Por: Vicente Bello.
Cada que aparece una denuncia de corrupción o abuso o saqueo a la nación en el horizonte de la República, el Congreso de la Unión debería estar interviniendo desde el ejercicio de su función de control político o contrapeso. Pero no lo hace. Al contrario, diputados federales y senadores –particularmente de los partidos políticos que han conformado la pandilla de poder público más devastadora de la historia reciente del país- callan y dejan pasar todo, alimentando a la impunidad.
Verbigracia: por estos días, uno de los temas más candentes que ha aflorado en la vida pública nacional es el actuar canallesco de las autoridades electorales, que se han hecho de la vista gorda para no ver lo que sucedió, fundamentalmente, en el estado de México.
Ante la mirada de todo el mundo, el presidente Enrique Peña Nieto junto con el PRI, el Pvem y la complicidad del PAN y PRD retorció de tal modo el proceso electoral que hizo ganar a fuerza al candidato de su partido, cometiendo tropelías propias de un super capo de delincuencia organizada.
Es inaudito cómo las autoridades del INE y del tribunal electoral se han hecho los ciegos ante tanta desvergüenza del PRI, en los procesos electorales del 4 de junio reciente.
Otro motivo muy fuerte que tendría el Congreso mexicano para intervenir es el tema de la política exterior, a partir de cuando Luis Videgaray Caso asumió un papel tan vergonzante e infame que jamás un canciller mexicano jugó antes: el de peón incondicional del gobierno de los Estados Unidos en su lucha por meterse a Venezuela y asumir el control de su gobierno a través de títeres impuestos por un golpe de Estado en cierne, y colocar al país venezolano exactamente en el mismo casillero de la infamia donde ya Donald Trump colocó a México, con ayuda de este gobierno infeliz, cobarde y traidor de Enrique Peña Nieto.
Cada que Videgaray y Peña Nieto se arrastran más y se colocan en una posición pasiva ante Donald Trump, México se interna todavía más en el recodo más vergonzoso de toda
su historia.
Ya están entregados, sumisos, sometidos, agachados tanto el canciller y el sujeto ese que cobra como presidente de México. Y mientras más lo hacen, Donald Trump más procede a humillarlos a ellos y a todos los mexicanos.
¿De cuál ínfimo rincón de los pensamientos de Peña y Videgaray sale la suposición de que Trump calmará su supuesta ira contra México si hacen todo lo que el gringo les ordena hacer, como irse como perros rabiosos contra un gobierno que fue electo democráticamente como el de Venezuela?
Se ha dicho en este espacio que el motivo central de la guerra estadounidense contra los venezolanos es el hecho de que pretenden despojarlos de sus grandes riquezas naturales, como el petróleo, el gas, el uranio y el oro.
Solamente con gobiernos terriblemente nocivos y devastadores para México como los de Peña y Calderón, Estados Unidos pudo por fin vencer la histórica resistencia mexicana del petróleo que duró del 18 de marzo de 1938 al 14 de agosto de 2014.
Ahora se reparten el petróleo con una voracidad de hienas, de la que barbotan nombres que ya quedarán sin duda registrados en el lado infausto de la historia nacional como barbota detritus de las alcantarillas en tiempos de tempestades.
¿Y qué hace el Congreso mexicano ante tanta mugre? Pues callar y no hacer absolutamente nada.
Como nada, hasta el momento, ha dicho el Congreso mexicano sobre lo que organizaciones civiles de Tabasco han denunciado este fin de semana, respecto de que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su sobrino político José Antonio González Anaya, actual director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se han hecho –mediante asignaciones oscuras- de unos contratos de la Ronda Uno para explorar y explotar bloques territoriales en zonas pertenecientes al estado de Tabasco.
De acuerdo con una nota publicada por la revista mexicana Proceso, el abogado del Comité Nacional de Estudios de la Energía Armando Dorantes, en las compañías ganadoras del bloque petrolífero tabasqueño “están implicados ex y directivos de Pemex, familiares de políticos, empresas sin experiencia en el ramo petrolero, acusadas de corrupción, malos manejos y quejas en su contra por todo el mundo”.
Se afirma en la nota que le fue asignada a la Compañía Sierra Oil & Gas, fundada en 2014, mismo año de la licitación, “dos bloques en aguas someras del Golfo de México en costas de Tabasco”, incluso cuando Peña Nieto prometió que a dichos concursos sólo se aceptarían empresas experimentadas y que trajeran nuevas tecnologías”.
Refiere la información de marras que en el ajo están el ex director de Pemex Jesús Reyes Heroles e Hipólito Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994.
Pero también la hermana de Gerard, Gabriela Gerard Rivero, nada menos esposa de José Antonio González Anaya, es director general del IMSS y actual director
general de Pemex.
Otro asunto grave sobre el cual el Congreso mexicano tendría que estar interviniendo es el del derrame provocado en Sonora hace tres años por la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, cuyo dueño no es otro que Germán Larrea, también propietario de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde permanecen sepultados todavía los 62 trabajadores mineros que quedaron allí tras el
derrumbe de 2006.
Veremos qué dicen, de todo esto, hoy en el sesionar de la Permanente.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















