Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
En el mediano y largo plazo, las variaciones de precio están determinadas por la cantidad de bienes disponibles en el mercado.
Para sorpresa de muchos, en el Senado de la República un grupo de legisladores decidieron promover reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar el aumento de precios
cuando las causas sean injustificadas y atribuibles a fenómenos naturales o a contingencias sanitarias.
La idea, que puede parecer políticamente correcta y hasta socialmente admirable, por la ingenuidad (por decir lo menos) de sus promotores, que no entendieron que en una economía tan abierta como la mexicana si la iniciativa no es una aberración, desnuda la calidad, cultura y la capacidad de análisis de nuestros congresistas.
El panista José de Jesús Santana, senador por Aguascalientes y miembro de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se lució en reciente explicación para el periódico Reforma (4 de mayo de 2017) sobre las razones para impedir los aumentos de precio.
Contradictorio en sus afirmaciones, o en una sintonía diferente a la economía elemental, comentó que a partir de ahora los proveedores ya no podrán incrementar injustificadamente los precios (¿antes sí?), por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendrá que dedicarse a analizar si se justifica el encarecimiento de los precios de productos de consumo generalizado, ya sea por un fenómeno natural, meteorológico o sanitario y, en consecuencia, imponer multas.
Quizá por ser abogado de profesión, el senador no contempló que en la economía hay situaciones específicas que modifican el valor de los productos, principalmente por la oferta y la demanda. Que las variaciones en los precios a corto plazo pueden estar determinadas por la cantidad de los bienes o servicios que se colocan en el mercado en un día, también por los cambios en la demanda y, de manera muy destacada, por la disponibilidad en el mercado de los productos en términos competitivos.
En el mediano y largo plazo, las variaciones de precio están determinadas por la cantidad de bienes disponibles en el mercado. En el caso de alimentos depende de la cantidad producida, de las necesidades de consumo, pero también de los costos y la disponibilidad de almacenamiento y de transporte, además de los cambios climáticos. Todo esto afecta a la demanda, no sólo por el precio del bien tradicional sino por la presencia de bienes más competitivos.
Sin duda, la estacionalidad puede ser determinante en términos de competencia económica, además de que los precios pueden fluctuar en respuesta a cambios repentinos a la oferta y la demanda.
En economías abiertas y democráticas, como suponemos a la mexicana, temas circunstanciales como el mal tiempo o huelgas, por ejemplo, pueden cambiar radicalmente el valor de los bienes y servicios demandados por efecto del fenómeno de escasez que, de ser provocada, tendrá una doble sanción: la del mercado y la de las autoridades regulatorias, situación que el cambio senatorial no alcanzó a ver, entender, o se está duplicando, y que para corregir esta falla se abren fronteras para sustituir la carencia o se establece un subsidio.
Supongamos que se presenta una situación de escasez. El mercado reacciona de inmediato. Por un lado, con precios altos, pero también se dejan de comprar esos bienes que se encarecerán. Los minoristas competirán por los productos más demandados para satisfacer a los consumidores que buscarán, en función de sus posibilidades, recuperar sus provisiones. El mercado buscará normalizar la oferta y los precios descenderán, aunque la cantidad ofrecida sea la misma.
De tal manera, es claro que los políticos no entienden lo que legislan y, para colmo, duplican medidas.
Afortunadamente el dictamen de este cambio fue turnado a la Cámara de Diputados y se espera que sea analizado y votado negativamente en el próximo periodo ordinario, que inicia el primero de septiembre.
Los consumidores sufrimos estas deficiencias culturales con leyes y reglamentos a veces innecesarios, pero también con abrumantes excesos contradictorios como la decisión votada hace unos días para restar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que los legisladores le arrancaron la posibilidad de garantizar y defender los derechos de las audiencias.
Estos temas, entre otros más, abonan en la incertidumbre y en la inseguridad ciudadana.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















