Por: Redacción.
Justo en la última semana laboral del año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y empleados del Gobierno federal se han visto implicados en cuatro distintos casos de corrupción con empresas extranjeras: la constructora brasileña y líder en América Latina Odebrecht, la farmacéutica israelí Teva, el Consorcio Altán –constituido por Morgan Stanley, y las mexicanas Axtel y Megacable–,
y la española Copisa Constructora Pirenaic.
Dos especialistas en corrupción y transparencia exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue a los que recibieron los sobornos en México e hicieron un llamado a apresurar el mecanismo para prohibir contratos a empresas acusadas de irregularidades en otros países.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia, aseguró que “la PGR se está jugando su credibilidad y prestigio si no castiga con contundencia a estas empresas y a los funcionarios que aceptaron los sobornos”.
Por su parte, Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), consideró que desde el momento en que se filtraron las primeras informaciones sobre el caso de la constructora brasileña, la PGR debió iniciar una investigación de oficio vinculada al caso sin esperar una denuncia:
“Antes y después del Sistema Nacional Anticorrupción, es inexplicable la inacción de la PGR al no haber investigado después de toda la historia de Odebrecht”.
Petróleos Mexicanos (Pemex) le dio dos contratos millonarios a la brasileña Odebrecht para grandes proyectos: el Complejo Petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Ramones II Norte, el de más importancia en México. Esto a pesar de que era investigada en Argentina y Perú por corrupción.
El director de Gesoc destacó que “lamentablemente”, de acuerdo con la actual Ley mexicana, no se puede prohibir un contrato a una empresa con antecedentes de sanción administrativa.
Dos de los casos de corrupción exhibidos en días recientes se registraron en sexenios pasados, por lo que ambos especialistas coincidieron en que es un fenómeno estructural del Estado mexicano que “no respeta colores partidistas”.
Los negocios de Odebrecht
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy una serie de documentos en los que la empresa brasileña Odebrecht acepta que pagó en sobornos aproximadamente 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos México.
Los documentos refieren que, entre 2010 y 2014, altos funcionarios federales de México recibieron por parte de la constructora 10.5 millones de dólares, con el objetivo de obtener contratos de obras públicas. Al final obtuvo beneficios equivalentes a 39 millones de dólares derivados de las obras otorgadas, confesó la misma compañía en Estados Unidos.
El ex presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, es un personaje que tiene acusaciones de soborno, lavado de dinero y asociación delictiva. Fue condenado a 19 años de prisión en su país. La Justicia de Argentina y Perú investiga a la compañía.
Sin embargo, mientras estaba bajo la lupa en otros países, en México se le dieron contratos millonarios para proyectos de gran magnitud.
En el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) hay el registro de tres contratos públicos con Pemex Refinación. Dos fechan del 2005: uno de febrero por 317 millones de dólares y el otro, de una semana antes, por 317 millones 900 mil dólares.
Un contrato más le fue otorgado en febrero de 2014, ya bajo la administración de Enrique Peña Nieto y cuando Emilio Lozoya Austin ocupaba la Dirección general de Pemex. Se le pagaron mil 794 millones 628 mil 950 pesos para el Acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo.
Odebrecht es una de las empresas que se mostró más entusiasta frente a la Reforma Energética implementada en el actual gobierno, especialmente en la infraestructura para el gas natural.
En febrero de 2016, su director en México, Luis Weyll, afirmó en una entrevista con El Economista que la constructora había invertido 2 mil 400 millones de dólares de los 5 mil previstos para este sexenio. Su interés estaba puesto, principalmente, en los proyectos de gasoductos, además de las carreteras y las hidroeléctricas.
A raíz de la Reforma Energética, obtuvo el contrato para el Complejo Petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Ramones II Norte, el de más importancia en México. El primero tuvo un costo de 5 mil 200 millones de dólares y ya opera desde marzo y el segundo, lo obtuvo con una oferta de 935 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht y su petroquímica acordaron pagar una multa combinada de al menos 3 mil 500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones sobre sobornos desde 2001 a funcionarios en 10 países de Latinoamérica y dos de África para obtener contratos por un centenar de proyectos públicos.
Sobornos para medicina
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la farmacéutica Teva, de origen israelí, aceptó pagar una multa de 519 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que se inició una investigación sobre sus métodos de ventas y promoción en Rusia, Ucrania… y México.
Teva sobornó a médicos empleados del Gobierno desde 2005 –el último año del primer sexenio panista– para que esos médicos prescribieran el medicamento Copaxone, para tratar la esclerosis múltiple.
De acuerdo con la información difundida, altos ejecutivos de Teva, encargados de desarrollar programas internos de anticorrupción, sabían desde 2009 de los sobornos en México. Aquí es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) la encargada de otorgar las autorizaciones a los medicamentos que se pondrán a la venta.
Fuente: Por Esto.
















