Por: Vicente Bello.
La ley que combate la tortura, promulgada ya por el Ejecutivo, era objeto de posicionamientos en la Comisión Permanente. “Yo, la verdad, me siento muy contenta de que finalmente tengamos esta ley”, festiva, en tribuna así se expresaba la senadora priísta Diva Hadamira Gastelum Bajo.
Y justificaba también la priísta: “La definición de tortura cambió totalmente; pero además no es una ley solamente y escueta,
tocamos el Código Penal Federal, tocamos la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, también la Ley de Extradición Internacional. No es cualquier cosa lo que estamos promulgando”.
La priísta no era la única que festejaba así esta nueva ley que ha entrado en vigor esta semana, porque también lo hacía Jesús Zambrano Grijalva, uno de los dueños del PRD, quien decía: “Con la publicación de esta ley es indiscutible que se salda una deuda que se tenía con la sociedad mexicana, con muchos miles de mujeres y de hombres que padecieron directamente o a través de las familias de sus seres queridos que muchos pasaron, pasaron, también por etapas siniestras a las que ya nos queremos regresar”.
Una ley contra la tortura, insistía Zambrano, “que tiene un alto valor político también porque estamos queriendo erradicar una cultura que se arraigó durante mucho tiempo, durante décadas en nuestro país y que establece efectivamente disposiciones como aquí ya se ha establecido, disposiciones para los tres órdenes de gobierno en distintas áreas para erradicar esta deleznable práctica del quehacer público, prevenirla y sancionarla”.
Ahora los datos duros de la senadora panista María del Pilar Ortega Martínez: “De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2006 a diciembre de 2015 se recibieron 4 mil 400 quejas sobre trato cruel o degradante en 2012; según la encuesta del CIDE, el 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y el 34.6 declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.
“Otra cifra de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que, de 2000 a 2017, se presentaron 417 quejas en materia de tortura, y en lo que va del año son 56. La Comisión Nacional, en este lapso de tiempo, ha emitido un total de 100 recomendaciones.
“Datos aportados por el Relator Especial de las Organizaciones Unidas sobre Tortura y otros tratos crueles, mencionan que para 2015, la Procuraduría General de la República contaba con 2 mil 450 investigaciones en trámite por el delito de tortura, sin embargo, sólo se contaba con 15 sentencias condenatorias entre 2006 y 2015”.
María del Pilar Ortega continuó: “La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se planteó con el objetivo de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y el establecimiento de formas de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes, los tipos penales de aplicación general, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones que son de oficio y son imprescriptibles”.
Dijo entonces el senador Miguel Barbosa Huerta: “Hay que recordar que en el 2008 se hizo una reforma constitucional muy importante, la del sistema adversarial, es una ley que provocó el desarrollo de un conjunto de otras leyes y reformas a leyes vigentes.
“Si esa reforma del 2008 se concatena con la del 2011, sobre derechos humanos, que es la gran reforma sobre derechos humanos, el cambio de paradigma, como se ha calificado por los juristas y por los parlamentarios, si esas dos reformas se concatenan, el desprendimiento natural es que nuestra legislación se ajustara a los parámetros internacionales, sobre todo en los asuntos sobre tortura.
“Tuvimos que hacer reformas al artículo 73, a su fracción XXI, para establecer la competencia de las Cámaras del Congreso, para emitir una ley general sobre tortura.
“El producto es el resultado de un esfuerzo enorme de los grupos parlamentarios.
“Se ha vuelto más visible los casos de tortura, así de sencillo. Están a punto de caerse muchas de las causas en el procesamiento de responsables en el caso Ayotzinapa. ¿Por qué razón? Porque a pesar de ser responsables muchas de las confesiones está probado que fueron tomadas a través de tortura.
“La tortura se volvió una constante a todos los niveles de la investigación criminal. Desde los presuntos responsables de delitos menores sufrían tortura; las detenciones, ejecuciones y órdenes de aprehensión eran con calentadita o sin calentadita, así constaban.
“En la mayoría de los procesos aún se ejerce presión que puede equivalerse a tortura, la incomunicación, de las detenciones y de los detenidos, en las detenciones de los detenidos, son actos de tortura.
“Vamos a ver si esta ley es capaz de modificar. Las leyes se aprueban con dos propósitos posibles:
“Regular la conducta existente o crear una nueva conducta. Y aquí lo que tiene que hacer, es que se tiene que crear una nueva conducta y una cultura de respeto a la ley por parte de la autoridad.
“Debemos de reconocer que como sociedad tenemos que avanzar; que es un asunto en el ejercicio del poder, sí, es un asunto del ejercicio del poder, pero un asunto dominado por la condición humana, de quienes tienen atribuciones de coacción, quien tiene la atribución para llevar a cabo hechos o acciones de investigación”.
Y celebraba Barbosa, también, la publicación de la ley de marras.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















