Por: Leonel Luna.
La ola de violencia que se ha desatado en nuestro país exige de parte de todas las autoridades revaluar las leyes, normas y políticas públicas cuyo objeto es garantizar la igualdad sustancial, los derechos humanos y garantizar el principio de no discriminación. La violencia psicológica, física, sexual y económica de la que la mujer es víctima ha exigido de parte del Estado la creación de instituciones especializadas en materia de derechos humanos,
género e igualdad, así como la reforma a distintas disposiciones legales.
Sin embargo, cuando se trata del máximo grado de violencia hacia una mujer que se refleja con la privación de la vida, se deben tomar medidas más drásticas e integrales, que tomen en consideración el derecho penal, mismo que inhibe con mayor fuerza la comisión de conductas que afectan la dignidad de las personas.
En la Ciudad de México el delito de feminicidio está tipificado desde mediados del 2011, siendo una de las primeras entidades federativas que da cumplimiento a recomendaciones emitidas por órganos internacionales especializados en el sentido de prever en la ley penal un delito que sancione expresamente la muerte intencional de mujeres, por el solo hecho de ser mujeres.
El feminicidio está previsto en el artículo 148 Bis de nuestro Código Penal que dice a la letra: comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer, siendo la propia norma la que establece los supuestos en los que se considera existen razones de género, como lo son que la mujer presente signos de violencia sexual o que existan datos que permitan suponer que existieron amenazas, acoso, violencia o lesiones.
De acuerdo al artículo anterior, a quien comete el delito de feminicidio se le puede imponer una pena mínima de veinte y una máxima de cincuenta años de prisión; sin embargo, si además existe entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad la pena varía de treinta a sesenta años de prisión.
Con independencia de otras acciones propias de una política criminal integral que contemple medidas y criterios para evitar, sancionar y reparar la criminalidad de la que las mujeres son víctimas, el aumentar las penas es un factor adicional que el poder legislativo debe valorar. A nivel federal, el delito de feminicidio es sancionado con una pena mínima de cuarenta y máxima sesenta años de prisión, de manera que el mínimo de la pena es el doble que el previsto en la Ciudad de México.
En un momento histórico de unidad nacional e internacional para protestar en contra del feminicidio al grito de “Ni una menos” o “Vivas nos queremos”, es indispensable fortalecer todas las acciones gubernamentales en favor del respeto de los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, además de valorar el contenido de la legislación penal a efecto de homologar las penas previstas en el Código Penal de la Ciudad con las establecidas en el Código Penal Federal, se torna necesario evaluar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre en el Distrito Federal. Lo anterior, en el marco de la tarea de armonización legislativa que tendrá la Séptima Asamblea Legislativa del Distrito Federal una vez que el texto de la primera Constitución de la CDMX esté lista.
De igual modo, fortalecer las atribuciones y programas de órganos como el Instituto de las Mujeres, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la propia Comisión de Derechos Humanos de nuestra ciudad en materia de prevención de la violencia contra la mujer y de seguimiento y de apoyo a víctimas de feminicidio es un aspecto que debe ser valorado.
A pesar de las obligaciones de todas las autoridades, no podemos olvidar que es responsabilidad también de la sociedad estimular cambios sociales y culturales que busquen garantizar los derechos de las mujeres y su adecuado ejercicio en todos los ámbitos de la vida.
* Presidente de la Comisión de Gobierno
Fuente: Crónica.
















