Por: JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH.
El gobierno tiene extraviada la brújula del combate al crimen, no obstante contar desde hace cuatro años con un diagnóstico sobre la herencia de violencia y muerte de la política de seguridad de su antecesor. Una iniciativa tras otra se han evaporado en el sexenio. La última, la extinción del programa nacional de prevención del delito (Pronapred), como si se hubiese tratado de la salida de cartelera de una obra sin taquilla.
Sin mayor explicación oficial, mientras la inseguridad alcanza los mayores niveles de la administración y su repunte se consolida en tendencia.
En agosto y septiembre se registró el índice de homicidios más alto desde 1997, dice el Observatorio Nacional Ciudadano, en evidente prueba de ineficacia de las acciones de la autoridad y de la prevención para atenderlo. ¿Quién rinde cuentas?
El Pronapred fue la primera “decisión presidencial” de Peña Nieto cuando tomó protesta en 2012. Dijo que éste sería “un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social” como parte del nuevo “enfoque” que ofreció en campaña a la “guerra contra las drogas” de Calderón. Si bien mantendría a los militares en la calle, también ofreció mayor coordinación con los estados e inteligencia contra el crimen, así como una gendarmería nacional que recobrara el control de la seguridad pública y la profesionalización de policías estatales para asumir la responsabilidad en sus entidades.
Cuatro años después, los estados no han cumplido con la preparación de sus policías y la coordinación básicamente ha consolidado el apoyo de la Federación a través de operativos sin tasa de retorno de las entidades. Iniciativas como el mando mixto están atoradas en el Congreso y los empresarios cuestionan la adscripción de la seguridad pública a Gobernación ante la crisis de homicidios, secuestros y robos al transporte. El Presidente reconoce el aumento de la violencia y organizaciones civiles acusan vacíos de autoridad en la lucha contra la inseguridad. Y aun así el recorte presupuestal se ceba en las pocas bazas que le quedaban de su “nueva estrategia”. ¿Era una simulación, ficción o negocio? Originalmente detrás del Pronapred había la determinación de que la criminalidad exigía una política de Estado que atacara las causas estructurales de la violencia. Pero el esfuerzo quedó en una obra literaria, en una narrativa de sucesos y personajes casi imaginarios. O, en el peor de los casos, en una ventana de oportunidad para el ejercicio de presupuestos discrecionales que trataron de asegurar al expresidente del Verde, Arturo Escobar, como retribución de la alianza electoral de 2012 y que comenzó a cerrarse con su salida. El esfuerzo dejó dudas sobre el manejo discrecional de recursos por observaciones de la Auditoría Superior y falta de indicadores sobre resultados, que el último año su sucesor trató de corregir con contralorías ciudadanas en los estados.
Pero el interés por la prevención ya había decaído antes. Tras la renuncia de Escobar, la voluntad política comenzó a dejar de percibirse y para 2016 se eliminó de la partida del Pronapred el 20% del subsidio para la Seguridad de los Municipios. El plan “estrella” del gobierno contra el crimen se eclipsó por completo ahora que el programa apareció en ceros en el presupuesto 2017. A partir del próximo año, la prevención será un esfuerzo tan disperso como los programas que hay en cada dependencia, tan particular como el que quiera desarrollar cada estado, tan diseminado como estaba en el gobierno anterior.
Y en lo que parece un eterno retorno, el país otra vez habrá perdido no sólo los 12 mil millones del Pronapred, sino, sobre todo, el tiempo y, en muchos casos, la esperanza de salir de la violencia que ya deja más de 150 mil muertes en la última década. Y en esa nueva vuelta de los tiempos, la sociedad civil vuelve a demandar una política de Estado contra el crimen y otra estrategia contra el delito, aunque recuerda a una película que ya estuvo en la cartelera.
Fuente: Ecélsior.
















