Por: Raúl Contreras Bustamante.
* El reparto de facultades y responsabilidades que establece nuestra Carta Magna ha favorecido el control y predominio del gobierno federal.
Una de las decisiones políticas fundamentales que nuestro país ha adoptado a lo largo de su historia es establecerse como una República Federal. Su adopción en la Constitución de 1824 desató una guerra civil que duró décadas
antes de su triunfo definitivo y propició que intereses extranjeros realizaran varias intervenciones armadas y adueñarse de la mitad del territorio nacional.
Desde la Constitución de 1857 hasta nuestros días, nunca se ha vuelto a poner en tela de duda su establecimiento. Sin embargo, en la realidad, el federalismo se ha percibido siempre como un riesgo al control político del gobierno federal.
Una de las razones por las cuales el estilo de gobernar de Porfirio Díaz fue exitoso —según algunos analistas— fue porque sometió al orden a los caciques de todas las regiones del país, bajo las premisas de: “Menos política y más administración”, así como la de: “Se suman o se sumen”. Ello significó el sometimiento de los políticos regionales a un control central férreo.
Desde el punto de vista doctrinal, la existencia de un federalismo se debe conformar con base en una clara distribución de competencias entre el gobierno federal y las entidades federativas que lo integran.
La Constitución de 1917, que está viviendo ya su segundo siglo de vida, ha establecido al sistema federal como parte esencial de su organización. Sin embargo, al paso de los años, ha venido configurando un federalismo débil e inoperante.
El reparto de facultades y responsabilidades que establece nuestra Carta Magna ha favorecido el control y predominio del gobierno federal, bajo el argumento de tratar de hacer más eficientes las tareas gubernamentales.
El Congreso de la Unión está facultado para expedir leyes generales que: distribuyan competencias, establezcan concurrencias o bien, para que coordinen los principios y bases a los que deberán sujetarse la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Con base en esta confusa gama de potestades, la Federación ha incrementado cada vez más su hegemonía sobre los gobiernos estatales.
Si a ello se le agrega que las entidades federativas tienen una dependencia total de los recursos fiscales que recauda —de forma exclusiva— el gobierno federal, el resultado es un gobierno federal fuerte y estados subordinados.
Cuando el presidente Fox asumió el poder —después de la primera alternancia— surgió la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para tratar de hacerle frente. Este órgano ha venido funcionando desde entonces y es inconstitucional, puesto que no se encuentra regulado por la Constitución ni por ley alguna; y lejos de ser un contrapeso al poder presidencial, se ha convertido en un aliado.
La reunión de los gobernadores, sin distinción de partidos políticos, ha sido un instrumento eficaz para establecer acuerdos al margen del Congreso y a veces también, de las directivas partidarias.
Aunque a los gobernadores y a los detentadores de nuestra partidocracia no les resulta necesario definir —de manera clara— una real distribución de facultades y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno, la ciudadanía y la academia debemos demandar que se haga.
Cuando una actividad es responsabilidad de todos, su incumplimiento es culpa de nadie.
Como Corolario, la frase del dramaturgo francés: “Es deber aquello que exigimos de los demás”.
Fuente: Excélsior.
















