Por: Vicente Bello.
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión este lunes con senadores de su partido, el PRI, en Los Pinos, y hará lo mismo hoy, martes, con diputados federales priístas. Y dos temas fundamentales les cascabelean a él y a los legisladores: El nombramiento del fiscal general de la República, que el Congreso deberá realizar durante el periodo ordinario cuyo comienzo a tiro de piedra está, y la sucesión presidencial al interior del partido en el poder.
El nombramiento del fiscal es un asunto de suprema importancia para el PRI y para el presidente Peña Nieto, por obvias razones: Necesitan a un funcionario que les sirva de auténtica tapadera durante todo el sexenio próximo y tres años más del siguiente, del 2018 al 2027 (nueve años será el tiempo del fiscal), y no uno con el que corran el severo riesgo de ir a la cárcel tan pronto termine el sexenio, gane o pierda el PRI en el 2018.
Peña Nieto ha sido el presidente más cuestionado de toda la historia de las presidencias priístas. La llamada “casa blanca” y la relación cínica, inocultable, que ha sostenido con empresas como HIGA y OHL –y también los negocios multimillonarios que están barbotando de la reforma energética que él prohijó- lo han colocado en la picota de la oposición, cuyo ramal más recalcitrante, el que lidera Andrés Manuel López Obrador, está rozando los linderos de la Presidencia de la República.
Para los priístas y para el gabinete presidencial con Peña a la cabeza, la mera posibilidad de que López Obrador los baje del caballo en 2018, ya les representa una verdadera pesadilla. Una amenaza muy seria de cómo vivir la vida en el hipotético sexenio del hombre que ha tenido como principal bandera de lucha combatir la corrupción y acabar con la impunidad en México.
Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR desde el pasado 26 de octubre de 2016, es el caballo de ajedrez que Peña Nieto y el PRI pretenden dejar como titular de una Fiscalía que el Congreso de la Unión construyó con chapa autónomo del Poder Ejecutivo Federal. Y ha sido diputado federal y senador priísta varias ocasiones.
Contrario a como está actualmente la Procuraduría General de la República, que pertenece el organigrama de la Presidencia de la República y que por tanto su titular es nombrado por el titular del Ejecutivo, la Fiscalía deberá ser nombrada por el Senado de la República, de acuerdo con el 102 constitucional, que fue reformado para tales efectos en diciembre de 2014.
Ir a la cárcel por ladrones es, para muchos priístas y actuales funcionarios del gabinete de Peña, mucho más que una mera posibilidad. Al menos esa es la lectura que está dejando López Obrador por donde se para, a pesar de que niega que vaya a haber una suerte de “cacería de brujas”. Basta con que diga que se aplicará la justicia, para que millones de personas supongan que caerán muchos funcionarios de hoy en el bote.
Lo aprensivos que están en el gabinete y en el PRI ante el avance de Morena, hacen suponer que tienen miedo. Y tanto que, a toda costa, no quieren perder la Presidencia de la República.
Si el dato es certero, cuando López Obrador jura que cuando menos unos 500 mil millones del presupuesto federal son robados cada año, por vía de la corrupción, entonces muchos, muchísimos funcionarios del gobierno federal y también de todas las nomenclaturas de gobiernos estatales y municipales identificados con el sistema político priísta, estarían en grave peligro de perder patrimonios mal habidos.
Por eso es tan crucialmente importante para el PRI y Peña Nieto el nombramiento del fiscal general de la República. Así lo dejaron bien sentado ayer, en Los Pinos, en los corrillos que precedieron a la aparición de Peña Nieto.
Más allá de la agenda legislativa, motivo formal, aparente, de la reunión que legisladores priístas sostendrán estos dos días con el habitante de Los Pinos, ha estado el asunto de la sucesión presidencial.
¿Quién será el candidato del PRI a la Presidencia de la República? Era la pregunta mordiente de la reunión, ayer.
Si bien hay más de nueve nombres barajados desde hace meses, ayer desde mucho antes de que se reunieran en la casa del Presidente, los senadores priístas no dejaban de mirar hacia los exteriores de su partido. Y una figura política se recortaba ante ellos, como la visión acaso del náufrago moribundo que dispuesto está a ir a todas y que ha visto a lo lejos una tabla de salvación: La de Ricardo Monreal Ávila.
Al interior del PRI, en los últimos días, han mirado con insistencia las señales de Peña Nieto, que no cejan en apuntar dos objetivos: Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y a José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Y a uno tercero, allá por la tercera fila, al titular de Salud, José Narro Robles.
Pero lo que ha sucedido la semana pasada en Morena, territorio de Andrés Manuel López Obrador, no tiene parangón. Una decisión absolutamente dictatorial, autoritaria, del Pejelagarto podría constituir un paso en falso de graves consecuencias para su causa: Colocó a Claudia Sheinbaum en el carril de la virtual candidatura de Morena al gobierno de la ciudad de México, pero con exactamente los mismos métodos antidemocráticos que él ha criticado del régimen. Y hay una crisis al interior de Morena. Por eso están con la mirada atenta desde Los Pinos, para ver cómo recomienzan su juego del ajedrez con miras al 2018.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















