Por: Aurelio Ramos Méndez.
Era sólo cosa de tiempo. Diez años de absurda, costosa, cruenta, inútil y contraproducente guerra contra el narcotráfico detonó ya una aguda crisis en la cúpula del gobierno y tiene al máximo responsable operativo de la misma, el divisionario Salvador Cienfuegos Zepeda, entre la dimisión y el cese. En todo caso, muy cerca de la genuina gloria militar y el más auténtico servicio a la patria.
Al hacer un balance de la década de guerra al narco desatada por Felipe Calderón Hinojosa,
el secretario de la Defensa dijo –con énfasis y de manera tardía pero digna de agradecer– que este fenómeno no se resuelve a balazos.
Por sí solo tal enunciado, parte de una alocución colmada de señalamientos a cual más duro, constituye una declaración de absoluta incompatibilidad de criterios con el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Un ¡hasta aquí! frente al superior jerárquico empeñado en combatir con plomo el tráfico de substancias ilícitas.
Dijo más, sin embargo, el titular de la Sedena. Que los soldados no están a gusto con la tarea de combate a la criminalidad que tienen asignada; que no estudiaron para perseguir delincuentes ni fueron ellos quienes pidieron salir a la calle a una labor que desnaturaliza su misión constitucional; que la lucha ha dejado muchos muertos y que los militares son los más interesados en regresar a sus cuarteles.
No tiene muchos precedentes en la historia una actitud tan cercana a la insubordinación, por más que en este caso la razón está por entero del lado del insurrecto.
Con sus plausibles declaraciones el general Cienfuegos quedó colocado en una situación de obligado divorcio, de separación irremisible de su encargo, ya sea de modo voluntario o por disposición disciplinaria de su jefe inmediato y único.
Puesto de otro modo: Si el camión en que va montado el alto militar no lleva el rumbo que él precisa, lo procedente es apearse cuanto antes. Y si el jefe del divisionario tiene en sus filas un elemento tan patentemente disconforme con su tarea, lo más recomendable para el éxito de la misión es separarlo de su puesto.
Cabe también la posibilidad de que las cosas sigan como si nada, aunque en ese caso el desdoro sería doble. Porque ante una honrada pero profunda divergencia de apreciaciones en torno de un asunto capital, uno y otro elementos en confrontación están obligados a demostrar que también para ellos La Patria es Primero
.
Cualquiera que sea el destino del general Cienfuegos, su contribución al entendimiento de la guerra iniciada el 11 de diciembre de 2006 ha sido descomunal. La violencia del narcotráfico, pretexto invocado por Calderón –la persecución a los narcos como animales, a puro plomo, derivó en la diversificación delictiva y la configuración del crimen organizado–, ciertamente no se resuelve a balazos.
Por eso tuvo razón el general secretario al reprocharles a los tres Poderes del Estado, en especial el Legislativo, su total desidia frente al problema integral de las drogas, aparte de la discutible necesidad de normar la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, en toda democracia reservadas a la policía.
Tan sólo en la administración de Calderón, quien solía usar traje de campaña y hasta vestir de militares a sus pequeños hijos, la guerra al narco dejó al menos 60 mil muertos, y hasta 150 mil, según dijo, en marzo de 2012, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta.
La conflagración también ha dejado, mal contados, unos 28 mil desaparecidos y decenas de millares de desplazados por la atroz violencia que sacude regiones enteras.
A lo largo de una década los mexicanos nos hemos hallado en un escenario bélico no reconocido oficialmente como tal, aunque, en los hechos, ha sido aún más cruento que varias guerras convencionales.
En el colmo de la tragedia, esta triste realidad nacional a pocos –Cienfuegos entre estos– parece importarles. La sociedad da la impresión de estar ya acostumbrada o anestesiada ante la violencia, los medios de información le han bajado el volumen a barbarie cotidiana, y los diputados y senadores andan distraídos en sus negocios, haciendo cuentas de sus escandalosos aguinaldos, dietas, bonos y subvenciones de fin de año.
Y el artífice de la guerra, Calderón, que debería estar ante la justicia rindiendo cuentas por las consecuencias de su sanguinaria y fallida estrategia de seguridad, anda en la grilla, obcecado en la reelección en cuerpo ajeno, impulsando a su cónyuge Margarita Zavala para tratar de suceder a Enrique Peña Nieto.
Las definiciones del titular de la Sedena en torno al narco y la criminalidad abrieron un resquicio a la esperanza del fin de la guerra de los diez años. Con todo y que, con diferencia de sólo unas horas, belicosos barones del sector privado encabezados por Gustavo de Hoyos Walther le pidieron a Miguel Osorio Chong reforzar la presencia de soldados y marinos en los estados más violentos.
En el inicio del presente gobierno muchos mexicanos abrigaron esperanzas de cambio en la estrategia antinarco. Bastaba con regresar el Ejército a los cuarteles para que dejase de ser factor de recrudecimiento de la violencia. No ocurrió así. El Jefe del Estado optó por administrarle al país más de lo mismo, con muy ligeras, imperceptibles variantes respecto del calderonato.
Así llegamos al deplorable punto en que nos encontramos. En ceros con respecto a 2006, en un terrible escenario de ejecuciones colectivas a diario, deterioro institucional y social, violaciones a los derechos humanos y desprestigio internacional.
Para colmo y a pesar de las convicciones del general Cienfuegos –expuestas de manera abierta y con base en la experiencia–, con el riesgo de que en la subasta electoral de 2018 el más entusiasta guerrerista, Calderón, pueda hacerse de las fichas suficientes para consumar la escalofriante necedad de retornar al poder por la trastienda.
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Fuente: Crónica.
















