Por: Ricardo Pascoe Pierce.
Como se sabe, las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento militar, no policiaco.
La propuesta de Ley de Seguridad Interior se ha estancado en el Congreso de la Unión, otra vez. Desde el sexenio de Fox se discute el tema, siempre teniendo como punto de contradicción entre fuerzas políticas y de la sociedad lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas (FA) en el combate al narcotráfico.
No es un problema menor. Como se sabe, las FA tienen un entrenamiento militar, no policiaco, que parte de un criterio distinto al de la fuerza disuasiva de las fuerzas de seguridad civil. Mientras el Ejército está entrenado para enfrentar a un enemigo invasor que trata como desechable de antemano; la policía está entrenada para suponer que el sujeto enfrente tiene derechos y debe ser tratado, en principio, como ciudadano capaz de defenderse ante un juez o Ministerio Público. Son dos corporaciones armadas con preparaciones y mentalidades completamente diferentes. De estas diferencias se desprende, para algunos, que el narcotráfico, en tanto fenómeno civil y social, debiera enfrentarse con la policía y no el Ejército.
Sin embargo, hay otros que no se tientan el corazón con precisiones legales sobre las facultades y tareas de cada corporación. Lo que les interesa, y preocupa, es la eficacia de cada fuerza ante el enemigo. Considerando la historia de las instituciones policiacas del país, debido a su desorden, pobreza y dispersión por todo el territorio nacional sin interconexión entre sí, su ineficacia para combatir al crimen organizado (mejor equipado, financiado, entrenado y dirigido que las policías) es proverbial. Por tales razones, hay quienes consideran que las FA son la única institución con capacidad para enfrentar al crimen organizado, con información certera, inteligencia, capacidad de movilización y poder de fuego suficientes para frenar el crecimiento de su presencia en todo el territorio nacional.
Pero hay otros que no desean la intervención continuada de las FA en el combate al crimen organizado por la razón opuesta. Reconocen su eficacia en la tarea y prefieren que se frene, pues el continuado enfrentamiento, vinculado también a la permanente presencia de agentes estadunidenses en México como presión operativa y política, con los grupos dedicados al boyante negocio del narcotráfico, representa un verdadero freno a la industria. Debe reconocerse que importantes intereses apoyan la continuada expansión del negocio del narcotráfico en el país.
Este enjambre de intereses en claro conflicto ha impedido que el Congreso tome una determinación sobre la materia. También, encubierto en una supuesta discusión ideológica sobre federalismo, se ha impedido la creación de una policía nacional –no federal– capaz de sustituir a las FA en el combate, freno y contención al narcotráfico y, en general, al crimen organizado. Los dos son actos deliberados: tanto la no-aprobación de una Ley de Seguridad Interior como tampoco aceptar la creación de una policía nacional. No es ignorancia, desconocimiento o simple discordia. Hay muchos intereses que se benefician con la confusión conceptual y la inacción legislativa.
Para sustituir a las fuerzas armadas en la tarea de frenar el crecimiento del crimen organizado en México, es necesario crear una policía nacional, sustituyendo a todas las policías municipales, estatales y la federal. El federalismo ya no es pretexto para evadir esta decisión, creando las condiciones para regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles. Sin decisiones sustantivas, no habrá soluciones de fondo.
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FuentE: Excélsior.
















