas con la productividad del trabajo y su retribución integral digna (salarios, vacaciones, condiciones de trabajo, horarios, reparto compartido de los beneficios de la empresa y corresponsabilidad en las circunstancias adversas, entre otras).
La línea política es que se mantiene al gobierno como árbitro en una relación que por antonomasia es desigual en favor del patrón. En el ámbito federal, se propone un organismo cuyo titular sea nombrado por el Senado para que haya transparencia y garantía de autonomía.
En cuanto al derecho de huelga y paro, son el sustento jurídico extremo y el último recurso necesarísimo en la defensa de los intereses clasistas, cuyo ejercicio será valorado por los tribunales y juzgados de la materia, previa conciliación obligatoria ante organismos públicos descentralizados.
Además, en el dictamen de las Comisiones del Senado se reconocen algunos derechos largamente buscados de los trabajadores y patrones frente a sus organizaciones gremiales, tales como son la elección directa, libre y secreta de los dirigentes, reglas que fomenten la participación de los sindicalizados en los procesos de suscripción y registro de contratos colectivos de trabajo y la resolución de conflictos entre sindicatos.
Las cuestiones litigiosas deben enfocarse a lo estrictamente jurídico y al respeto de los derechos humanos de ambas partes en la relación laboral. Por lo tanto, debe privilegiarse la técnica jurídica donde los principios aplicables en resolución de los conflictos son los propios de la carrera judicial: la imparcialidad, excelencia, objetividad, independencia, profesionalismo, legalidad, autonomía y transparencia.
En ese tenor, la reforma propone que la función jurisdiccional de lo laboral se transfiera al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, en específico, a Juzgados de Distrito o tribunales locales especializados, es decir, que, en contraste con lo que sucede en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en la emisión de las resoluciones no participen representantes del gobierno, patrón y trabajador, sino que el responsable sea un servidor público (juez) perito en derecho laboral, sin que los intereses en la relación de trabajo participen en la administración de este tipo de justicia.
Por otro lado, el nombramiento de los juzgadores lo harían los Consejos de las Judicaturas, modificando sustancialmente lo que actualmente sucede, ya que hoy es el Secretario del Trabajo o los gobernadores quienes designan a los presidentes de las Juntas, federales o locales, respectivamente.
Asimismo, se empezaron a manifestar públicamente sus opositores, quienes la apoyan condicionadamente y algunos de sus promotores. Seguramente, la semana entrante habrá más pronunciamientos que girarán en torno al derecho a huelga, la transferencia de la justicia laboral a los poderes judiciales y la creación de los centros de conciliación así como de los organismos federales descentralizados, quienes llevarán a cabo el registro de los sindicatos.
Lo que es un hecho notorio es que hay un abandono presupuestal del esquema tripartita de impartición de justicia laboral, que se manifiesta en el rezago en la solución de los conflictos (falta de personal capacitado y suficiente), en la limitación de recursos para llevar a cabo notificaciones o las ejecuciones de laudos y en la precaria situación salarial de los trabajadores en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Esperemos que los intereses creados no sean obstáculos para la aprobación de esta reforma indispensable y que los legisladores sean capaces de integrar las distintas visiones de los patrones y los trabajadores. El peor escenario es una discusión legislativa basada en clichés y lugares comunes.
Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
Fuente: Crónica.
















