Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
Desde mis primeros años como estudiante de derecho, la retórica constitucional me sedujo y me embaucó. Con el tiempo aprendí a ser más escéptico y herético, un apóstata de viejos dogmas que nulo favor le hacen a la Constitución.
La Carta Magna de 1917 fue sin duda una imposición política sobre las fuerzas de poder que perdieron la guerra civil desatada de 1914 a 1917,
frente al sector carrancista de la Revolución Mexicana, que bien hizo en denominarse constitucionalista. Las revoluciones se hacen para imponer, ganar y avasallar, al contrario; todas lo hacen, revolución que no aniquila a sus opositores es simple revuelta o quimera política. Se trata de romper paradigmas y eso, fuera de toda pleitesía constitucional, es lo que la Constitución de 1917 hizo; por ello al día hoy, aún saltan al foro sus detractores, ahora imbuidos del manto protector de un liberalismo que ni el propio John Stuart Mill sostendría.
Hay que decirlo sin ambages, la carta de 1917 se pasó por el arco del triunfo la noción ideológica de la propiedad, la educación, la religión y el trabajo que hasta principios del siglo 20 se tenía en el mundo. Eso es lo que los detractores del constituyente de Querétaro no le perdonaron ni le perdonan (Nemecio García Naranjo, Querido Moheno, Jorge Vera Estañol, Rabasa y el actual apologista de todos ellos José Antonio Aguilar Rivera).
Debe quedar claro, que la vida de las naciones es la disputa por el poder y no la noble estabilidad que da la ley o las fantasías idealistas de románticos y conservadores juristas: la fuente primigenia del Derecho es la Política.
La creencia dogmática y religiosa en la Ley no solo es una enfermedad política sino un desatino intelectual. La ley es ante todo una pauta de conducta y no un reflejo automático de la realidad. Más del 80 % de nuestras acciones poco o nada tienen que ver con esta noble dama; en la cotidianeidad humana se impone más el sentido ético que la coercitividad legal, y con mayor vigor las relaciones de poder desde donde se construyen los saberes del Estado moderno. Es desde estás que podemos comprender a ese 20% restante, en donde la Constitución no solo es la partitura del director de orquesta sino el juicio político sobre el que se sustenta la vida institucional de un Estado. Ese es el mérito fundamental del texto promulgado el 5 de febrero de 1917, fundar un Estado y un régimen jurídico debidamente institucionalizados: crear la República.
No es poca cosa declarar que la propiedad privada de la tierra no es un derecho natural y absoluto, como hasta entonces se afirmaba, sino una concesión que la Nación hace a las personas y cuya posesión se sujeta a las modalidades que dicta el interés público; tampoco lo es declarar que la educación será laica y ajena a toda religión y que por lo tanto los padres de familia no son propietarios de la conciencia, el pensamiento y el futuro de sus hijos (como bien dice Richard Dawkins: “No hay tal cosa como un niño cristiano. Solo un niño de padres cristianos”); menos aún constitucionalizar los derechos laborales que hasta ese entonces se consideraban como simples relaciones de derecho privado; y tampoco imponerle controles sociales, culturales, políticos y económicos a una fuerza real de poder como es la iglesia católica.
Hoy, la Constitución se defiende de sus apologistas, detractores y reformadores a pesar de los embates de una clase política que en el culto público la idolatra y la práctica privada la detesta. El actual texto constitucional está plagado de infinidad de ambigüedades y disposiciones producto de un sistema político que no acaba por establecer los mínimos para poder instituir las reglas fundamentales del juego. Hemos perdido la doctrina constitucional a golpe de acuerdos políticos, modas humanistas, controles políticos, modelos económicos, ocurrencias fantasiosas, determinaciones excluyentes de género y cesiones de soberanía.
Por mandato supremo de la moda internacional, ahora los derechos no los otorga la Constitución como bien afirmaba su original artículo 1º, es decir el poder constituido desde la voluntad política, sino los reconoce en una suerte de neo-iusnaturalismo que persiste en la falacia de los derechos innatos a la esencia humana (como sino no estuviera más que probado que nacemos desnudos y que es la comunidad política y social la que nos arropa y otorga derechos, deberes y protección).
Fuente: Sdpnoticias.com
















