Por: Víctor Flores Olea.
La discusión, en las últimas semanas, ha sido interesante. Para algunos, dictar normas para regular la conducta del ejército fuera de los cuarteles, como solicitó en voz muy alta el General Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, equivale a legalizar la conducta anticonstitucional que ha definido al ejército mexicano cuando menos en la última década,
es decir, equivale a pretender legalizar una situación que, de hecho, ha sido anticonstitucional para intentar maquillarla de una “legitimidad” que no alcanza a ocultar la militarización ilegal del país.
Para otros, por el contrario, la normatividad por la que clama el Secretario de la Defensa Nacional eliminaría esa zona oscura del comportamiento castrense revelando su cuanto, qué y cómo, es decir, permitiría saber a qué se pueden atener unos y otros. Para los de allá (los primeramente citados) se trataría de un golpe de Estado apenas encubierto por una leve capa de normatividad jurídica. Para los de acá, en cambio, se trataría de darle cuerpo de normalidad a la acción de los militares en los últimos tiempos, desde que Felipe Calderón los llamó a combatir en la guerra contra el “crimen organizado” y el contrabando de narcóticos, fundamentalmente.
Lo que ocurre es que la discusión entre altos integrantes de la función pública quedó prácticamente eliminada cuando el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, a los cuantos días del discurso del General Cienfuegos, pidió al ejército que siguieran contribuyendo a mantener el orden y la seguridad en México, cada vez más deterioradas en términos prácticos, a lo cual, que yo sepa, ya no respondió el General Cienfuegos, aunque todo indica que, en silencio, decidió atender el nuevo ruego o instrucción del Jefe del Ejecutivo, continuando las funciones de vigilancia social que desarrolla. No le gusta la tarea porque además, según afirmó, no prepararon al ejército para ella, pero claro, viniendo la petición del Jefe del Ejecutivo no tenía demasiadas opciones que atender al nuevo llamado presidencial, aunque tal atención suponga en el fondo una seria contradicción entre los jefes del ejército, aunque por lo pronto se impuso, claro está, la voluntad del Jefe Supremos de las fuerzas armadas del país.
Por supuesto, de una situación como la indicada queda mucha tela de donde cortar. Y una de las primeras y más graves evidencias es el abandono en que el orden civil de gobierno o de los gobiernos, en las más distintas esferas, de índole local a varios niveles pero también de índole federal, han dejado de esforzarse incluso mínimamente, para organizar de verdad una fuerza pública no castrense sino rigurosamente policíaca. Esta es una d las decisiones políticas más importantes del país que se han quedado en el tintero, realmente sin la mínima voluntad gubernamental para llevarlas a cabo; el dinero se va a los bolsillos de infinidad de funcionarios pero esto que es de verdad importante para México se queda durmiendo el sueño de los justos. Tal ausencia y parálisis es uno de los actos más bochornosos y de corrupción mayor en nuestro país.
Hace un tiempo, seguramente en los primeros tiempos de su gobierno, Peña Nieto aseguró que se proponía organizar o construir en su gobierno una ¨gendarmería¨, haciéndonos pensar en la creación tan necesaria en México de un cuerpo policiaco profesional, disciplinado y honesto. Parece que todo se quedó, en el mejor de los casos, en un arranque de buena voluntad que no se ha realizado y que ni siquiera está en serio camino de realizarse. Así lo piensa la inmensa mayoría ciudadana, y así ha pasado buen tiempo del actual régimen, pleno de frases prometedoras pero que no tienen ni la más remota posibilidad de realizarse, de pasar de las palabras a los hechos.
El título mismo de este artículo ¿militarización o civismo? quiere ser revelador: el problema serio es que una nación tan expuesta a la delincuencia, a la violencia y al crimen en distintos grados, requiere imprescindiblemente de uno o varios cuerpos policíacos capaces de enfrentar el desafío, de otra manera el país marcha inevitablemente hacia una militarización que resulta imposible detener. Hemos estado ya y estamos en esa situación, con todos los elementos negativos en que pueda pensarse, el hecho efectivo es que vivimos una militarización impuesta por las circunstancias y que no puede detenerse ni corregirse adecuadamente, como si estuviéramos condenados sin escapatoria a vivir en el peor de los mundos. En el peor de los mundos, como ya lo sabemos incluso estadísticamente, es aquel en que se violan los derechos humanos y los derechos elementales de los hombres y mujeres, convirtiendo a la vida social en una angustia en vez de que sea una felicidad, como debía serlo siempre.
Grandes asignaturas entonces pendientes por parte del gobierno, que se conforma con una publicidad barata en vez de resolver los problemas por los que clama la sociedad entera. Bueno, pero así es hoy. ¿hasta cuándo?
Fuente: La Jornada.
















