Por: Vicente Bello.
El día que mataron al periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, un clamor exigiendo su esclarecimiento y castigo de los responsables se escuchó al unísono, dentro y fuera del país.
Organizaciones periodísticas como Artículo 19 se escucharon con gran estruendo, como también la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, e incluso periódicos como El País y The New York Times abrieron con sus editoriales la exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto
que ya no se hiciera el occiso y se pusiera a investigar y a parar de una buena vez las agresionesa periodistas y medios de información mexicanos.
A Valdez nadie debe regatearle la valentía y el arrojo con que asumió el oficio de reportero. No es lo mismo escribir de lejos que escribir allí, a las puertas mismas del infierno. Y esto fue lo que hacía el compañero de Sinaloa, cuando se ponía a escribir de narcotráfico; como, sin lugar a dudas, también en este preciso momento siguen escribiendo decenas de compañeros reporteros en zonas marcadas por la muerte, como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, y una veintena más de estados de la República.
En su sesionar del miércoles pasado, la Comisión Permanente abordó el tema de las agresiones a periodistas. No deja de verse lerdo, cuando es un asunto que diariamente es abordado por periodistas, asociaciones de periodistas, periódicos incluso extranjeros y por organismos internacionales de la talla de la ONU.
Más que debate, fueron posicionamientos, luego de la presentación de un Punto de Acuerdo, mediante el cual el Congreso dice refrendar “su más amplio compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, por ser elementos esenciales del sistema democrático de gobierno”.
También el Pleno dijo reiterar “su enérgico rechazo”, y condenó “el ejercicio de la violencia en contra de la integridad física y sicológica de los profesionales del periodismo”.
Dictamen de cuatro párrafos. En el segundo, la Permanente “se pronuncia por que el fortalecimiento de las instancias federales y locales responsables de desplegar las medidas de prevención y protección que requieran los profesionales de la comunicación social, para el ejercicio de sus actividades, y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, donde aún no se han conformado a integrar las unidades y/o centros de atención a periodistas”.
En el tercero, dijeron invitar “al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a una reunión de trabajo con los integrantes de la misma”.
Y en el cuarto párrafo, la Permanente exhortó a las cámaras de diputados y de senadores “para que den seguimiento a los casos de agresión en contra de periodistas, y a la implementación de las unidades y/o centros de atención a periodistas en las entidades federativas”.
Comenzaron con la senadora Iris Vianey Mendoza, del PRD, quien dijo: “Es indispensable que en México, siendo un país de libertades (…) es indispensable que demos pasos con mayor precisión para la protección de la vida de los periodistas y para la libertad de expresión, y que esta sea una garantía real”.
Miguel Barbosa Huerta, del PT: “Nuestra realidad es la de un estado mexicano que no tiene capacidad de respuesta ante nada; no tiene capacidad de respuesta ante la creciente violencia, creciente impunidad.
“No tuvo capacidad de respuesta, ni la ha tenido para presentar una política estratégica para combatir esa nueva forma de crimen organizada que es el robo de combustible, el robo de hidrocarburos, y tampoco tiene capacidad de respuesta en relación a la violencia sobre la libertad de expresión y al asesinato de periodistas. ¡No la tiene!
“El lenguaje parlamentario, el lenguaje que se utiliza en las piezas legislativas o en los productos legislativos, como yo les llamo, es importante, pero expresa el papel que se quiere jugar.
“Cómo que ‘atenta invitación’. ¿Por qué no le pusieron ‘¿cordial’? Extiende una atenta invitación al titular de la Fiscalía Especial. Mejor hubiera sido: ‘Atenta, especial, comedida invitación’. ¡No! es un diálogo entre poderes, es una cita a las comisiones de la Comisión Permanente para que hablen de ese tema; no es un agravio a un servidor público, ni a otra institución del poder público. ¡No, no lo es! Es diálogo entre poderes. Por lo menos debería cambiarse, Presidente, a ‘convoca’ al Fiscal Especial a una reunión de trabajo. Y sustituir esa, de verdad, lisonjera expresión de la ‘atenta invitación’.
“La cita debería de ser al secretario de Gobernación, al procurador general de la República, y sin duda, al fiscal especial, al que solamente le invitan una ‘atenta y cordial invitación”. De verdad, no es la respuesta.
“El Estado debe dar, ante una situación tan grave, tan inaceptable. El ‘ya basta’, que hoy se publica en periódicos nacionales, de importantes empresas encargadas de la comunicación política social, televisiva, radio y prensa escrita, importante hacerlo que la Comisión Permanente haga suyo, que la Comisión Permanente se exprese para fortalecer lo dicho en esa publicación a la que se ha dado a llamar ‘ya basta”.
Al final, la diputada del PRI Martha Hilda González Calderón, quien decía que su partido “recibe con una enorme responsabilidad el que hoy se esté presentando a este Pleno este compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo precisamente para poder, en el marco de la Primera Comisión de Gobernación, podamos invitar a la Fiscalía Especial para ver cómo se desarrolla su trabajo en este esquema de contrapesos”…
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















