Por: Rafael Loret de Mola.
La mangosta priísta, a la vista de su tremendo fracaso en el Congreso y el Ejecutivo durante un periodo en el que ha crecido la violencia y la corrupción es signo de status político, ahora pretende como tabla de salvación aumentar las funciones de los militares hasta el punto de hacerlos invulnerables.
Y, por supuesto, el PAN y su cuestionado dirigente, Ricardo Anaya Cortés,
el “niño maravilla” transó con los mandos castrenses la revolución jurídica dispuesta para darles fuero también en cuanto a la seguridad interna del país con derecho a perseguir a sospechosos quienes, a criterio de una pequeña elite militar, pongan en riesgo la seguridad nacional… cuestionando, por ejemplo, las actuaciones de los uniformados o las del Presidente de la República. En vez de granaderos, veremos soldados a lo largo de las manifestaciones “anti-Peña”.
Por cierto, se hace más patente el temor y la cerrazón de los medios masivos de comunicación cuyos espacios se vuelven impagables para promover el proceso de maduración de la población civil y negando entrevistas o comentarios sobre los sucesos. Muy distinto a cuanto sucedió, por ejemplo, con la histórica marcha del silencio en 2005 que Andrés Manuel descalificó porque no la había convocado él y habían participado las iglesias. Sólo así acudieron cientos de miles –acaso más de un millón– de personas en reclamo por la paz cuando, ni siquiera remotamente, la perspectiva entonces era tan brutal como la de ahora rebosante de genocidios, tumbas clandestinas y asechanzas militares.
Es terrible la incongruencia del mandatario –quien obedece, pero no sabe cómo–, al premiar a los mandos de las Fuerzas Armadas con mayores facultades territoriales, incluso para justificar espionajes, acosos y abiertas represión contra cuantos representen una “amenaza”, no para el país sino para los intereses de la clase política y castrense, convirtiéndose, como en cualquier dictadura fascista, en enemigos del Estado y su soberanía; con este mismo argumento se masacró a los jóvenes integrantes del Consejo Nacional de Huelga en 1968 en Tlatelolco y se persigue a la población por parte de los gobiernos fallidos, por ejemplo en Venezuela, separados de la razón democrática.
Hace tiempo insistimos que los roles habían cambiado. Si el general Manuel Ávila Camacho, en una decisión que modificó el perfil político nacional, entregó la conducción de gobierno a los civiles, en la actualidad la mayor parte de los mandos militares se preguntan si, a través de más de siete décadas, tal medida resultó eficaz y, sobre todo, patriótica, a la luz de las tremendas desviaciones, la corrupción ingente, el desastre económico, el dominio territorial de los cárteles y la infamación de la figura presidencial. La respuesta es, claramente, negativa.
Lo anterior, por supuesto, aumenta la fiebre de poder entre los oficiales, incluyendo no pocos generales, quienes insisten en que si antes tenían la fuerza de las armas, ahora cuentan con academias privilegiadas que se otorgan también el privilegio del uso de la razón. Y tal es incontrovertible si nos atenemos a la capacidad intelectual de la nueva hornada de uniformados con mando de tropa y preparados no sólo para las aplicaciones del plan DN-3 destinado a las actuaciones en caso de catástrofes, como terremotos, inundaciones y huracanes, sino para tareas de inteligencia en busca de “capos” en desgracia o de posicionamiento en las regiones convulsas sin medir los atentados contra las “soberanías” estatales.
Pero sucede que, en no pocos casos, las demarcaciones –o zonas– militares en cada entidad son, en buena medida, financiadas por los gobernadores que ganan así su derecho a la impunidad grosera y, por consiguiente, al financiamiento de su tranquilidad postrera aun en los casos, como los de Javier Duarte de Ochoa y Tomás Yarrington Ruvalcaba, indefendibles por la dimensión de sus desviaciones y las complicidades que ostentan. Ningún cuerpo de inteligencia sería infamado con elementos que huyen, después de entregar las gubernaturas por ejemplo, si no estuviera profundamente infiltrado.
No puede negarse el deplorable papel del titular del Ejecutivo federal y el del Congreso, todavía cernido a los lineamientos “superiores”, y más cuando se unen el PRI y el PAN, aunque jamás lleven adelante alianzas partidistas para competir juntos, digamos, cuando los mandatarios de izquierda fallen escandalosamente –tal como en Morelos, Tabasco y Guerrero–, para sacudirse de las secuelas.
Ni pensarlo y, sin embargo, se menciona al PRIAN como la fusión de ambos cuando, en cambio, el PAN y el PRD han unido fuerzas en alianzas incoherentes como se ha hecho costumbre. ¿Cuál es, entonces, la verdadera inclinación de las fuerzas políticas? Por donde vayan los intereses de las dirigencias encontraremos las respuestas. Dos hechos nos parecen interesantes en este entorno:
1.- Ninguno de los gobernadores aliancistas –están por rendir finiquito Mario López Valdés, en Sinaloa, y Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca–, ha dejado buen sabor de boca, sino una concatenación interminable de traiciones, unos cargados para un extremo y otros en sentido contrario, entre el PAN y el PRD. Me atrevería a decir que debieran estar sujetos a proceso judicial, casi sin excepción, por los desfalcos cometidos y, sobre todo, por los contactos soterrados con las peores mafias. Sinaloa es cuna de “capos” a causa de la tolerancia oficial; y Oaxaca, territorio propicio para el bandidaje de todo género y siempre a favor de los mandatarios en curso; quizá por ello Alejandrito Murat Hinojosa, el junior por excelencia, hijo de un delincuente, está por asumir el poder en la antigua verde Antequera.
2.- Se ha desplazado a los militares de la posibilidad de encabezar gubernaturas, sin raigambre política ni ciudadana, como había acostumbrado cada gobierno hasta la transición al neoliberalismo, primero, y la derecha, después. Y se quedaron tan tranquilos. ¿De verdad? ¿O acaso prefirieron la tolerancia para acomodarse en el ciclo del tráfico de estupefacientes con el consentimiento de cada “primera familia”, siempre con un miembro de esta como enlace inamovible? El cuñado de Echeverría, el hijo de Miguel de la Madrid, el suegro y cuñados de Zedillo, los hijos de Marta, los Zavala Gómez del Campo y los hermanitos Peña con Arturo como gran administrador. ¡Qué nadie se diga sorprendido!
En cada sexenio, la clase militar ha venido cosechando privilegios: El atemorizado Echeverría les dotó de armamento de primera; López Portillo les dio más espacios a costa de degradar a los mandos elevando a la condición de general al mafioso Arturo Durazo Moreno; De la Madrid fue chantajeado hasta que les cedió el lugar de honor para transar con el narco… y así por el estilo hasta la llamada “guerra de Calderón” y los genocidios de este y de Peña Nieto en pleno despeñadero de valores morales.
No extraña, por tanto, que en este andar reclamen los generales, cada vez más rijosos y apremiantes, una legislación que les permita introducirse a las tareas policiacas hasta el punto de convertirse en un instrumento profundamente represor como preámbulo posible a una dictadura militar. ¿Es este escenario por el que está apostando el PRI a sabiendas de su derrota moral y la inminente catástrofe política? Mucho me temo que sí.
Otros creen que el PRI hace imposible, con ello, el arribo de la izquierda al poder. No estaría tan seguro por cuanto, insisto, sin una segunda vuelta electoral el icono de la izquierda podría confrontar a la estructura anquilosada del PRI y la manipulación panista, unidas, con pocas posibilidades de vencer. Esto es: Andrés Manuel ganaría en una primera vuelta cerradamente pero no llevaría más sufragios a su alforja en una segunda; están definidos, en torno a él, los odios y las euforias más encendidas. Quienes no están con él –la mayoría si se suman todos los rencores distribuidos en tres partidos, incluyendo sus antiguos aliados del PRD–, lo aborrecen más allá de la razón, por el sólo hecho de mantener su línea protagónica a través de lo que va del milenio.
Y quienes están con él, entre el 30 y el 40 por ciento de los futuros votantes, suelen despreciar a quienes se inclinan por otras posibilidades, si bien, a estas alturas un voto al PRI, por continuismo nada más o por costumbre, debe ser considerado un acto personal de traición por cuanto significa validar todo aquello que tanto daño le ha hecho a nuestro país, a los nuestros, a nuestro entorno. No puedo concebir la estúpida idea de que votar por esta opción es “una tradición familiar”. ¡No! Es un acto de suprema cobardía ante el imperativo de un cambio.
Por desgracia, las intolerancias van y vienen desde extremos equidistantes y con el PRI como resbaladiza moneda de cambio en un país saqueado por sus miembros. Ojalá las oposiciones fueran más cuerdas para entender que ningún tipo de acción para aliarse con el PRI, en el Congreso y en otras instancias, puede validar el interés colectivo.
Y ello induce a pensar que la crecida de los militares ha sido bien planeada para someter a los líderes políticos serios –muy pocos– y a los de opinión que han quedado sueltos. ¡Los soldados en la política son un polvorín!
E-Mail: loretdemola.rafael@yahoo.com
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















