Por: Vicente Bello.
Diputados federales del PRI, PAN, Pvem y PRD se pusieron ayer a hablar sin pudor de corrupción e impunidad en los territorios de San Lázaro, cuando la Comisión de Vigilancia entregó las conclusiones y recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2015.
Los legisladores Luis Maldonado Venegas, del PRD; Enrique Salazar Farías, del Pvem; Minerva Hernández Ramos, del PAN, y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia,
PRI, entre otros, entregaron un documento a la Auditoría Superior de la Federación, con comentarios e interrogantes derivados del análisis que hicieron al informe de resultados que la ASF entregó el pasado febrero sobre el Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta Pública 2015.
En el documento de marras, los diputados entregaron a Juan Manuel Portal Martínez, el titular de la ASF, y allí han hecho 15 recomendaciones al análisis de la Cuenta Pública 2015, y han propuesto la ejecución de 50 auditorías a distintos programas, 21 estudios y 22 evaluaciones de políticas públicas.
Incluso, en voz de Maldonado Venegas, presidente de la comisión de Vigilancia, han llamado al Senado de la República para que en un periodo extraordinario –al que ya convoca el PRI y el PAN a través de otras voces- se “resuelva el tema pendiente del Fiscal Anticorrupción”.
Este asunto quedó en el vacío cuando, precisamente ellos, los del PRI, PAN, Pvem y PRD, acordaron dejar pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción el día en que aprobaron –mayo de 2015- ese conjunto de leyes supuestamente destinadas a combatir la corrupción y la impunidad.
Entonces, mediante una reforma constitucional, crearon el Sistema Nacional Anticorrupción; pero a propósito, adrede, dejaron prácticamente desjarretado al SNA, al no aprobar el nombramiento del fiscal.
Durante el debate, diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PT- criticaron que aquellos estuvieran promoviendo la reforma anticorrupción, pero haciéndose los desentendidos con el nombramiento del fiscal, lo que imposibilitaría al nuevo Sistema Nacional a echarse a caminar para combatir lo que más jode a los mexicanos: la corrupción, permitida por este sistema político mexicano prohijado por el PRI y secundado, fundamentalmente, por el PAN, PRD y Pvem.
Todavía el pasado 15 de febrero se esperaba que cumplieran con la fecha fatal, de tener que hacer el nombramiento del fiscal; pero, mañosos hasta las cachas, los diputados y senadores del PRI, PAN, Pvem y PRD, se hicieron los sordos, y es hora de que el fiscal todavía no existe.
Casualmente, justo ahora en que el PRI está atormentado ante la sería posibilidad de perder uno de los bastiones más grandes que tiene la clase política priísta para ejercer la corrupción con total impunidad y cinismo, el estado de México, salen con su anuncio de que irán por un periodo extraordinario que atienda el nombramiento pendiente.
Esto fue lo que dijeron algunos de ellos:
Luis Maldonado: “Se requieren fórmulas que ataquen frontalmente el fenómeno de la corrupción, un mal endémico que ha permanecido por siglos en el país. Probablemente no tengamos la capacidad de acabar con ella y quienes sugieren que pueden y lo van hacer de manera mágica o través de un decreto, me parece que es una oferta demagógica, pero lo que sí podemos es terminar con la impunidad”.
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del PRI: “Ha sido de gran importancia (la creación de) Sistema Nacional Anticorrupción, porque fortalece la cooperación entre instituciones para enfrentar la impunidad, a través de un enfoque multifactorial en lugar de sólo atender eventos aislados. Es indispensable fortalecer el canal de comunicación entre legisladores y la ASF, a fin de generar retroalimentación con respecto al uso y destino del gasto”.
Enrique Salazar Farías, del Pvem: “La corrupción tiene harta a la sociedad, hay escándalos en todas partes y la población ya exige un cambio. Si la ley actual no es suficiente para castigar a los corruptos, hay que modificarla a fin de coadyuvar a detectar irregularidades y sancionarlas”.
Maricela Contreras Julián, del PRD: “Se duplicaron las malas prácticas y eso no es otra cosa, sino muestra de una grave impunidad y un sistema permisivo de corrupción. Al no ser castigados los responsables, es un asunto que se alienta. La Cámara de Diputados, por ejemplo, debe el análisis real de las Cuentas Públicas del 2003 al 2015; en ese sentido, cuestionó sobre cómo sería posible recuperar confianza institucional, cuando hay licencias de impunidad para gobernadores donde prolifera el compadrazgo y la protección en el mal manejo de recursos”.
La panista Minerva Hernández Ramos: “En las conclusiones entregadas a la ASF se señala la probable recuperación de 63 mil 442 millones de pesos. Habrá que estar pendientes de que los entes auditados presenten la documentación correspondiente sobre el destino de ese monto. Es importante el reintegro de las cantidades observadas por la ASF como recursos públicos que se usaron para un fin distinto al previsto por la normatividad”.
Pero no todos cargan el sino del descrédito. Manuel Clouthier, diputado independiente, dijo con autoridad moral: “Ante la realidad actual, el reto fundamental es construir la credibilidad en las instituciones, que hoy padecen un déficit de confianza y su fiscalización no da resultados. Además, observamos crecimiento de la corrupción tanto en el ámbito federal como a nivel estatal”.
Y apostillaba: “No se puede cambiar una cultura de secrecía e impunidad sin que haya sanciones. Tiene que haber castigos en la ley, pero también sancionados para acabar con este fenómeno que brota como pus en la administración pública”.
Así suelen hablar PRI, PAN, Pvem y PRD en vísperas de elecciones.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















