Por: Vicente Bello.
En comisiones, ayer, una fuerte disputa fue protagonizada entre el PRI y Morena en torno de un presunto hecho de corrupción en Petróleos Mexicanos. El PRI encubriéndolo a toda costa; el Morena intentando que se investigue. Pero con el apoyo del PAN, PVEM y PANAL, el priísmo salió avante.
Morena en voz de Rocío Nahle, diputada de Coatzacoalcos,
pidió este martes a la Comisión Permanente que aprobara un dictamen de Punto de Acuerdo, en el que se planteara la investigación y renuncia de María Rosario Brindis, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, y sepa el país por qué ella “otorgó contratos a la empresa Strategic Excellence, adonde trabaja su esposo, Alberto Ríos Treviño, y a quien se le adjudicó de forma directa un contrato sin licitación de 567 millones de pesos para el servicio a unas plataformas”.
Cinco cosas pidió Rocío Nahle al Pleno de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente:
1.- Que el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, aplique medidas cautelares.
2.- Que la Secretaría de la Función Pública realice la investigación correspondiente.
3.- Que separe de su cargo a María Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de esa empresa, por su presunta intervención para que se le otorgaran contratos a su esposo.
4.- Que la Procuraduría General de la República inicie las investigaciones contra Brindis Álvarez por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.
5.- Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México.
El triunfo del PRI consistió en evitar que el Punto de Acuerdo propuesto por Morena incluyera los cinco puntos. Y sólo permitió el paso de dos:
a). Que únicamente los despachos presidenciales de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes investiguen el caso de acuerdo con sus atribuciones.
El PRI respondió a través de sus senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo (Sinaloa), Verónica Martínez Espinoza (Jalisco) y del diputado federal Jericó Abramo Masso (Coahuila): Puro argumento mañoso.
Dijo Diva Hadamira: “Como los legisladores no son ministerio público, y como la denuncia no ha sido resuelta, es propicio solo solicitar el informe a la SFP. Es oportuno esperarse a que resuelva la autoridad correspondiente; y en segundo lugar, me parece que el derecho del peor de los delincuentes, es el derecho a audiencia”.
Verónica Martínez: “El Senado de la República no debe invadir las funciones de otros Poderes de la Unión, si no se quiere que se haga lo mismo con la autonomía del Legislativo”.
Y el diputado Jericó Abramo: “La Secretaría de la Función Pública debe, primero, facilitar a los legisladores todos los datos que tenga sobre la investigación, para que así puedan dar una opinión seria”.
Y la argumentación de los opositores:
Rocío Nahle: “José Antonio González Anaya (titular de Pemex) debe tomar medidas cautelares, debido a que la denuncia contra Brindis Álvarez –quien también es presidenta suplente del Comité de Transparencia– es por presunto tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y conflicto de interés, al haber intervenido para que Pemex Exploración y Producción otorgara contratos a empresas de las que su cónyuge es representante”.
Apostilló Nahle: “Este Punto de Acuerdo surge de una denuncia hecha porque la Enlace Legislativo de PEMEX con todos los Congresos de los estados, el Senado y la Cámara de Diputados, incurrió en tráfico de influencias, abuso de poder y mil cosas”.
Y reiteró: “También, que la PGR inicie las investigaciones por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones de Brindis Álvarez, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México”.
Incluso, Rocío Nahle conminó a los legisladores del PRI “a ser congruentes con todas las acciones que se han emprendido en materia de transparencia y anticorrupción en el país, debido a que casos como el de Brindis Álvarez son protegidos por la opacidad y múltiples trabas para que no se esclarezcan”.
Y entonces advirtió al Pleno: “Así ocurrió con el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien recibió sobornos por cinco millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, para que se le otorgaran jugosos contratos por parte de la empresa productiva del Estado”.
Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena, dijo: “Es necesario que María Rosario Brindis sea separada como titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex, con el fin de que las investigaciones fluyan de manera correcta, dada la magnitud y lo delicado del tema”.
Y remachaba: “Es una funcionaria que forma parte del Comité de Trasparencia de Pemex. Esto es importante por el propio caso; hay problemas de transparencia de Pemex. Nosotros hemos solicitado los contratos en el tema de Odebrecht y nos responden que no tienen ninguna información”.
Y los del PRD Dolores Padierna Luna y Fernando Mayans Canabal.
La Padierna: “Los 567 millones de pesos de esta adjudicación directa exceden lo establecido para este tipo de contratos; además, se presume tráfico de influencias”.
Y Mayans: “El dinero del país se está yendo al caño de la corrupción”.
Este debate continuará hoy, en el Pleno.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















