Por: Vicente Bello.
El Congreso General, conocido popularmente como el Congreso de la Unión, tiene en la función de control político la justificación para meterse prácticamente en todas las cosas públicas del país; pero no lo hace porque permanece bajo el control político y administrativo de dos partidos de actuación gangsteril: El PRI y el PAN, a los que desde hace unos años se les ha sumado el PRD.
Si bien es más conocida la función legislativa, la de construir leyes, es la función del contrapeso la que da al Poder Legislativo el rostro que todos los mexicanos desearían que mostrara todos los días: la cara de una institución del Estado que defiende a ultranza la rendición de cuentas.
Para infortunio de México, el Poder Legislativo mexicano ha sido durante décadas sólo un triste simulador como representante de la nación; apenas rescatado por la participación de legisladores o grupos parlamentarios excepcionales, a lo largo de su historia contemporánea.
A final de cuentas, el debilitamiento endémico del Congreso mexicano fue prohijado por el sistema político instaurado por el PRI, con el propósito de que la Presidencia de la República fuese la poderosa en México, y no las instituciones que se decían tener la representación del pueblo.
Durante décadas, las dos cámaras del Congreso tuvieron en la Gran Comisión la representación categórica del presidencialismo priísta.
La Gran Comisión era la expresión absoluta del poder del presidente de la República. Se acabó cuando, en 1997, por primera vez en la historia post revolucionaria del Congreso mexicano, el PRI perdía la mayoría, para convertirse en la primera minoría, con 242 diputados federales.
La Gran Comisión –en la realidad, una suerte de gran capataz al interior de las cámaras- desapareció, para dar lugar a nuevas figuras de gobierno, entonces consideradas más democráticas, aunque con el paso de los años han terminado rezumadas por el PRI.
El poder ejercido en la Gran Comisión se partió para democratizarlo aparentemente en las nuevas figuras de gobierno: la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
La mesa directiva era en los tiempos de la Gran Comisión un remedo de gobierno. Entonces sus integrantes eran renovados mensualmente. A partir de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de agosto-septiembre de 1999, la mesa adquirió una notoriedad inédita: sería anual y ahora sí el presidente tendría un protagonismo político que
antes no tenía.
La Junta de Coordinación Política sería integrada por solamente los coordinadores de los grupos parlamentarios y su voto sería ponderado.
Y la Conferencia sería en realidad la suma del presidente de la mesa directiva mas los coordinadores integrantes de la Junta.
En la mesa directiva deben confluir diputados –o senadores, en el caso del Senado- que al interior de sus respectivos grupos parlamentarios supuestamente se han distinguido por estudiosos de la técnica legislativa o del derecho
parlamentario.
Si esto ocurrió en el principio (finales de la 57 Legislatura, y en la 58 y 59), después fue notorio cómo llegaron a la mesa legisladores afines a las cúpulas, o recomendados de los líderes nacionales de los partidos, gobernadores o de la presidencia de la República.
En el caso de presidente de la mesa directiva, al principio intentaron que prevaleciera el criterio de proponer cada grupo parlamentario a los diputados que tuvieran como cualidad básica la prudencia, capacidad negociadora y, sobre todo, que se distinguieran por su buena camaradería con los legisladores de la mayoría de los otros grupos parlamentarios. Sólo así los aceptarían el resto de legisladores.
Al parecer lo intentaron en las legislaturas posteriores a la reforma aquella; pero ya mucho después, particularmente ahora en este sexenio, aquellas virtudes para ser presidente de mesa directiva valieron madre.
Sobre todo los que han sido del PRI, han sido inobjetablemente productos del dedo del presidente Enrique
Peña Nieto.
La Junta de Coordinación Política siempre ha estado bajo el control del PRI, por su condición de partido de la primera minoría. Al tener el voto ponderado (el voto de un coordinador está directamente proporcional al número de diputados que representa), el PRI suele tener la última palabra. Aunado a lo anterior, el PRI ha contado históricamente con la complicidad de coordinadores del Pvem, PAN, Panal, Pes, y, desde mediados del sexenio de Felipe Calderón, también del PRD.
La Conferencia es una vacilada de órgano de gobierno. El poder real lo tiene la Junta. Y dentro de la Junta, el PRI, mediante esos dos factores: el voto ponderado y la alianza con sus rémoras y demás partidos afines.
Siendo el PRI el partido que ostenta la Presidencia de la República, el Congreso ha terminado siendo una suerte de Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal, que sólo responde a los intereses y llamados que conviene a quienes ejecutan el poder público en México.
Y quienes tratan de ejercer la función de control político o de contrapeso, pues es la oposición. Pero la verdadera, porque hay que aclarar que en el Congreso mexicano la mayoría de los grupos opositores son una falsedad, una simulación. Una farsa.
Al menos en esta y la anterior Legislatura, sólo un partido fue sobresaliente en su trabajo de opositor al régimen: El que lidera Andrés Manuel López Obrador, aunque al menos en el Congreso, seguido muy de cerca por el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.
En el PRD siempre hubo un grupo de diputados y senadores que asumían con rigor su papel de contrapeso. Pero terminaban topándose con sus dirigencias vendidas a la Presidencia.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















