Por: Vicente Bello.
A matacaballo, el jueves 27 de abril de 2017, las dos Cámaras del Congreso de la Unión se perfilaron la tarde-noche hacia la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones de este segundo año de la 63 Legislatura.
Una de las leyes que sólo aprobarán parcialmente –únicamente el Senado la aprobó, y quedará pendiente que lo haga también la Cámara de Diputados-
es la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición de Personas Cometidas por Particulares.
A pesar de que, legalmente, tienen hasta el próximo domingo 30 para trabajar, diputados y senadores, ya despachaban con gran celeridad las órdenes del día de sus respectivas sesiones ordinarias de ayer.
Esta nueva ley nació con el sello de la discordia bien impreso en la carátula y en cada una de sus páginas.
Por un lado, y ha sido motivo hasta de felicitaciones por parte de organismos internacionales como la ONU, esta nueva ley reconoce el tipo penal de desaparición forzada y lo coloca como un delito imprescriptible y permanente. Y, de paso, mandata la creación de un nuevo sistema Nacional de Búsqueda, para lo cual debe crearse una nueva institución pública: La Comisión Nacional de Búsqueda, así como también Comisiones Locales de Búsqueda en cada una de las 32 entidades del país.
Un fuerte reclamo opositor fue el hecho de que el PRI y su alcahueta rémora Pvem si bien aceptaron la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, se cuidaron perfectamente bien de no permitir, cuando menos, de dos cuestiones sensibles para la sociedad:
1: No se responsabilizará a quienes ordenan a las fuerzas públicas incursionar en acciones delincuenciales, como la desaparición de personas en el marco de lo que se conoce como desapariciones de Estado.
Y 2: La Comisión Nacional de Búsquedas no tendrá “ni dientes ni presupuesto” para ponerse a buscar, con contundencia, a los desaparecidos, ya recriminaban, una y otra vez, al PRI, los senadores del PRD, PT y PAN, a pesar de que prácticamente todos los legisladores la votaban en pro, porque –ya decían más de cinco en la tribuna- no se puede regatear el mérito político de todos en el sentido de que es una ley con sus virtudes.
Es decir, esta nueva entidad no nacerá con las facultades suficientes, necesarias, para no sólo poner a la vergüenza a quienes -desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasado por gobernadores-, vayan a tener que responder ante la barandilla cuando se hagan los ciegos o los sordos en materia de desaparición de personas. O inclusive cuando sean ellos quienes ordenen delinquir a policías o soldados.
Pero tendrá las virtudes siguientes: “Se establece que a quien incurra en este delito se le impondrá una pena de cuarenta a sesenta años, y de diez mil a veinte mil días multa, además de que dichas sanciones pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando la persona muera, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, sea periodista o defensor de derechos humanos.
“También, a la desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
“Igual, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, cuyo objetivo es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano.
“Y para tales efectos, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, a quien se mandata la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.
El senador Manuel Bartlett Díaz fue uno de los críticos a la ley de marras. Y fue él quien decía: “Mientras en la Ley contra Desaparición Forzada no se estipule la responsabilidad de superiores jerárquicos, no se tendrá ningún impacto contra la masacre que vive nuestro país”.
En la tribuna, Bartlett advirtió: “De no incluirse la responsabilidad de los superiores, es inútil continuar con el procesamiento de esta ley, porque sabemos que la desaparición forzada proviene de los mandos superiores”.
Escocía. Ya. Ya. Escocía Manuel Bartlett a los senadores del PRI, y más de cinco se removían en sus escaños, intolerantes, gritando al que presidía que le midiera bien el tiempo al orador.
Entonces fue cuando el senador opositor preguntó: “¿No es la autoridad superior la que mandó ametrallar una zona habitacional con un helicóptero?, ¿no es autoridad superior quien participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?
“Los mandos superiores son los que mandan matar, son los que permiten que desaparezcan y, no están responsabilizados, entonces no se está responsabilizado nadie”.
Y volvía a escocer: “Hay pruebas de que ahí estaban los militares, policías judiciales también. Y representantes del gobierno mismo. El C4 había informado de todo eso. Y están los datos de esas personalidades ligadas a la desaparición de los profesores de Ayotzinapa.
Si escamoteamos la responsabilidad de los superiores, pues para qué seguimos… porque esto es un asunto de superiores jerárquicos. De altos niveles. Un asunto que vincula a quienes ordenan y a quienes ordenan hay que responsabilizarlos por esos hechos.
“Nos demuestran que esta ley no es la ley que necesitamos. Es un acuerdo, una aceptación a medias. Fue un debate en el que losa representantes de Gobernación cerraban (el diálogo legislativo) aquí, lo cerraban allá. Había siempre resistencias del gobierno de la República. Y este esfuerzo nos lleva a esa simulación en esta asamblea, de que sólo logramos un poquito…
Ya noche, seguían las cámaras. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















