Por: Viridiana Ríos.
Que no haya héroes, que no haya mártires, que no haya muertos. Que no haya quien muera por denunciar la corrupción. Que no los haya, no porque no sean necesarios, sino porque los mártires no son la forma de reducir la impunidad. Al contrario, la incrementan porque generan miedo en otros. Reflexiono sobre tres mecanismos necesarios para verdaderamente reducir la corrupción.
El mayor reto del Sistema Nacional Anticorrupción es lograr que los funcionarios de las instituciones que lo integran hagan su trabajo. La Fiscalía Especializada, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todos tienen leyes, mecanismos y procedimientos. La cuestión es que no siempre los siguen.
Esto no es menor. Sabemos, por ejemplo, que Juan Manuel Portal, auditor superior, ya había presentado, desde noviembre de 2014, las primeras denuncias de hechos en contra del gobierno de Javier Duarte en Veracruz ante la Procuraduría General de la República. Eso dijo a Excélsior en noviembre de 2016. Aun así, dijo, no pasó nada.
Los funcionarios deciden no actuar por tres razones: corrupción, incapacidad y miedo. De estas tres, la primera se evitará cuando las dos siguientes se solucionen, la segunda requiere un compromiso fuerte en materia presupuestal y operativa, y la tercera tiene (y puede) ser resuelta de inmediato y con relativamente poco presupuesto.
La única forma de lograr que los funcionarios actúen es quitarle el sello personal a cualquier denuncia de corrupción, o a cualquier procedimiento en la materia. En la medida en la que se haga, se logrará que más personas puedan proveer de información para las investigaciones.
Tres acciones son necesarias para quitarle lo “personal” a las denuncias y acciones:
Primero, necesitamos crear una plataforma digital de denuncias, con mecanismos claros de selección de casos, que permita que las personas que la utilizan no puedan ser identificadas. El reto mayor no es la denuncia anónima (eso se logra con tecnología), sino la selección de qué casos reportados serán investigados primero. La plataforma no puede convertirse en una cacería de brujas donde se presenten argumentos falsos o se elija investigar primero los casos de un grupo o de otro. Se tienen que tener criterios transparentes y probados para decidir cómo investigar las denuncias y, sobre todo, qué investigar primero. Asimismo, bajo ninguna circunstancia se debe asumir que una persona es culpable sólo por la presentación de evidencia. Tener evidencia no debe equipararse a la sentencia o al desprestigio público.
Segundo, se deben crear protecciones reales para los periodistas y para dar seguimiento a los casos que estos presentan. Por mucho tiempo se ha asumido que la lucha anticorrupción se detona por periodistas kamikazes que dan chiflidos de información privilegiada. Si bien esto a veces sucede, no es así como se combate la corrupción de forma sistémica. Para combatirla no se puede confiar en periodistas mártires, porque esto es simplemente ineficiente. Probablemente docenas de periodistas dejan de reportar notas relevantes cada vez que se dan cuenta de que alguien murió por hacerlo. Docenas de investigaciones pueden quedar silenciadas por un mismo gatillo. No queremos héroes porque por cada héroe se pierden muchas batallas.
Finalmente, se deben crear mecanismos de selección autónomos para los funcionarios que laboren en cada una de las instituciones que conforman el SNA. Los auditores estatales difícilmente podrán cumplir con su labor si sus dirigentes son propuestos por los gobernadores y avalados por legislaturas locales sin verdadera oposición. Para que la corrupción pueda atacarse en todos los niveles de gobierno, debemos asegurarnos que las instituciones locales sean autónomas, de forma que el verdadero trabajo de los funcionarios no sea ser leales, sino ser funcionarios públicos.
Hace unos meses, la Auditoría observó que 31.7 mil millones de pesos otorgados a los estados, municipios y universidades locales fueron daños al erario en 2015. Esto equivale a casi todo el presupuesto del programa Prospera para el mismo año (39.8 mil millones) ¿Cómo haremos para que esta vez sí pase algo?
Fuente: Excélsior.
















