Por: RODRIGO SÁNCHEZ VILLA.
@sanchez_villa_
* Los servidores públicos no son políticos, en el sentido estricto del término
Continuando con mi texto anterior (https://goo.gl/pUuMnQ), describo otras cinco malas prácticas democráticas que están profundamente arraigadas en México y del que los actores políticos, la academia, los servidores públicos, la iniciativa privada y ese ente indefinido, pero que suele llamarse “ciudadanía” -en oposición a la clase política- son entusiastas practicantes.
1.- Confundir la corrupción con la causa de problemas y no con la consecuencia de la vida en un Estado democrático. La corrupción se ha vuelto el tema central, la idea señera, de la “ciudadanía” contra la clase política. Una idea estúpida por varias razones: la corrupción es un síntoma natural de una organización política democrática, donde la propia clase política está integrada por individuos libres que persiguen sus propios intereses.
La corrupción es un desfase natural y lógico entre el actuar concreto y las leyes que existen. La sacralización del Estado moderno exige un comportamiento franciscano e imposible de llevar a la práctica a políticos y servidores públicos llevándonos a prácticas neuróticas, absurdas y carentes de todo sentido práctico, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que será otro ente (un tumor, más bien) dentro del Estado, cuyo único propósito será vigilar un síntoma natural de la actividad política para dar resultados que, al final del día, en poco o nada beneficiarán a la sociedad. Un auténtico despropósito.
La solución a la corrupción no es moral, es estructural; no se trata de castigar a los “malos” -los corruptos-, sino de tratar de conciliar en una medida razonable los intereses de cada individuo que ejercerá la política o un servicio público con los de la sociedad -quedando estos últimos plasmados en las leyes-: mejores salarios, trato digno, certeza al actuar en su trabajo, una infraestructura legal clara.
2.- La búsqueda de espacios de acción pública y política inauditable e irresponsable, como lo hace buena parte de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), la academia y otros actores de la “sociedad civil”. A través de una apariencia hipócrita de “neutralidad”, personas distinguidas -y otras que no lo son tanto-, actuando colectiva e individualmente, pretenden tener incidencia en las decisiones y vida pública del país, llevándose una tajada de poder y recursos, pero manteniéndose desde su butaca de “ciudadanos” para permanecer inauditables. Los ejemplos son numerosos y, por lo pronto, me vienen a la mente los académicos investigadores del CIDE (quienes viven del erario al mismo tiempo que golpean inescrupulosamente a ese Estado que los mantiene sin morirse de hambre), la “politóloga” Denise Dresser, el “analista” Genaro Lozano y otros tantos personajes similares que todos los lectores identifican con mucha facilidad.
3.- Equivocar el término político, tratando de alejarse de él, aunque la principal actividad de quien hace esto sea la política. Idea boba que, si no me equivoco, en México tuvo sus inicios hace unos diez gracias a Movimiento Ciudadano, que en aquel entonces se llamaba Partido Convergencia. La práctica imbécil -por decir lo menos- presentaba a los figurines de este instituto, que perseguían puestos políticos, a través de un partido político, diciendo que ellos no eran políticos. ¡Caray! ¿Qué hacían entonces? Este discurso inconexo, derivado de los ideales liberales del S. XIX, pero mal aplicados, está erosionando la actividad pública de una forma no solamente escandalosa, sino alarmante, porque se detiene el avance del Estado, la sociedad y los individuos, en su conjunto. Porque, al final, la política se da en la sociedad y de eso se trata: de conciliar los intereses generales de la misma con los intereses individuales de quienes viven en ella, incluidos los propios políticos y los servidores públicos. Como ya he señalado en este columna en muchas ocasiones, un payaso profesional volcado a esta práctica es el estafador llamado Francisco Búrquez, panista senador de la República quien pretende engañar a la gente con el cretino argumento de que es “un ciudadano infiltrado”.
4.- Considerar a los servidores públicos como miembros de la clase política y opuestos, en todo sentido, a la iniciativa privada. Los servidores públicos no son políticos, en el sentido estricto del término. Son empleados iguales a los de la iniciativa privada, con los mismos intereses -servir a la organización para la que trabajan de la mejor forma, recibir una paga y una estabilidad laboral dignas, ser reconocido en el trabajo, etcétera-, y que responden a jerarquías, objetivos y organigramas bien definidos y que, a cambio de su trabajo, reciben un salario. Su única diferencia es que el patrón es el Estado. Sin embargo, ellos no son políticos que viven de la conciliación de los intereses públicos con los privados. No son iguales a un legislador, por ejemplo, o a un líder de un partido político, cuyos incentivos para su acción son distintos. Estos últimos no persiguen un salario, sino la obtención de resultados diversos. Muchas veces, los servidores públicos son las primeras víctimas de los políticos profesionales. Un buen ejemplo de ello es la administración pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), donde sus servidores vieron mermados sus salarios y absolutamente cortadas sus esperanzas de tener incrementos en los mismos gracias a la acción irresponsable y deshonesta de Andrés Manuel López Obrador, quien empujó en 2003 una criminal Ley de Austeridad para el Distrito Federal, partiendo de la idea de que el servidor público debe ganar poco porque eso es bueno para “el pueblo”. La verdad, como cualquiera alcanza a comprender, es que AMLO, con un cinismo excesivo, ganó una enorme tajada en las preferencias políticas a cambio de perjudicar la vida de miles de empleados y sus familias. Y ni quien le reclame esta bajeza.
5.- Emplear discursos que debilitan la acción del Estado -muchas veces intentando beneficiar a determinados miembros de la iniciativa privada-, cuando el Estado es la única organización social auténticamente democrática. Esta acción es bien conocida por todos, pero no es privativa de la democracia mexicana, sino un mal que se vive en prácticamente todo el mundo occidental. El vituperio del Estado es moneda común y, al mismo tiempo, ha demostrado ser dañino hasta el exceso: hoy día es imposible que una acción pública (desde la entrega de una concesión, hasta la detención de bandas criminales, desde la reparación de una tubería hasta la aplicación de una ley) se lleve a cabo sin verse obstaculizada por una “ciudadanía” dizque neutral, pero que todo lo que busca es obtener, para intereses individuales, espacios de poder. Un ejemplo bien conocido es lo que hacen numerosas asociaciones ambientalistas, que frenan el avance de múltiples desarrollos inmobiliarios en todo el país (que están realizados de acuerdo a todas las normas federales, locales y municipales) a cambio de dinero, terrenos o poder político, sin reparar en el daño que causan a empleos, familias y personas que quieren una vida mejor.
En total, he hablado de diez malas prácticas democráticas, que en sucesivos textos desarrollaré como “El Decálogo de la Mala Democracia”, profundizando en cada uno de estos puntos.
Fuente: Sdpnoticiass.com
















