Por: Aurelio Ramos Méndez.
Lo dicho: Ya va siendo hora de aplicar en los más altos cargos de gobierno de nuestro país las leyes que hacen punible la negligencia en la impartición de justicia. Por lo mismo, esa bestia negra del momento que es Javier Duarte de Ochoa debería estar compartiendo celda con al menos una docena de altos funcionarios que durante ¡seis años! consintieron sus pillerías.
¿Quiénes? Repasemos por encimita la lista de la prevaricación,
la cual —ni modo— incluye, por principio de cuentas, a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: Están enseguida los titulares de la PGR desde el 1 de diciembre de 2010, cuando el ahora detenido en Guatemala llegó al poder, hasta su escape el 20 de octubre pasado: Arturo Chávez Chávez, Marisela Morales Ibáñez y Jesús Murillo Karam. Y Arely Gómez, becada ahora en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
También, las cabezas de la SFP en dicho período: Salvador Vega Casillas, protegido ahora por el grueso caparazón del fuero de senador; Rafael Morgan, Julián Olivas Ugalde, Virgilio Andrade y —de nuevo— Arely Gómez.
Incluye, asimismo, la vergonzosa nómina, al auditor superior de la federación Juan Manuel Portal, atornillado en su puesto desde 2010, quien sólo en los últimos meses se percató del saqueo a Veracruz y no tuvo más remedio que señalar unos cuantos ilícitos.
Renglón aparte merecen los secretarios de Hacienda, una cuarteta que se explica por sí misma: Ernesto Cordero, ahora también senador con inmunidad parlamentaria; José Antonio Meade, Luis Videgaray y —otra vez— José Antonio Meade.
Y los secretarios de Gobernación Alejandro Poiré Romero y su sucesor Miguel Ángel Osorio Chong, éste envuelto en un enigma indescifrable. Porque si bien la captura de Duarte no lo exime de la indolencia de por lo menos cuatro años, él ciertamente aún está debiéndoles explicaciones a los sospechosistas.
¡Cómo que porqué! Tras la huida del veracruzano Osorio hizo una apuesta tan fuerte como enigmática sobre su prometedor futuro político: Aseguró que Duarte sería detenido tal como lo fue Joaquín El Chapo Guzmán. Corresponde al ámbito del esoterismo determinar si se trató de una corazonada, una audaz y coyuntural salida política, o si estaba en el secreto de una fuga arreglada y un arresto pactado.
Si Duarte es el pez gordo y con escamas de oro que nos pintan muchos de estos mismos funcionarios que durante años cerraron los ojos ante la corrupción en Veracruz, la verdad es que no hay cárcel para tanto cómplice de dentro y fuera de los tres órdenes de gobierno. Deberían estar en la misma crujía del veracruzano los funcionarios que prefi rieron mirar para otro lado en lugar de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Y que persisten en su punible dejadez frente a la legión de políticos —de todos los partidos— y sedicentes servidores públicos que chapalean en corrupción. La inmoralidad en la política, el servicio público y la empresa privada no empezó ni terminará con Duarte. Pero, vale decir —sin salirse de los linderos de aquel pedacito de patria que sabe sufrir y cantar— que la extensa relación de corruptos impunes inicia con el principal detractor del capturado en Guatemala, Miguel Ángel Yunes Linares.
Al igual que Duarte, desde hace años este ex priista y ahora orgulloso panista ha sido señalado de ser genuino símbolo de la deshonestidad y del más indecente enriquecimiento desde el poder público. No ha existido, sin embargo, autoridad que haya tomado cartas en el asunto. El Código Penal habla de cárcel, multas e inhabilidades para quienes desde los cargos públicos se desentienden de sus responsabilidades. Pero dentro del gobierno que dizque llegó no para administrar sino transformar, nadie ha movido ni un dedo para hacer cumplir la Constitución, el Código Penal, la Ley de Responsabilidades u otras normas.
En octubre pasado, a propósito del anuncio de Duarte de solicitar licencia a su cargo y de la suspensión de derechos partidistas al panista Guillermo Padrés Elías, se dijo en este espacio que “la desidia del aparato de justicia ya no puede ser soslayada” y que “se impone exigir explicaciones al más alto nivel de responsabilidades del gobierno federal”.
Y en mayo de 2016, al entrar en su última etapa el proceso en que fue recogido el voto de casi medio país, se hizo aquí la observación de que la nación llegaba a esos comicios “con una docena de candidatos a gobernadores que, por efecto de sus propios dichos y acciones, conforman no un grupo de ciudadanos honorables, sino una piara. O, peor aún, una banda de maleantes”.
De la misma forma como durante seis años actuaron ante Duarte, los integrantes del aparato de justicia obligados a perseguir de ofi cio muchos de los ilícitos que suelen saturar la atmósfera electoral, no han dicho ni mu para confi rmar o desmentir tales imputaciones. Con lo cual millones de ciudadanos han quedado privados de la posibilidad de saber si los gobiernan mexicanos de bien o francos hampones.
Peor aún. En el caso Duarte las entidades vinculadas con la justicia y la política interior, en primer lugar la PGR encabezada ahora por Raúl Cervantes Andrade, no ha tenido empacho en manosear, enmarañar y adulterar el caso, a punta de fi ltraciones no sólo de versiones sino también de imágenes y retazos de documentos reservados. Hasta el punto de que no resulta descabellado prever una eventual exoneración del veracruzano por violaciones al debido proceso.
En un mismo día, por ejemplo, los mexicanos nos enteramos —gracias a fotos difundidas por voceros ofi ciosos del gobierno— que Duarte cayó porque el Sábado de Gloria se asomó por una persiana de su habitación, y que a partir de ese momento comenzó a gestionarse la orden de aprehensión correspondiente.
Otra de esas manos que suelen sacarles las castañas de la lumbre a las autoridades, difundió una foto de Duarte con su esposa, real o supuestamente tomada un día antes, el Viernes Santo; es decir, cuando para justicia guatemalteca se trataba de un honrado ciudadano sobre quien no había motivo alguno para espiarlo.
En todo caso, sobre el maloliente asunto Duarte fl ota una nube de dudas y sospechas, cuya consecuencia ha sido arrancarle expresiones barriobajeras al Jefe del Estado, inocentes anuncios de un código de ética del presidente de la Conago, Graco Ramírez, y anuncios presidenciales, desde Veracruz, de combate en serio a la impunidad.
No nos dejemos engañar. La credibilidad gubernamental ahora pasa por ver en la cárcel a los prevaricadores.
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Fuente: Crónica.
















