Por: Aurelio Ramos Méndez.
La licencia al cargo de gobernador de Javier Duarte y la suspensión de derechos partidistas a Guillermo Padrés Elías develan una triste realidad: la inoperancia de la justicia en nuestro país. Por lo mismo, obligan a los ciudadanos preguntarnos si no va siendo ya hora de aplicar en los más altos niveles del gobierno las normas legales sobre punibilidad de la negligencia en la impartición de justicia.
El priista veracruzano y el panista sonorense han sido señalados de deshonestidad por lo menos desde hace seis años, sin que la PGR, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, Hacienda, Gobernación y otras dependencias y entidades encargadas de la justicia, la fiscalización y el control de los gobiernos estatales hayan movido un dedo para investigar esos señalamientos.
Ante semejante desidia, los mexicanos del común –restados quienes por pura visceralidad los consideran santos o demonios– no sabemos a ciencia cierta si Duarte y Padrés son blancas palomas o un par de pillos de siete suelas.
La misma incógnita envuelve la conducta de decenas de políticos y funcionarios que en la azarosa vida pública han sido identificados como ladrones, empezando por el sucesor de Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares, para muchos símbolo de la hiper-corrupción. Inminente mandatario quien ahora añade burla al agravio, con la amenaza de que posee información que cimbrará el país; pero la cual divulgará sólo cuando esté atornillado en la silla que dejará Duarte.
La desidia del aparato de justicia ya no puede ser soslayada. Se impone exigir explicaciones al más alto nivel de responsabilidad del gobierno federal.
¿Cómo está eso de que en las alturas del gobierno peñista nadie se ha enterado de las clamorosas y añejas denuncias en contra de decenas de servidores públicos? Esto es algo acerca de lo cual debe no sólo informar, sino tomar medidas disciplinarias convincentes el capitán del barco, si aspira a recuperar autoridad en lo que resta de la travesía.
En lo que llevamos del sexenio rumbo a un puerto incierto, los mexicanos hemos visto un gobierno prevaricador, que en el rubro específico del cuidado del federalismo y el combate a la corrupción ha faltado a los deberes propios de su encargo.
De la cúspide a las laderas, en los tres Poderes del Estado, pero sobre todo en el Ejecutivo, los integrantes del gobierno han incurrido en perjurio, porque han quebrantado su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y ya estamos en fase de que la nación por fin se los demande y de aplicar las sanción que con base en la legislación corresponden.
Los casos Duarte-Yunes y Padrés Elías pueden resultar aleccionadores, si además de poner en blanco y negro el perfil de los principales actores sirven para desempolvar el descuadernado Código Penal y la Ley de Responsabilidades, y si el castigo alcanza a quienes, ante copiosas acusaciones, debieron tomar cartas en el asunto y no lo hicieron.
Frente a la pasmosa inacción del aparato judicial y administrativo han empezado a funcionar, de modo asimismo extemporáneo, los órganos de honor y justicia partidaria. Renuentes a la adopción en su momento de inocuas medidas políticas, dizque a la espera de sanciones jurídicas y sentencias en firme, rebasados por la opinión pública, los institutos de Enrique Ochoa y Ricardo Anaya han tenido que aplicar leves castigos a quienes todavía no son juzgados por una justicia renqueante, que nomás no llega.
Peor aún, ambos dirigentes parecieran enfrascados en una competencia para determinar cuál de los dos partidos, el PRI o el PAN, es menos corrupto, a partir no de quien castiga en serio a militantes deshonestos, sino quién resiste más las presiones de la opinión pública y deja de protegerlos hasta el último instante.
Esto quedó patente con la decisión del zar anticorrupción del panismo, Luis Felipe Bravo Mena, quien anunció la suspensión de derechos partidistas de Padrés Elías sólo unas horas después de que Duarte pidió licencia, y cuando ya era ensordecedora la exigencia social de penalizar ejemplarmente al sonorense.
En este ambiente de prevaricación, resulta exasperante el total adormecimiento, o en el mejor de los casos el tortuguismo de la justicia, cuando no la acción de procuradores de justicia, jueces, funcionarios, legisladores y hasta defensores de derechos humanos, que sin escrúpulo alguno retuercen la ley para dilatar la resolución de los casos más ruidosos de corrupción o de violencia en que se hallan involucradas instancias de gobierno en sus distintos órdenes y niveles.
Tal situación configura la desconsoladora realidad de que el cacareado Estado de Derecho en el que supuestamente vivimos es una ficción, un bonito concepto para echar discursos, y nada más.
Porque los expedientes de gobernadores señalados de inmoralidad, con Duarte, Yunes Linares y Padrés Elías a la cabeza, no son los únicos en lista de espera. Las investigaciones con relación a los temas de mayor impacto se apilan, empolvan y olvidan poco a poco. ¿Cuáles? Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, San Fernando, Tetelcingo. Noxhictlán, el ejido Patrocinio.
Por todo ello, conviene explorar la posibilidad de empezar a aplicarles la Constitución y las leyes, del artículo 225 del Código Penal que habla de cárcel, multas e inhabilidades, a la Ley de Responsabilidades, a quienes desde cargos de gobierno se desentienden o apuestan a eternizar los asuntos más espinosos, con la esperanza de que el tiempo y la amnesia los solucionen del modo más conveniente para los inmorales: con la impunidad.
aureramos@cronica.com.mx
Fuente: Crónica.
















