Por: Vicente Bello.
México ha firmado un acuerdo de confidencialidad con Canadá y Estados Unidos sobre la renegociación del tratado de libre comercio. Ayer, un diario canadiense lo reveló, y según las agencias noticiosas que lo retoman, dicho compromiso entre los ejecutivos de los tres países “prohíbe a los gobiernos distribuir textos, correos electrónicos, propuestas y presentaciones que integran las ofertas de las otras partes negociadoras, con una guía sobre cómo deben manejar el material”.
De acuerdo con lo que ha publicado The Canadian Press, los tres gobiernos se ha comprometido a “compartir la información internamente con funcionarios y también externamente con los líderes de los sectores que consultan en la negociación”.
Y la información que no utilicen los sectores (empresarios), deberá ser “almacenada en archivos seguros cuando no se utilice”, y bajo el sello de “confidencial”.
Apenas el miércoles de la semana pasada comenzaron las renegociaciones, en Washington. Y acordaron que durará dicha confidencialidad cuatro años, a partir de que las conversaciones concluyan.
Este acuerdo es similar al denominado Plan Mérida, que Vicente Fox y Felipe Calderón firmaron y en el que comprometieron la soberanía nacional con Estados Unidos de tal modo, que fue visto como el comienzo de la batalla estadounidense por controlar militarmente territorio mexicano y por hacerse del sector energético del país, que finalmente consiguió cuando Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, prohijaron la llamada reforma energética, aprobada en agosto de 2014.
Igual que sucedió cuando negociaba el gobierno mexicano el Plan Mérida con los Estados Unidos, así ahora todo esto ocurrirá bajo un manto oscuro, sin que nadie de los interesados y posiblemente perjudicados sepa lo que negocian los gobiernos.
En julio de 1993, cuando concluyeron las negociaciones de aquel tratado de libre comercio con esos dos países, también las conversaciones tuvieron el sello del misterio, y comenzaron a saberse de los detalles a partir de que entró en vigor, el 1 de enero de 1994.
Al parecer, ahora será peor. El sello de confidencialidad no podrá romperse sino hasta cuatro años después.
¿Qué harán, entre tanto, los poderes legislativos y las respectivas poblaciones de los tres países?
A pesar de que el Congreso mexicano tiene la obligación constitucional de revisar todos y cada no de los ejercicios de gobierno que realice la Presidencia de la República, es de presumir que no ejercerá su deber y que los diputados y senadores, una vez más, se harán los desentendidos.
El PRI en las dos cámaras del Congreso está transfigurado en un muro de contención verdaderamente infame. Todo lo que le convenga al Ejecutivo Federal lo secunda, y no le importa en lo absoluto que estas decisiones sean altamente perjuiciosas para la población mexicana.
Como sucedió en 1993, y como sucedió en 2005-2009, el Congreso de México es de esperar que nada hará para obligar al Ejecutivo federal a que informe sobre los negocios que acuerda con los Estados Unidos.
Este acuerdo de la confidencialidad muy probablemente lo impuso el gobierno de Donald Trump. Y al Congreso de la Unión se le hará todavía más difícil saber si realmente los negociadores mexicanos están trabajando para favorecer los intereses de México.
¿Cómo quedará, finalmente, el sector agropecuario mexicano? ¿Y el asunto de la soberanía alimentaria, tan tocada por el TLC de 1994? ¿Y el tema del empleo extra nacional que tanto regateó Estados Unidos durante la firma de 1993? A estos tres asuntos de suma importancia para los intereses mexicanos, se le suma el pretendido deseo de Donald Trump de someter todavía más a México.
El gobierno de Donald Trump quiere, a ultranza, que México ceda en tres puntos neurálgicos, cuando menos:
Uno: libertad de inversión absoluta en el sector energético.
Dos: Amarrar a la seguridad nacional de Norteamérica al sector energético, lo que en otras palabras no es más que el intento bestial de subordinar totalmente a México a sus intereses geopolíticos y militares; por su todavía faltara algo.
Y tres: Pretende Estados Unidos que los paneles litigiosos se ciñan a las leyes de los Estados Unidos.
Desde que Trump asumió la presidencia de su país, voces de la oposición y de la academia mexicana plantearon muy alarmadas el riesgo de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo no negocie sino que termine de entregar al país a los gringos.
Preferirían muchos de ellos que dicha negociación se hiciera con el gobierno que resulte de la elección presidencial de 2018; pero esto es precisamente lo que trataría de evitar a toda costa el presidente estadounidense, quien se ha de sentir bastante cómodo en ese papel de gran halcón que trae entre sus garras a ese miserable ratoncito en que se ha metamorfoseado el presidente mexicano desde que aquél asumió el poder.
Al contrario, ante la celeridad de los tiempos electorales de México, Estados Unidos, Canadá y el gobierno de Peña Nieto también aceleraron el paso, y han dado una velocidad de vértigo a una negociación que, desde cualesquier esquina del sentido común, en realidad se mira como una imposición.
Con la firma de la confidencialidad, el Congreso mexicano estará obligado a retomar el debate. Un debate forzado por la oposición ante un PRI envilecido y cínico que todo lo obstaculiza en el Congreso, para que la población de México no se informe, no sepa, no piense y no actúe.
¿Cuándo lo hará? ¿El jueves próximo, cuando sesione por última vez la Comisión Permanente, o a partir de que comience el periodo ordinario de sesiones? Veremos qué tan envilecidamente lentos reaccionan los legisladores mexicanos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















