Por: Viridiana Ríos.
Esta semana el Sistema Nacional Anticorrupción quedó instalado, pero… (como bien dijo don Garfias) con una silla vacía: la del fiscal Anticorrupción. El Senado no pudo ponerse de acuerdo para nombrar al fiscal que investigará los actos de corrupción a nivel federal. Los ciudadanos tenemos dos opciones: el lamento o la acción. Voy por la segunda. Explico mis razones y propongo una agenda de tres acciones inmediatas.
Es indignante. Lo es. La clase política nuevamente nos falló y no pudo poner un fiscal para luchar contra la corrupción. Las razones son varias, algunas, incluso, bien intencionadas. Se quiere, por ejemplo, evitar nombrar al fiscal Anticorrupción hasta que se hagan reformas que le den más autonomía. Independientemente de sus razones, lo cierto, y lo que esto demuestra claramente es lo que ya sabemos de forma reiterada: el Congreso es poco eficiente, hogar de muchos intereses y presa de muchos jaloneos (incluso por parte de grupos ciudadanos). Y eso no va a cambiar. Al menos no en el corto plazo.
Lo que nos queda a los ciudadanos es actuar. Trabajar con lo que tenemos. No hay diseño institucional que sea perfecto y, como lo estamos viendo, el Sistema Nacional Anticorrupción tampoco lo será. Al menos no en el corto plazo.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe comenzar a actuar con esta silla vacía: utilizando la Unidad Especializada de la PGR. Esto no va a ser fácil pues dicha unidad ha probado que no hace nada. Falta integrar expedientes y, sobre todo, falta hacerlo bien. Así que, tendrá que ser la presión ciudadana la que empuje. Y para ello, hay que escoger batallas.
Hay al menos tres asuntos de altísima relevancia para la agenda de combate a la corrupción este año.
Primero, las elecciones locales. Ya comenzaron las elecciones en Coahuila, Estado de México y Nayarit. Es imperante que se instituya el Sistema Local Anticorrupción en cada uno de ellos de forma que este pueda generar una auditoría de las campañas políticas, de los gobernadores salientes y de los entrantes. Ninguno de los tres estados tiene el marco legal necesario para poder elegir a sus Comités de Participación ciudadana (Imco, 2017). La corrupción en estos tres estados es preocupante. Por cada 100 mil habitantes, en Coahuila se cometen 11 mil actos de corrupción al año, en el Estado de México 12 mil, y en Nayarit 7 mil (en trámites de gobierno, Inegi 2015). Si bien Nayarit se ve mejor que los otros dos estados, no se salva mucho pues su Fiscal enfrenta desde ayer cargos por narcotráfico en Nueva York, y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Segundo, las gasolinas. La ordeña de combustible de los ductos de Pemex no es un robo nada más, es un acto de corrupción. Lo es porque requiere infraestructura, bodegas, ingenieros y aperturas de oleoductos que no podrían hacerse sin que las autoridades decidan no verlo. Tan sólo en Puebla, se registraron de enero de 2016 a febrero de 2017 mil 762 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, siete incendios relacionados con el tráfico ilegal y al menos dos vehículos calcinados involucrados en el robo. Se debe también eliminar la corrupción de vender “litros de gasolina que no son de litro”. Profeco estima que 38% de las gasolineras hace trampa en sus medidores. Finalmente, en más altos niveles, está Odebrecht. Emilio Lozoya junto con otros 17 ciudadanos por el caso serán citados a comparecer. Vamos lento. En otros países ya se tienen resultados serios y justicia en el tema. En México, seguimos dando los primeros pasos.
Tercero, la simulación. Hay un rezago en la persecución de grandes delitos de corrupción y una fascinación por “dar resultados” con actos de nula importancia. Hay cientos de casos integrados por la Auditoría que no están siendo revisados y perseguidos. Algunos de ellos con graves daños al erario. En cambio, hay cientos de funcionarios públicos de nivel medio y bajo a los que se les ha inhabilitado para ser servidores públicos sólo por no presentar trámites administrativos. A esta simulación de la justicia se le debe llamar como tal. No es justicia llevar al más vulnerable ante el juez, es comodidad y es mediocridad.
Así, que vamos sin fiscal pero no sin agenda. La lucha contra la corrupción ya comenzó.
Fuente: Excélsior.
















