Por: David Gutiérrez Fuentes.
Otra vez organismos internacionales de reconocido prestigio, consultados por quienes toman decisiones de inversión en la economía global, ponen el acento sobre nuestro país con la publicación de los grados de corrupción que ocupamos en el medidor global al colocarnos junto a las naciones más putrefactas. De manera alegórica ese medidor podría estar representado por una gran nariz.
Somos el país número 93 y lucimos un nada alegórico color rojo en una escala cromática a la que sólo le sigue el marrón que ostentan un puñado de países bananeros como Yemen, Irak o Venezuela, nación latinoamericana menos violenta que nosotros de acuerdo también con calificaciones internacionales.
Es decir, a la medalla de plata que portamos como segundo país más violento del mundo después de Siria y ante la que pocos, muy pocos, mostraron signos de alerta, podemos sumar ahora el sitio que Transparencia Internacional nos otorga en corrupción: ¿Con qué retórica de marras saldrán ahora los secretarios de estado para negar, una vez más, nuestra realidad bananera?
La verdad esas respuestas no deberían preocuparnos demasiado. En una escala en la que 100 equivale a una percepción de ausencia total de corrupción en el sector público y cero a una imagen de entidades públicas muy corruptas, México se gana, empatado con Paraguay y Honduras, el escaño 123 de los 176 de la tabla con un total de 8 encuestas practicadas, las suficientes si consideramos que Eslovenia fue el único país en el que se aplicaron 10 y en muchos otros el número de las mismas fue inferior a 8. Son resultados de 2016, antes de los escándalos de los gobernadores prófugos, los financiamientos a campañas vía la construcción de circuitos vehiculares concesionados y los sobornos que en otros países se investigan y aquí sencillamente las autoridades ignoran olímpicamente.
En ese contexto, preguntarnos qué opinan del hedor que despiden no sólo es absurdo, es cada vez menos útil, porque gobiernan al amparo impunidad.
Lo que debemos preguntarnos, y sólo lo hacemos unos cuántos y a veces en contextos muy acotados, es qué demonios nos pasa a nosotros que le permitimos a las instituciones estos alarmantes niveles de corrupción gracias a los cuales la violencia se desborda por todos los frentes.
¿Cómo fue posible el asesinato de Javier Valdez a plena luz del día al salir de su trabajo tras una reunión editorial? ¿Cómo fue posible que mataran a balazos en su propia casa a la activista tamaulipeca Miriam Rodríguez, madre de una hija secuestrada y asesinada por el crimen organizado? En este orden de preguntas podríamos añadir muchos nombres y hacer una lista enorme, pero es momento de cambiar la naturaleza de los cuestionamientos, asumir la autocrítica sin dejar la crítica: ¿Cómo es posible que todos los días amanezcamos con noticias espeluznantes por su grado de violencia o corrupción y hagamos casi nada para detener este lamentable estado que guarda el país? ¿Cómo es posible que resultemos cada vez más insensibles a la barbarie que ya es cotidiana y por lo tanto también nos degrada?
La locura está desatada, el Estado es complaciente con ella y la fomenta con torpeza o inusitado ingenio. Ya sabemos desde hace mucho que la violencia no sólo es asunto de narcos, defensores de derechos o periodistas, aunque por los dos últimos casos en nada nos diferenciamos dictaduras militares. La violencia es un brazo operativo del sistema, corrupto por naturaleza, debemos detenerlo de manera más activa o asumir que ignorándolo es vivir instalados con toda comodidad en la esquizofrenia. Ocupémonos de lo que nos atañe. ¿Por qué somos así? Ese debate está en pañales.
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Letras al pie
De la página de No Patio Tlalpan extraigo dos párrafos que son buenas noticias para los capitalinos:
“El juez de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la CDMX emitió la sentencia de la Acción pública interpuesta por vecinos de Santa Úrsula Xitla en contra de Patio Tlalpan, declarando ilegal la construcción del centro comercial.
“Tanto la Seduvi como la administración anterior de la Delegación Tlalpan, emitieron sus autorizaciones sin contar con el Dictamen Técnico de Patrimonio Cultural Urbano. El juez ordena la demolición y restituir a los demandantes las condiciones previas a la construcción.”
Twitter: @dgfuentess
Fuente: Crónica.
















