Por: RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE.
A poco tiempo de que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, existen varios temas que comienzan a poner en tela de duda su efectividad. Además de que no se cuenta con el fiscal especializado en el combate a la corrupción —por la falta de consensos dentro del Senado—, existe otro tema que es de llamar la atención.
El artículo 108 de la Constitución define que se considera como servidor público,
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Por su parte, el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas actual, señala la obligación a todos los servidores públicos del país —sin excepción— de presentar sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal anual, bajo protesta de decir verdad. Se presume que estas obligaciones impuestas persiguen el objetivo de combatir los actos de corrupción y evitar que se enriquezcan ilícitamente con recursos públicos.
Este enorme universo de información de millones de servidores públicos será sistematizado —de acuerdo con esta Ley General— en una plataforma digital nacional, que servirá al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Hace días, una funcionaria que ocupa un alto cargo en la Secretaría de la Función Pública, me platicó su preocupación por el hecho de que aún no sabían cómo hacer para que todos los empleados públicos vayan a presentar la declaración que antes sólo estaba reservada a los mandos medios y superiores.
Ello se debe a que se prepara una presentación digital de la declaración patrimonial, que implica una dificultad para aquellas personas que no están familiarizadas con el manejo de plataformas electrónicas por falta de capacitación en el manejo de esas herramientas tecnológicas; y, en consecuencia, se teme que muchos dejen de cumplir con dicha obligación.
Lo anterior implica que las personas que laboran en el gobierno —en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, sin importar la naturaleza de su función— serán materia de las acciones y normas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, de observancia general en toda la República.
Lo cierto es que la gran mayoría de los servidores públicos son gente honesta que vive del salario que perciben. En este esfuerzo de dar una respuesta a la justa molestia ciudadana por la creciente corrupción en los altos niveles de gobierno, se hicieron extensivas las nuevas previsiones legales a todos los empleados públicos.
¿Era en realidad necesario, que todos presentaran declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal?
Considero que las medidas anteriores sólo van a generar más burocracia y que este tipo de esfuerzos deberían enfocarse a los servidores públicos tengan nivel de mando y a aquéllos que estén involucrados con el manejo de temas sensibles, como el de fondos y valores, licitaciones públicas, así como los temas de seguridad y justicia, que es en los que se concentran los verdaderos problemas de inmoralidad.
Ojalá que estos disparos de escopeta no sirvan sólo para distraer y mantener ocupadas a las áreas de contraloría, mientras que los verdaderos actores y problemas graves siguen sin ser atacados en realidad.
Como Corolario, la frase del insigne político estadunidense Thomas Jefferson: “La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad”.
Fuente: Excélsior.
















