Por: Francisco Báez Rodríguez.
En los años ochenta la mayor parte de las naciones latinoamericanas estaban en una severa crisis económica. La excepción era Colombia. Pero si le preguntabas a un colombiano cómo estaba su país te respondía: “La economía está bien, pero el país está mal”.
Algo parecido está pasando en México en estos tiempos, con la salvedad de que la economía no está bien… pero tampoco tan mal como nos llegamos a imaginar que estaría.
Las previsiones después de la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos eran que su activismo generaría serias dudas sobre la permanencia del TLCAN, con su coda negativa sobre la inversión, y que los mercados financieros tratarían muy mal al peso mexicano. No es casual que su peor cotización ante el dólar haya sido el día de la toma de posesión del republicano. A eso se sumaban las presiones inflacionarias derivadas del gasolinazo de enero.
En otras palabras, a principios de año no eran descartables ni una recesión, ni una severa depreciación del peso, ni una espiral inflacionaria.
A poco más de dos meses, las aguas están llegando a su nivel y ninguna de esas tres catástrofes está a la vista. Hay inversión y creación de empleos formales, aunque sigue siendo excesivo el peso de la economía subterránea. El mercado interno ha tenido un leve impulso con la mejora relativa de los salarios mínimos. El peso está en niveles más razonables, aunque ciertamente subvaluado. Las autoridades lograron frenar aumentos especulativos y cortaron, por ahora, la posibilidad del ciclo nefasto gasolina-dólar-tortilla.
En otras palabras, la perspectiva hoy ya no es de crisis inminente, sino de continuar con el mediocre crecimiento económico que hemos tenido a lo largo del siglo. La mayor parte de la población no percibirá las mejoras, porque no las tendrá, pero tampoco tendrá la amarga experiencia de ver reducidos visiblemente sus ingresos. El caso es que, ante las opciones que se avecinaban, el estancamiento estabilizador ya no se ve tan feo.
No es de esperarse, entonces, un aumento notable del malestar social por causas económicas. El que existe y que no es poco, basta. Pero hay otros asuntos de la vida social que generan una molestia creciente. Son los que tienen que ver con la inseguridad, procuración de justicia y la corrupción.
La etapa más cruenta del enfrentamiento directo con el crimen organizado ya pasó, pero se esperaba un descenso constante de los niveles de violencia. Eso no ha sucedido. Una zona del país se calma, y otra se pone caliente. Y hay algunas que nunca se han enfriado.
La situación ha llegado a tal punto que hay una cierto embotamiento social ante los niveles de criminalidad. Hace unos años, la aparición de una decena de ejecuciones en un solo día era asunto de escándalo. En estos días, aparece una fosa clandestina con más de 200 cuerpos y ninguno de los diarios le da las ocho columnas. Es como si fuera parte del paisaje. De un paisaje horrendo al que supuestamente nos acostumbramos, pero que en el fondo nos deja una sensación de frustración, impotencia y enojo ante la realidad.
Las policías locales, las que tienen que ver con la vida cotidiana, las del contacto directo de la población, no han mejorado, por más esfuerzos que se hacen. En varias partes del país ha quedado en evidencia su colusión con los criminales, sean éstos narcotraficantes, huachicoleros, extorsionadores o delincuentes comunes.
Para el ciudadano de a pie es difícil hacerse ilusiones. Un ejemplo es lo que le sucedió a nuestro compañero Arturo Ramos Ortiz, que relata en su columna del domingo. Asaltantes violentos en el Metrobús de la Ciudad de México encuentran a su mejor aliado en el inepto (o coludido) policía de la estación. Posteriormente, la denuncia al oficial cómplice se ve entorpecida por un Ministerio Público dedicado a joder la vida al ciudadano, mientras que hace como que trabaja.
A menudo, autoridades y ONGs de buena fe se quejan de que la mayor parte de los delitos que ocurren en el país no son denunciados por las víctimas. La verdad es que se requiere de una voluntad tenaz y mucha presencia de espíritu para aguantar los desdenes, los desplantes, la mala fe y la ineptitud de quienes supuestamente están para investigar los delitos y para permitir el acceso a la justicia. El denunciante a menudo corre el riesgo de terminar denunciado, al cabo que ya está allí.
Y cuando llega el turno al sistema judicial, entonces la cosa se pone peor. En medio del culto por lo procesal, hay una convicción generalizada: la justicia tiene precio. Por eso, las cárceles están llenas de gente pobre, mientras que el delito de los ricos tiene que ser de verdad muy grande para que caigan al reclusorio junto con el que robó unos plátanos y cien gramos de jamón de una tienda departamental y con el indígena que no sabe siquiera de qué lo acusan.
La vergonzosa fundamentación del amparo concedido a uno de los jóvenes Porkys que violaron a una jovencita en Veracruz da cuenta de la corrupción de la justicia mexicana. Al juzgador ni siquiera le importó lo absurdo de los argumentos. Había un costoso amparo de por medio. Por fortuna, la judicatura reaccionó a tiempo y suspendió al juez, para enojo de la mafia en toga.
Ojalá el nuevo Sistema Penal Acusatorio sirva para que ya no existan casos como ese, pero es difícil suponer que va a cambiar en lo esencial la forma corrupta de conducirse de muchos de quienes deberían aplicar la justicia.
Eso nos lleva a la tercera fuente de malestar. La percepción de una corrupción muy grande entre la clase política. Los ex gobernadores en fuga se multiplican, así como funcionarios de los tres poderes y de todos los niveles de gobierno atrapados en fraudes evidentes. Aquí se requiere, al menos, un par de golpes relevantes para que disminuya la impresión de que hay lasitud cómplice hacia quienes malversan el dinero público y hacia quienes hacen del fuero una patente de corso.
Así, puesto el contexto, podemos decir que sí hay un parecido con lo que decían los colombianos hace tres décadas.
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Fuente: Crónica.
















