Por: Redacción.
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto representa en este momento el principal obstáculo para las aspiraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones de 2018, coincidieron académicos, politólogos y representantes de la sociedad civil, quienes también coinciden en que otros de los jinetes del apocalipsis priista en este sexenio son la impunidad, que genera la enorme corrupción y violencia que se vive en el país;
el fracaso económico y, por consiguiente el aumento de la pobreza y la desigualdad, además de las constantes y variadas amenazas de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, a quien la actual administración priista no ha podido responder con fortaleza.
En casi cinco años de la gestión del Presidente Peña Nieto, los escándalos de corrupción ligadas a funcionarios públicos, particularmente, han sido una constante. Pero fue en los primeros dos años de su administración cuando más dañaron su imagen, dijo Marco Antonio Arellano Toledo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Sin lugar a dudas uno de los grandes retos del PRI es plantear cómo distanciarse de este Gobierno, que a todas luces lo opaca y entorpece, pues no hay que dejar de mencionar que el Presidente es parte del mismo”, expuso Arellano Toledo.
Desde la perspectiva del politólogo, el PRI se encuentra en un impase de cara al 2018 en el que todavía no se ha decidido si respaldar a Peña Nieto o desmarcarse del Presidente. Las dudas podrían resolverse este fin de semana, cuando el PRI concluya su Asamblea Nacional para discutir la ruta electoral del próximo año.
Peña Nieto inició su gestión con el 54 por ciento de la aprobación popular, de acuerdo con la encuestadora Consulta Mitofsky, y hacia mayo de este año ya rondaba en 17 por ciento.
Pero, ¿qué factores llevaron a la debacle de la imagen presidencial?
La corrupción
Los escándalos de corrupción desbalancearon la aprobación con la que Peña Nieto contaba al inicio de su sexenio, coincidieron especialistas. Particularmente, coincidieron, su imagen quedo seriamente dañada tras el escándalo de la “casa blanca”.
La propiedad valuada en alrededor de 7 millones de dólares estaba registrada a nombre de su esposa Angélica Rivera Hurtado, y su construcción fue realizada por Grupo Higa, uno de los principales contratistas del Gobierno federal, y del Gobierno del Estado de México, cuando Peña Nieto fue Gobernador de esa entidad.
“Y luego vino la fallida explicación de la Primera Dama, casi de regaño, sobre lo inexplicable de los bienes de la pareja presidencial, conforme a sus atribuciones salariales”, recordó Marco Antonio Fernández Martínez, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y también investigador asociado de la organización civil México Evalúa.
Peña Nieto mismo nombró como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Virgilio Andrade Martínez, un funcionario con una amistad añeja con Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a realizar una investigación sobre el tema de la “casa blanca” y, como temían los expertos en transparencia y rendición de cuentas, se concluyó con la exoneración del Presidente y de su esposa, así como del propio Videgaray Caso, también ligado a la compra de una residencia a Grupo Higa en Malinalco, Estado de México.
“Aunque es difícil establecer qué porcentaje de la caída en la aprobación del Presidente depende de la corrupción, es posible señalar que la corrupción ha crecido en todas las encuestas como el principal problema del país. La sociedad mexicana cada vez tiene más claro que detrás de la baja calidad educativa, servicios públicos deficientes, desabasto de medicamentos e incluso violaciones a derechos humanos, la corrupción aparece como el problema de raíz”, destacó Eduardo Bohórquez, presidente de la organización civil Transparencia Mexicana.
La impunidad
A nivel nacional y particularmente en el plano internacional, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos marcó este sexenio en términos de la debilidad del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos, un tema que se le reclama al Presidente Peña Nieto y al Gobierno federal priista en prácticamente todo el mundo.
“El Presidente se llevó el costo de este caso por la lenta actuación de las autoridades de justicia y por dar la impresión de que estuvo tratando de proteger implicados”, dijo Fernández Martínez.
En enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, el también priista Jesús Murillo Karam, anunció la llamada “verdad histórica” en la que supuestamente los normalistas fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
De inmediato los padres rechazaron la versión, y más tarde la llegada del Grupo Internacional de Expertos Independientes desnudaría, con base a un peritaje, la imposibilidad de la versión.
“El nuevo PRI”
La llamada “nueva generación” del “nuevo” PRI, como la nombró el propio Peña Nieto, terminó en una ola de escándalos, acusaciones judiciales y búsquedas –incluso con apoyo de la Interpol– de ex funcionarios que aún están en proceso.
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador priista de Veracruz, está hoy preso en México, acusado de los delitos de delincuencia organizada, manejo de recursos de procedencia ilícita y desvío de dinero público.
En un caso similar está Roberto Borge Angulo, ex gobernador priista de Quintana Roo, quien fue arrestado en Panamá y quien aguarda por su extradición a México, para ser procesado por cargos similares a los de su correligionario veracruzano.
Además, César Duarte Jáquez, ex gobernador priista de Chihuahua, es buscado en México y el mundo, luego de que la Procuraduría General de República (PGR) solicitó a la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia, actualizar la Notificación Roja de este ex mandatario, ante la presunta comisión de delitos electorales con dinero público y a favor de su partido: el PRI.
En Chihuahua, además, el Gobierno del panista Javier Corral Jurado, actual mandatario de la entidad, tiene abierta una investigación contra Duarte Jáquez por desvío de recursos públicos y otros delitos.
Las detenciones de estos personajes, sin embargo, no resuelven la imagen de impunidad del Gobierno peñanietista, comentó Pablo Javier Becerra Chávez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“De repente aparecieron Javier Duarte y Roberto Borge encarcelados, y mucha gente dice que en el corto plazo ha sido una especie de estrategia para regresarle algo de credibilidad al PRI. Pero ha tenido como resultado que la mayoría de la gente vea a la corrupción como el problema más grave que enfrenta en este momento el país”, destacó Becerra.
El efecto Trump
En junio de 2015, Donald Trump dio su primer paso como precandidato republicano a la Casa Blanca y desde entonces México se convirtió en blanco de sus discursos incendiarios.
La construcción de un muro en la frontera y el endurecimiento de las medidas migratorias incluyeron denostaciones contra los mexicanos que el Gobierno federal no contestó de manera oportuna ni con la suficiente fuerza, de acuerdo con los comentaristas.
“El Presidente empezó a responder a los ataques hasta a mediados de 2016. Y luego se dio el encuentro con Trump en Los Pinos, donde el aún candidato a la Presidencia de EU tomó la batuta de la reunión y se vio a Peña Nieto –el sí Presidente de una Nación– como un personaje muy débil y sin posibilidad de reacción”, dijo Sergio Aguayo Quezada, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex).
Fuente: Por Esto.
















