Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
Las estadísticas del INEGI se volvieron oficiales y obligatorias.
Ante la irracionalidad política, el Senado de la República dio paso a la opacidad y la desconfianza en los organismos autónomos, pero también asestó un duro golpe a la democracia.
Con 64 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el gobierno federal logró imponer a uno de los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI,
sin importar argumentos y documentos en los que se evidenciaba no solo el incumplimiento con el requisito de haber ocupado un cargo de alto nivel durante cinco años, además de que se mintió curricularmente con una docencia en la Universidad de Harvard.
Con ello, la mayoría priista cumplió con el presidente de la república, pero pasó por encima de la racionalidad, de uno de los avances democráticos más importantes desde los años noventa del siglo pasado por la vía de la elegibilidad, pero también sobre la Constitución.
Sucede que el aval otorgado por los senadores a la designada de Los Pinos rompe con el proceso mediante el cual la sociedad determino transferir funciones esenciales del Estado a organismos públicos para que no se sometieran a ninguno de los Poderes con motivo de los cambios sexenales. En esa línea se colocó al INEGI para que todas y cada una de las cuentas nacionales, las estadísticas fueran políticamente neutras, transparentes y confiables no solamente para los mexicanos sino para la comunidad internacional.
Esa había sido la característica esencial de los órganos constitucionales autónomos: que ninguna autoridad pública, privada o política ejerza poder jerárquico, influya o incida en ellos.
Pero la decisión en el Senado con el INEGI enturbió la viabilidad de los organismos autónomos mexicanos.
Una explicación (para rendirle homenaje) se puede tomar de Giovanni Sartori quien comentó que “ningún Congreso puede funcionar con eficiencia cuando los legisladores son individuos que básicamente se desempeñan en un trabajo personal y tiene tres o seis años para encontrar otro ante la incapacidad para reelegirse”; aunque no solo es el tema de la reelección sino de su falta de profesionalismo y compromiso democrático, como acabamos de ver.
En el caso del INEGI, la autonomía tuvo el objetivo garantizar el derecho de la población para tener acceso a información veraz sobre el desempeño de sus gobernantes. Se buscó, democráticamente, terminar con los cuestionamientos a los datos sobre desempleo, pobreza, población, crecimiento económico y, ahora, inflación. Como institución constitucional autónoma, las estadísticas del INEGI se volvieron oficiales y obligatorias, por tanto, sus dirigentes tienen que ser impecables, lo mismo que su elegibilidad.
Sin prejuiciar a la persona, la decisión del Senado se opone a los paradigmas de la democracia que supone la separación de poderes, de terminar con el ejercicio monopólico del grupo en el poder en favor del ejercicio del poder compartido. Pero a la luz de la corrupción, es una mala señal para la credibilidad de la población sobre las acciones de políticos.
Es claro que la decisión no es acertada porque no concilia los términos constitucionales de formación profesional y conocimientos técnicos, con imparcialidad y honorabilidad; además de estar fuertemente vinculado con la sociedad y no con alguno de los poderes; con peso moral, que no se aprecia y que lastrará a la autonomía del INEGI.
@lacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















