Por: Juan Manuel Asai.
Jefes de bandas criminales en diferentes plazas del país ordenan la ejecución de periodistas que difunden información que les disgusta. Lo hacen porque pueden. Nada les cuesta. Les sale gratis. No tienen que encarar ni la incomodidad de un interrogatorio. La posibilidad de que el gobierno emprenda una investigación seria, profesional, expedita, que les acerque la lumbre a los aparejos, es nula.
En el asesinato de periodistas hay carpetazo garantizado. La impunidad es la regla que (casi) nunca se toca.
Por eso razón, las ejecuciones se repiten. Se llevan a cabo cada vez con mayor cinismo. A Javier Valdez lo mataron a plena luz del día. Un par de sicarios le dio 12 tiros a la mitad de una calle en Culiacán a unos metros de la oficina del medio de comunicación en el que trabajaba. No aguardaron la complicidad de la noche, no lo siguieron sigilosos hasta un callejón abandonado, no le tiraron desde lejos. Nada de eso. El propio modus operandi es un mensaje de intimidación para el gremio y también para la sociedad: “Matamos cuando queremos”. Ni la policía, ni las cámaras de seguridad ni los posibles testigos los detienen. La foto del cuerpo del periodista tirado boca abajo, con su peculiar sombrero como corona fúnebre, completa el mensaje.
La libertad de expresión en México tiene limitaciones severas. Los chilangos no lo vemos porque la ciudad se cuece aparte. Aquí puede uno todavía publicar cualquier asunto en la prensa o en las redes sociales sin más riesgo que el de la irrelevancia, pero la CDMX no es, en estos temas, por desgracia, el país. Hay entidades donde los periodistas, lo digo sin estridencia, se juegan la vida. Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa encabezan la lista, pero hay más. La mayoría de colegas opta por evitar los temas espinosos y cubren de otras cosas, sobre todo la grilla local, los deportes o los eventos sociales de la comunidad como bodas, bautizos o funerales, pero nada sobre los poderes fácticos, comenzando por el narco. Pero hay algunos que sí le entran y están en riesgo permanente de que el jefe en turno de la mafia local amanezca de mal humor y ordene liquidarlos.
Se multiplican los periodistas muertos en el cumplimiento de su deber. Las autoridades locales y federales tienen un “machote” de declaraciones para toda ocasión. En el caso de los periodistas muertos, condenan el hecho, expresan condolencias a los familiares y ofrecen una investigación hasta donde tope. Después se olvidan del asunto y se van a comer perdices. La indignación de los colegas del gremio dura un par de días y después la rutina diaria de la información los engulle. ¿Será igual en el caso de Valdez? Por lo pronto, la reacción ha sido mucho más airada que otras veces. Algunos informadores hicieron ayer un paro de labores por la violencia, pero ya hoy están de regreso a las redacciones.
Es importante apuntar que los ataques a periodistas lo son a la libertad de expresión, que es aspecto medular de la democracia. Los que matan periodistas establecen una línea editorial sobre los límites entre lo que se puede y lo que está prohibido publicar en la localidad donde ejercen el poder real. Son censores salvajes. Algunos de ellos, como si fueran encargados de Relaciones Públicas, fichan periodistas a cambio de una mensualidad, a manera de embute. Los que no reciben la atención los ponen ante la vieja disyuntiva de plata o plomo. A Javier Valdez le tocó bola negra. Hoy lo están velando.
@soycamachojuan
Fuente: Crónica.
















